Un juez investigará la subida de sueldos de la excúpula de Caixa Catalunya

El titular del juzgado de instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, investigará los supuestos sueldos "desproporcionados" que cobraron el expresidente de Caixa Catalunya Narcís Serra y el exdirector general Adolf Todó, a pesar de las dificultades económicas de la entidad.

Según han informado fuentes judiciales, el juez ha admitido a trámite la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona, aunque no ha decidido aún si imputa a Serra, Todó y a otros 52 miembros del consejo de administración de la caja en 2010, por aprobar aumentos retributivos pese a la "situación crítica" de la entidad.

Según la denuncia, firmada por el fiscal especial contra la corrupción y la criminalidad organizada, Fernando Maldonado, en Caixa Catalunya, la actual CatalunyaCaixa, han existido en los últimos años retribuciones e indemnizaciones "desproporcionadas y ajenas a la real situación de insolvencia" de la entidad, "máxime cuando se han producido en un entorno de grave crisis económica".

Para el fiscal, los 54 miembros del consejo de administración denunciados aprobaron aumentos retributivos y garantizaron indemnizaciones a los altos cargos "con evidente abuso del cargo", ya que "utilizaron los fondos de una entidad con connotaciones y trascendencia públicas, en beneficio propio y con claro perjuicio para la entidad, lo cual contribuyó a su grave crisis financiera".

En su escrito, el fiscal pide la imputación de 54 miembros del consejo de administración de Caixa Catalunya en 2010 por un delito de administración desleal por aprobar en enero y en octubre de 2010 sendas resoluciones para aumentar el salario de los miembros del comité de dirección, pese a que, debido a la "situación crítica" y de "insolvencia" de la entidad tuvieron que pedir en julio de aquel año 1.250 millones de euros de ayuda al FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria).

En la denuncia se remarca que los directivos se subieron las retribuciones variables en contra del criterio de la Comisión Europea, que las consideraba una forma inconveniente de retribuir a los altos directivos "por cuanto para su percepción procuran un beneficio rápido de la entidad, que desemboca en un perjuicio a medio plazo al asumir riesgos no deseados".

"Todo ello -según el fiscal-, denota un reprochable y espúreo manejo de los fondos de una entidad cuyo único objetivo debe ser procurar un adecuado beneficio para destinarlo a obra social y evitar un despilfarro de dichos fondos en beneficio de los altos directivos".