España se despide del IPC

Para la mayoría de trabajadores españoles, que los precios subieran casi un 3% el año pasado tuvo poca importancia en su salario final. Tampoco lo tendrá este. Lo mismo pasará con los jubilados en 2014 si el Gobierno lleva adelante la reforma de pensiones planteada sin cambios sustanciales. No tendrán mejor suerte los contratistas que trabajen para la Administración si el Ministerio de Economía cumple el calendario previsto y tiene lista antes de acabar diciembre la ley que desvinculará los precios y servicios públicos del IPC. En definitiva, en el parte de la crisis habrá que sumar el final de la vinculación con la inflación de salarios y pensiones que garantizaba el poder adquisitivo. “Todo apunta en una misma dirección, esto es un claro exponente de la pérdida de la capacidad de negociación y defensa de los perceptores de rentas más bajas”, sintetiza Emilio Ontiveros, presidente de AFI.

El matrimonio entre salarios y precios es, probablemente, una de las áreas en las que más tinta han derramado los estudios laborales. Su desvinculación es una vieja reivindicación del Banco de España, que comparte el catedrático de Economía Aplicada, Josep Oliver: “Es uno de nuestros pecados en décadas”. Defiende Oliver que esta vinculación de precios y salarios llevaba a la economía española a acumular pérdidas de competitividad que “mientras existía la peseta se resolvía con devaluaciones, que es una solución más indolora, pero ahora toca la devaluación salarial”.

Una crítica habitual entre los detractores del modelo tradicional es que los sueldos no reaccionan con rapidez a la situación económica y los empresarios acaban por despedir ya que no pueden contener el gasto salarial. El ejemplo más habitual es el de 2009 cuando los salarios subieron pese a la debilidad de los precios y se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo. En el sentido contrario se argumenta que en 2012, los salarios crecieron bastante menos que la inflación y el resultado para el empleo fue parecido, devastador.

“Es la pérdida de poder de negociar de las rentas bajas”, defiende un experto

A la hora de actualizar los sueldos, hasta enero de 2012 lo que sucedía en muchos convenios, siguiendo las recomendaciones de las centrales sindicales y la patronal, era que los salarios subían según la inflación prevista y tenían una cláusula que garantizaba que si los precios subían más a final de año, se recuperaría lo perdido. Esta fue una aportación que llegó en los Pactos de la Moncloa, explica el antiguo dirigente de UGT, José María Zufiaur en 1978 que sirvió para contener la galopante inflación de los años setenta y ochenta, “buscando que la clase más baja no sufriera”, pero que posteriormente ha sido muy criticada por el FMI o la OCDE. “Es una buena noticia, era un problema gran porque acababa por generar una espiral de alzas”, señala Ángel de la Fuente, investigador del CSIC.

Discrepa José Ignacio Pérez Infante, miembro de Economistas frente a la Crisis: “Para que esa teoría fuera cierta, los salarios reales en España tendrían que haber subido más que la productividad y eso no ha sucedido. Entre 2001 y 2012, los sueldos brutos han subido menos”. A la productividad, es donde señalan como alternativa los detractores de actualizar los salarios con el IPC (un índice creado en los Estados Unidos en los años veinte por el economista Irving Fisher precisamente para revisar los salarios).

Pero no han sido las críticas de organismos internos y externos las que han cambiado el horizonte, sino la crisis. La necesidad de recuperar parte de la competitividad perdida durante la época de bonanza la que llevó a UGT, CC OO y CEOE a pactar a comienzos del año pasado una práctica congelación salarial durante tres años con una cláusula de garantía que tenía dos referencias, la inflación española y la europea, y toma la más baja si los precios suben en exceso. A esto se sumó la reforma laboral, que redujo el poder de negociación de los sindicatos. La consecuencia ha sido una pérdida significativa de poder adquisitivo en 2012, tendencia que sigue en 2013.

Para unos, esta deriva encierra riesgos. “Esto, tanto en salarios como en pensiones, nos lleva a un empobrecimiento y a una caída del consumo privado que puede agravar la crisis”, advierte Pérez Infante. Para otros, en cambio, este camino es necesario. “Tiene más efectos sobre el consumo el paro que los salarios bajos. En España no hay correspondencia entre las rentas y el capital humano y la gente puede formarse para ganar poder de negociación y huir de los sueldos bajos”, señala Javier Andrés, de la Universidad de Valencia, que admite que “esta vía tiene muchos problemas sociales”. “A corto plazo abrirá la desigualdad social, para amortiguarlo habrá que articular políticas y colchones sociales. Pero no veo una alternativa”, lamenta.

Las diferencias entre ambas posiciones se estrechan cuando se habla de las pensiones. “Sí que tiene sentido que haya indexación en este caso. Los jubilados ya no tienen forma de reaccionar”, explica De la Fuente, del CSIC, aunque entiende la propuesta del Gobierno “por el problema demográfico”, en referencia al fuerte envejecimiento que le espera a la sociedad española.

Entre los planes del Gobierno está la separación de los precios públicos y la inflación, quiere que vayan de la mano de un índice que resulta de restar al IPC subyacente (sin la energía y los alimentos frescos, por su volatilidad) los impuestos y que en agosto caía un 0,4%. Para Andrés, esta medida es importante, sobre todo, por el ejemplo para el sector privado. “Esto se tiene que trasladar a los contratos entre particulares, como los alquileres. Al romper la vinculación, logras que la inversión vaya donde crecen los precios relativos. Si todos los precios suben al mismo tiempo, entonces no hay incentivos para que la inversión apueste por sectores rentables. Este mecanismo puede servir para incentivar el modelo productivo”, vaticina con optimismo.