El Gobierno quiere desligar las pensiones de los precios ya en 2014

La nueva reforma de las pensiones comenzará a notarse muy pronto. Ya en 2014 las pensiones no estarán vinculadas legalmente al IPC sino a una fórmula que además de los precios tenga en cuenta los ingresos y los gastos del sistema, según la propuesta que la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, han presentado este lunes a los sindicatos y los empresarios. La fórmula tendrá un suelo (las pensiones tendrán que subir al menos un 0,25%) y un techo (no podrán crecer más del IPC más un 0,25%).

Esta será la primera parte de una reforma que pretende definir el llamado factor de sostenibilidad. La segunda consiste en ajustar el cálculo de la pensión inicial a la evolución de la esperanza de vida y descarta elevar la edad de jubilación más allá de los 67 años. La aplicación de este nuevo parámetro se hará por primera vez en 2019, 13 años antes de lo propuesto en la reforma de 2011, la que obligaba a la creación de un factor de sostenibilidad.

La reunión de este lunes ha dado el pistoletazo de salida a la negociación que, según Báñez, será “en paralelo” con agentes sociales y grupos parlamentarios para buscar “el máximo consenso posible”. La propia ministra ha marcado un plazo muy ajustado al afirmar que ya en 2014 las pensiones tienen que calcularse según la nueva fórmula de revalorización anual.

Báñez quiere que las pensiones siempre suban al menos un 0,25%

Para Báñez, esta fórmula de revalorización da “confianza, certidumbre y tranquilidad”. La ministra ha destacado que además se evita que se congelen las pensiones, una crítica implícita al anterior Gobierno socialista que las congeló en 2011. No obstante, con ella no se garantiza que los jubilados pierdan poder adquisitivo, algo que también sucedió en 2012.

Este aspecto ha sido destacado por los representantes sindicales a la salida de la reunión. Tanto Carlos Bravo, de CC OO, como Carmen López, de UGT, consideran que esta fórmula se traduce en una reducción del poder adquisitivo de las pensiones a largo plazo. “A vuela pluma sale una bajada de pensiones”, ha afirmado López. Ambos han advertido de que su opinión solo puede ser superficial puesto que el Ejecutivo no les ha trasladado la propuesta por escrito.

También han sido críticos los sindicalistas con el hecho de que el Ejecutivo va más allá de lo que marcaba la reforma de 2011, que ellos mismos pactaron con el anterior Gobierno. “La propuesta aventura un proceso complejo y difícil”, ha analizado Bravo. Las representantes de los empresarios, por su parte, Marina Gordón (CEOE) y Teresa Díaz (Cepyme), han reclamado el acuerdo social para aprobar la reforma.

La propuesta no garantiza el poder adquisitivo de los jubilados

La propuesta parte del informe un grupo de expertos designado por el Gobierno. Aquel documento, proponía un factor de sostenibilidad que consiste en esta doble vía de ajuste de las pensiones y que según la mayoría debería aplicarse en “dentro del periodo 2014-2019, si bien existen factores de peso para que se haga lo antes posible”. El mayor matiz que el Gobierno hace sobre aquel informe se encuentra en los límites que pone a la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones: entre el 0,25% y el IPC más el 0,25%. Según Báñez, esto se debe a que la aplicación sin más de la fórmula daba lugar a una evolución muy volátil de las pensiones. Los cálculos de Empleo dan resultados para años pasados que oscilan año a año entre aumentos del 7% y caída del 4%.

Los sindicatos han aprovechado para reclamar que se utilice la reforma para abrir la puerta a que el sistema de pensiones también reciba más ingresos por impuestos y no solo de las cotizaciones, una alternativa que también recogían los expertos y ha reclamado el PSOE, que ha dejado clara su oposición a fórmulas que supongan caídas de pensiones, informa Vera Gutiérrez Calvo.

Sobre esta propuesta, Báñez se ha declarado dispuesta a negociar. “Estamos abiertos al diálogo y cualquier mejora”, ha afirmado cuando se le ha preguntado si contempla dedicar más recursos procedentes de impuestos a las pensiones o cambios paramétricos (como los periodos de cálculo de las prestaciones).