Báñez recurre al déficit del sistema de pensiones para defender la reforma

Antes de que acabe el año, el Ministerio de Empleo utilizará 6.418 millones del Fondo de Reserva para pagar las pensiones que se sumarán a los 4.500 millones que usó en junio. El dato lo dio este martes la responsable del departamento, Fátima Báñez, nada más comenzar su discurso de defensa de la reforma de la Seguridad Social en su comparecencia en el Congreso. A la primera cifra le siguieron otras: en los casi dos años que el PP está en el Gobierno se han empleado 23.631 millones del fondo; hasta 2016 el déficit acumulado del órgano previsor sumará 36.500 millones; la afiliación desde que ha comenzado la crisis ha caído un 16%; y en 2050, tres de cada 10 españoles serán mayores de 65 años.

En apenas un minuto, la ministra dibujó un panorama nada halagüeño. “Ilustran claramente las amenazas de carácter económico a las que se enfrenta en el medio plazo el sistema público de pensiones”. A partir de entonces habló de la necesidad de la reforma para “garantizar la viabilidad económica del sistema a largo plazo”, obvió —en la primera intervención— la petición del Consejo Económico y Social de que de marcha atrás (petición que fue recordada por toda la oposición), e insistió en claro que está dispuesta “a hablar de todo, también de ingresos”. Incluso, abrió la posibilidad de establecer qué porcentaje del PIB se debe gastar en pensiones (el 10,2% en los presupuestos de 2014).

También se empleó a fondo Báñez en defender que la reforma no supondría una pérdida de poder adquisitivo. Aunque dejó claro que esa no es su primera prioridad: “Es la sostenibilidad del sistema”. Y eso, a tenor de las previsiones económicas y demográficas, si no se introducen otras fuentes de financiación del instituto público, se traducirá en unas importantes devaluaciones de las pensiones en el futuro.

Y por aquí llegaron las mayores críticas de la oposición, que unánimemente rechazó el proyecto de ley de reforma. “Han hecho lo contrario que tendrían que hacer”, le espetó el portavoz del PNV, Emilio Olavarria, que hizo un ruego: “No focalice el debate solo sobre los gastos”. También fue muy crítico Álvaro Anchuelo, de UPyD: “Su llamada al diálogo está viciada. Nos pide dialogar con un resultado predeterminado”. Anchuelo, en la siguiente intervención, llegó a dudar de que Báñez tenga margen alguno para negociar.

Conforme transcurría la sesión las críticas crecieron. Carles Campuzano, de CiU, acusó al Ejecutivo de romper el Pacto de Toledo. Y le lanzó una advertencia: “Lo más razonable es que el día que ustedes pierdan la mayoría, otra mayoría la cambie”.

Las formas y plazos empleados por el Gobierno en esta reforma, también han disgustado a Joan Coscubiela, de Izquierda Plural. El diputado catalán aprovechó su última intervención para lanzar una oferta de pacto a Báñez que pasa por “aparcar” la propuesta de reforma y amplíe el calendario para negociarla. “Le cojo el guante”, respondió Báñez, pero ya no fue más allá. No se retractó de lo que había dicho minutos antes, cuando afirmó que la reforma tiene que estar aprobada antes de acabar diciembre.

El momento de mayor dureza llegó con el PSOE. “Nos resulta repudiable el contenido casi igual que las formas”, comenzó Valeriano Gómez, antecesor de Báñez al frente del Ministerio. A partir de ahí, se elevó el tono del debate. Como CiU, advirtió de que cuando cambie la mayoría parlamentaria, cambiarán la reforma. En su réplica, Gómez se encendió y elevó mucho la voz, casi gritó: “No podemos estar de acuerdo con una fórmula que consagra la pérdida de poder adquisitivo”.

La respuesta de Báñez también fue dura. No desaprovechó el pasado de Gómez. Le recordó la congelación de pensiones de 2011, echó mano de la herencia recibida y zanjó el debate con contundencia: “Siento mucho que de todos los diputados del PSOE, tenga que ser usted quien tenga que hacer este debate”.