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El Gobierno plantea pequeñas mejoras en el proyecto de reforma de las pensiones

El Gobierno permitirá que suban el IPC más 0,5 puntos en épocas de bonanza

La medida, que se aprobará en el Senado, no tendrá efectos a corto plazo

El Gobierno ha intentado este miércoles no quedarse solo en la defensa de la reforma de pensiones. Y para lograrlo, ha ofrecido un cambio en el punto más polémico del proyecto: la fórmula de revalorización anual. El PP ha puesto sobre la mesa una pequeña mejora para las épocas de bonanza al aumentar el techo de la subida posible del IPC más el 0,25 puntos al IPC más 0,5 puntos. Su intento ha caído de momento en saco roto. La oposición no le ha dado su apoyo y, por razones de procedimiento parlamentario, la propuesta no ha salido adelante. Sí que se ha abierto paso el resto de la reforma, con el único apoyo del grupo popular. Ahora el proyecto de ley empieza su trámite en el Senado, y será ahí donde el Gobierno introducirá el cambio anunciado este miércoles, según la ministra de Empleo, Fátima Báñez.

A tenor de las previsiones económicas y demográficas, la modificación del Gobierno no es sustancial. La Seguridad Social se encuentra ahora en números rojos por la caída del empleo y, por tanto, de las cotizaciones, con lo que no tendrá ningún efecto a corto plazo. Pero en los próximos años, especialmente a partir de la próxima década, el reto será el envejecimiento de la población. De ahí, que tampoco se espera que tenga un impacto relevante. Y a esto se ha atenido la oposición para negar su apoyo a la oferta del PP.

Los grupos también han rechazado las otras ofertas, y lo han hecho, como dijo la portavoz del PSOE, Magdalena Valerio, “tanto por el fondo como por las formas”. Los cambios propuestos por el Ejecutivo apenas les parecen un maquillaje. Y, además, las propuestas de enmiendas transaccionales les han llegado dos horas antes del comienzo de la Comisión que iba a votar las. “Tratan de aplicar la política de hechos consumados que les caracteriza”, ha subrayado Joan Coscubiela, de Izquierda Plural.

Las ocho enmiendas parciales que el PP había presentado a la reforma de pensiones apenas les daban base para hacer cambios en el trámite parlamentario. El Gobierno pasaba así a depender de que el resto de grupo aceptaran transacciones sobre los textos que ellos habían presentado. Y las han rechazado, sobre todo los grupos que podían hacerlo: Izquierda Plural, UPyD, PNV y CiU, puesto que eran sus textos los que podían servir para hacer cambios.

De las 11 transacciones que ha presentado el PP, la más llamativa afecta a la fórmula de revalorización anual de las pensiones. La reforma deja de lado el actual vínculo con la inflación y la fija en una ecuación que se asienta en los ingresos y gastos de la Seguridad Social. Como esta fórmula en los años malos podría dar lugar a bajadas de pensiones se fija una revalorización mínima del 0,25%; y en los buenos, un techo del IPC más el 0,25%. El cambio que propone el PP, subir este techo al IPC más el 0,5%, buscaba atenuar el rechazo de esta fórmula, que en los próximos años puede traducirse en importantes pérdidas de poder adquisitivo. No lo ha conseguido. “No supone un cambio sustancial”, ha explicado Álvaro Anchuelo, de UPyD, “con las previsiones que hay esto no supone cambio alguno, lo que habría que hacer es subir el suelo”.

Junto a esta enmienda, la oposición también ha rechazado votar las 10 restantes. Alguna de ellas ofrece la posibilidad de abrir el debate sobre cómo aumentar los ingresos de la Seguridad Social (asumiendo progresivamente los presupuestos del Estado las pensiones de viudedad y orfandad o los gastos de gestión de la Seguridad Social). Pero estas enmiendas apenas apuntaban más de este enunciado, pocos compromisos más. Al acabar la votación, fuentes de la Seguridad Social han advertido de que el Gobierno, bastante molesto con el rechazo de este miércoles, no se podía comprometer a mantenerlas. “Veremos qué animo de negociación tienen los demás en el Senado”, han asegurado.

También han disgustado las formas. La semana pasada el PP se había comprometido a entregar las enmiendas el viernes pasado. Lo hizo el miércoles. “Hemos recibido las propuestas dos horas antes”, lamentó Emilio Olabarria, del PNV. Para todos los grupos, esto ha sido la prueba de que la falta de voluntad de diálogo, lo que para Carles Campuzano, de CiU, “consuma la muerte del Pacto de Toledo”.

Fórmulas para rebajar el gasto

La reforma de las pensiones aprobada este miércoles por el Congreso y que ahora continuará su trámite en el Senado introduce dos fórmulas cuyo efecto será frenar el gasto en pensiones o, desde el punto de vista de los beneficiarios, recortar la prestación en comparación con la que cobrarían sin la nueva ley. Los cálculos del propio Gobierno cifraron el ahorro en 32.939,95 millones de euros acumulados en el periodo entre 2014 y 2022, un recorte que se lograría mediante una doble vía de ajuste.

Por un lado, se prevé cambiar la fórmula de actualización anual de prestaciones, ahora ligada al índice de precios al consumo (IPC), para vincularla a los ingresos y los gastos del sistema, fijando un suelo para las épocas de déficit (0,25%) y un techo para las de superávit (inflación más 0,25 puntos, aunque el PP plantea ahora que sea de inflación más 0,50 puntos). Esta fórmula empezará a aplicarse ya el año próximo y afectará tanto a los pensionistas actuales como futuros.

El Gobierno hace caso con esa fórmula a las exigencias de la Unión Europea, que reclamó desvincular la evolución de las pensiones del IPC. Los agentes sociales, representados en el Consejo Económico y Social, rechazaron esa fórmula y pidieron al Gobierno que reconsiderase la reforma: “Con este índice, se produce una pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en contextos de crisis como el actual, que en principio no llegaría a recuperarse. Por ello, el CES considera que deberían establecerse medidas que complementen a las reformas proyectadas tendentes a la recuperación del poder adquisitivo cuando las circunstancias lo permitan, en el medio o largo plazo”, decía su dictamen. La elevación del techo de subida al IPC+0,5 puntos es un pequeño guiño en esa dirección.

Por otro, se pretende crear un nuevo parámetro que contemplaría la esperanza de vida desde los 67 años para calcular la cuantía inicial de la pensión, que comenzaría a actuar desde 2019, y que se actualizaría cada cinco años. La cuantía inicial de la pensión se reducirá en proporción a lo que aumente la esperanza de vida. Los trabajos del grupo de expertos apuntaban a un recorte del 10% en la pensión inicial cada 15 años, aproximadamente, aunque el recorte real dependerá de las tablas de esperanza de vida aplicables en cada momento.

A este parámetro es al que el Gobierno ha dado el nombre de “factor de sostenibilidad”. Por definición, esta fórmula no se aplica a los actuales pensionistas, sino solo a los futuros. La idea es que, en el futuro, los pensionistas reciban a lo largo de toda la jubilación la misma prestación independientemente de la generación a que pertenezcan. Es decir, un pensionista que se espera que viva 25 años deberá recibir un 20% menos de pensión que otro que se espera que viva 20 años. Obviamente, otros factores también entran en juego, con lo que el cálculo definitivo se complica. Al revisarse cada cinco años, la fórmula provoca algunos saltos que pueden incentivar en algunos casos un pequeño adelanto de la jubilación para escapar de la revisión.