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La empresa familiar exige al Gobierno mejor trato fiscal y más inversión pública

España es una de las contadas excepciones para las que aún se prevé una contracción de la demanda interna para 2014

Miguel Ángel Noceda

La empresa familiar aprieta el Gobierno. José Manuel Entrecanales, presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) y del grupo Acciona, ha recogido el sentir general del colectivo que representa y ha reclamado a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, un giro en la política fiscal, mayor inversión pública, mejorar la disponibilidad de financiación y profundizar en las reformas como imprescindibles para reactivar la demanda interna y, en definitiva, salir de la crisis. “España es una de las contadas excepciones para las que aún se prevé una contracción de la demanda interna para 2014”, manifestó Entrecanales después de subrayar que el impulso del sector exterior no es suficiente para compensar la caída de la demanda interna.

Entrecanales, que hizo estas declaraciones en la clausura del XVI Congreso de la Empresa Familiar celebrado en Jerez de la Frontera, recibió una respuesta rápida de la vicepresidenta, que intervino a continuación. Sin embargo, Sáenz de Santamaría no se salió del guión que traía bien armado a sabiendas de las peticiones que los empresarios habían votado el día anterior y de la mejora en sus apreciaciones sobre la situación económica. En ese sentido, respondió que el Ejecutivo tiene como prioridades profundizar en las reformas estructurales, entre ellas la de las Administraciones Públicas, la consolidación fiscal y completar el saneamiento del sistema financiero.

“El Gobierno no va a aflojar en su programa de reformas; el espíritu reformista va a acompañarnos en el mundo global”, afirmó la vicepresidenta. “Hemos hecho un esfuerzo sobresaliente en el ajuste del déficit, pero es un suma y sigue”, continuó, “ahora tenemos que avanzar en disciplina fiscal con cuatro ejes: porque es clave para la creación de empleo; porque los ingresos públicos son claves para la financiación del país; porque tenemos que asentar los principios de eficiencia y progresividad y porque un sistema de gestión contribuirá a que las empresas puedan cumplir mejor sus obligaciones tributarias”.

La vicepresidenta aprovechó su intervención para incidir en que una reforma fiscal no se mide solo por bajar impuestos, lo que se entendió que era un claro mensaje a la reciente decisión del Gobierno madrileño. Asimismo, una de las preguntas de los más de 450 empresarios asistentes le permitió lanzar un mensaje de diálogo y consenso con el problema de Cataluña de fondo: “Se puede hablar de muchos temas, pero les corresponde a todos los españoles, que se han dado una constitución”.

Al final, la mayor parte de los empresarios agradecieron las palabras de aliento que les dirigió Sáenz de Santamaría, pero coincidieron en que “siempre se puede hacer más”. Alguno de los asistentes comentó también que la lección se la sabe muy bien, pero que “falta una gestión más eficaz”. Otro de los consultados subrayó que el Gobierno “debe homologar la fiscalidad con las comunidades autónomas y no solo con Europa”.

En todo caso, quedó patente que una de las principales preocupaciones de empresa familiar es la cuestión tributaria. Entrecanales le había transmitido que la inversión necesita “un marco fiscal y regulatorio estable, favorable al crecimiento y respetuoso con la seguridad jurídica y la confianza legítima”. En ese punto, también había criticado que desde el inicio de la legislatura haya habido más de medio centenar de cambios normativos que han afectado a todas las figuras tributarias y, en especial, a las empresas. “Por eso, las empresas familiares tenemos que reiterar al Gobierno nuestra petición de un marco fiscal que favorezca el crecimiento económico y no esté sujeto a continuas variaciones ni ahogue la capacidad operativa o de iniciativa por el constante incremento de la presión impositiva”, enfatizó Entrecanales, que no hizo ninguna mención al contundente suspenso que los empresarios habían dado a la reforma eléctrica, quizá porque involucra directamente a su empresa.

En ese sentido, tras reconocer la limitación por los objetivos de déficit, recordó que el volumen total de gasto público alcanzó en 2012 los 494.000 millones, el nivel máximo de la democracia, mientras la inversión pública solo fue de 18,151 millones, equivalente al 3,7% del citado gasto. Es decir, el nivel más bajo desde 1980. En cuanto a la inversión privada, aseguró que una empresa española tiene unos costes de financiación muy elevados y no tiene las mismas características que una alemana, ya que paga en torno a un 70% más, falta que, según Entrecanales, se arreglaría con una unión bancaria.

El presidente del IEF destacó que España ha sido el país que más se ha beneficiado el último año de la recobrada confianza del euro, como demuestra la subida del 27% del Ibex sobre el nivel de hace un año y la caída de la prima de riesgo de más de 450 puntos a 240. Pero, tras reflejar esos datos optimistas, subrayó que necesita esa inversión (“tanto pública como privada”) para detener la prolongada tendencia de destrucción de empleo. Precisamente pidió que se intensifique la reforma laboral: “Esta reforma ha supuesto un avance, pero no se ha modificado el sistema de contratación, que todavía tiene 30 formulas contractuales, de las que muchas no son ni conocidas ni utilizadas. Pediríamos aproximarnos a un contrato parcial más flexible, así como abordar una reforma de las mutuas de trabajo para acabar con el absentismo”.

El presidente de los empresarios familiares, que abandonará su puesto en la próxima asamblea de primavera, dedicó el final de su discurso a reivindicar la imagen social de la empresa y del empresario. “Muchas veces se ha mirado a las empresas como detentadoras en vez de creadoras de riqueza, como privilegiadas en vez de instrumentos de utilidad social para el desarrollo y el progreso”, manifestó.

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Sobre la firma

Miguel Ángel Noceda
Corresponsal económico de EL PAÍS, en el que cumple ya 32 años y fue redactor-jefe de Economía durante 13. Es autor de los libros Radiografía del Empresariado Español y La Economía de la Democracia, este junto a los exministros Solchaga, Solbes y De Guindos. Recibió el premio de Periodismo Económico de la Asociación de Periodistas Europeos.

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