España se resiste a dar más poder a Bruselas

Lo llaman “fatiga de la integración”. Tres años y medio después del arranque de la crisis europea, que obligó a reforzar a toda prisa la coordinación de políticas económicas ante el riesgo de asfixia del proyecto europeo, la UE está cerca de los límites más allá de los cuales los Estados miembros se resisten a ceder más poder. Lo peor de la crisis existencial del euro parece haber quedado atrás, y “sin la presión de los mercados es más difícil dar un nuevo arreón a la integración económica”, explica una alta fuente europea, con nuevas cesiones de soberanía a ese ente denominado Bruselas. España, junto con Francia, Italia y un grupo de países meridionales, capitanea un movimiento que se resiste a dar nuevos pasos adelante en la coordinación de las políticas económicas sin obtener alguna contrapartida, sin acordar algún mecanismo de compensación después de más de tres años de esfuerzos: alguna zanahoria, después de tanto palo. Berlín y sus aliados, por su parte, quieren lo contrario: poner en marcha contratos para que los países se comprometan por escrito y de forma vinculante a seguir haciendo reformas, pero no están dispuestos a rascarse el bolsillo con medidas que permitan a Bruselas activar a cambio estímulos fiscales allá donde haga falta.

España se opone a incluir indicadores sociales entre los datos de la Comisión

Las diferencias se hicieron patentes en el último Consejo Europeo en Bruselas. La canciller Angela Merkel dijo a las claras en la cumbre que la situación actual “no es satisfactoria: queremos un salto cualitativo en la coordinación de políticas económicas y vamos a proseguir tenazmente con las labores de persuasión”. Varios países expresaron sus reticencias en la reunión: entre ellos, y por dos veces, España.

En medio de ese mar de fondo hay alguna que otra novedad: la Comisión muestra su sorpresa por “los signos de fatiga de algunos países habitualmente favorables al método comunitario”, según la citada alta fuente. Bruselas asegura que no puede hablarse de enfrentamiento entre los dos frentes habituales —Francia y el sur, Alemania y el norte—, porque el debate es todavía de baja intensidad. Pero a los sospechosos habituales, capitaneados por Reino Unido, se unen ahora, por otras razones, capitales tradicionalmente pro-Comisión, que sin embargo empiezan a notar la fatiga reformista y consideran que Bruselas tiene ya demasiados mecanismos que encorsetan la toma de decisiones en materia de política económica. Two Pack, Six Pack, Fiscal Compact, Semestre Europeo, procedimientos por déficit excesivo y por desequilibrios macroeconómicos, entre otros proyectos ya aprobados, dan al equipo de José Manuel Durão Barroso una enorme capacidad de coerción para hacer recomendaciones en principio vinculantes que pueden derivar en sanciones y que reducen el margen de maniobra de los Gobiernos.

Alemania, consciente de que todo eso no acaba de funcionar, quiere dar un paso más y aprobar los contratos para que los países se comprometan por escrito a hacer reformas. Pero las resistencias son evidentes. E incluso la Comisión Europea es consciente de que sus recomendaciones son cada vez más intrusivas, cada vez más políticas: Bruselas admite que su creciente poderío puede provocar recelos en las capitales ante el actual desequilibrio entre las sanciones y los premios, según una segunda fuente del alto nivel en la Comisión.

“De momento ese debate está quedando para más adelante, en parte porque Bruselas ya tiene muchos instrumentos que refuerzan su creciente poder y en parte porque si se firman los contratos hay que hablar también de contrapartidas, y eso está mucho más verde. Varios países, y no solo España, consideran que en ningún caso se pueden activar los contratos para hacer reformas sin algo a cambio”, apuntan fuentes del Gobierno.

Mariano Rajoy expresó hasta en dos ocasiones en la reciente cumbre sus recelos ante ese debate, que se irá intensificando en las próximas semanas para tratar de buscar un acuerdo en diciembre, según tres fuentes presentes en la reunión de primeros ministros y jefes de Estado de la Unión. España está a favor de la filosofía de los contratos que promueve Berlín para garantizar que los países van a hacer reformas, pero quiere que Berlín y compañía cedan a cambio con algún mecanismo de solidaridad para compensar, en el corto plazo, los efectos negativos asociados a las reformas. Rajoy, además, está en contra de incorporar una serie de indicadores sociales (paro juvenil, jóvenes que ni estudian ni trabajan, pobreza…) a los datos que recoge la Comisión para dictar sus recomendaciones. Madrid argumenta que Bruselas ya publica más de un centenar de indicadores y ya están incluidos en los desequilibrios macroeconómicos que mide la Comisión, según fuentes del Ejecutivo. Alemania, según la delegación española, apoya esa postura. Pero fuentes europeas explican que España se opone a los indicadores sociales ante la sospecha de que saldría mal en la foto.

Alemania quiere que los compromisos de reformas se firmen en contratos

Ese no es un asunto exclusivamente español. Berlín entiende que los contratos serían la guinda del proceso de mayor integración fiscal iniciado en mayo de 2010. Los resultados generales que ha cosechado la Comisión con todo ese poder son más que discutibles: en general solo el 10% de sus recomendaciones se cumplen, según explicó el viernes la canciller Angela Merkel citando un estudio del BCE. El presidente del Consejo Europeo, Herman van Rompuy, envió una carta a las delegaciones de los países hace dos semanas, en la que decía que las recomendaciones del semestre europeo “no están funcionando”.

En el otro banco, varios países piensan que ya se ha hecho suficiente. Que algunas de las medidas de coordinación en el área económica ni siquiera se han rodado lo suficiente, y por tanto es inútil ir más allá. Las ideas más ambiciosas —una unión fiscal, un Tesoro, mutualización de la deuda— no se contemplan por el rechazo en los países del norte; algunos proyectos en marcha, como la unión bancaria, se enfrentan a férreas reticencias; incluso ideas relativamente menores, como todo lo relativo a la agenda social, cuentan con serios e insospechados detractores. “Europa ha llegado al punto en el que transferir soberanía a Bruselas no es algo que las capitales vean con buenos ojos”, indican fuentes del Eurogrupo.

Según fuentes comunitarias, Reino Unido, Holanda y España quieren suavizar los poderes que quiere asumir la Comisión en la dimensión social: incorporar los indicadores sociales al análisis económico de Bruselas. Tanto Londres como Ámsterdam han abierto además un debate para devolver competencias desde Bruselas a las capitales. Los tradicionalmente más euroescépticos, con Londres a la cabeza, insisten además en que la mayor coordinación sea solo para la eurozona, no para la UE. Entre los grandes países, Francia es el que ha ido más lejos y cuestiona directamente el rol de la Comisión, después del rifirrafe reciente a cuenta de la reforma de pensiones, que París quiere hacer a su ritmo y sin intromisiones de Bruselas. Pero también Berlín ha dado muestras de desconfianza con Bruselas, Italia se ha mostrado también muy crítica con la Comisión Europea: Roma cree que, junto a las recomendaciones que suelen ir siempre en la misma línea —recortes, reformas y demás—, Bruselas debe disponer de una capacidad fiscal para activar estímulos donde y cuando sea necesario.