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Almunia, inflexible ante las presiones para salvar al naval

La Comisión libra a los armadores de devolver las ayudas al sector, pero no a los inversores

La imagen era toda una declaración de intenciones. Un ministro, tres presidentes autonómicos de tres partidos diferentes, los máximos líderes de los dos mayores sindicatos del país... Todos habían peregrinado a la sede de la Comisión Europea (CE) este jueves con un único objetivo: arrancar al comisario Joaquín Almunia algún compromiso que evite que el sector naval tenga que devolver unas ayudas milmillonarias que recibió en la segunda mitad de la década pasada.

Almunia se mostró flexible en un aspecto —serán solo los inversores y no los armadores los que tengan que devolver el dinero—, pero férreo en lo fundamental: todas las ayudas concedidas entre 2005 y 2011 son ilegales, así que deben ser reembolsadas a las arcas españolas. La nueva doctrina según la cual se exime del pago a los armadores (los compradores de los buques) no convenció al ministro de Industria, José Manuel Soria, que reclamó limitar la devolución a las ayudas concedidas de 2011 a la actualidad. Tanto el Gobierno español como el sector considera que de lo contrario se condenará al naval a la ruina. O, en palabras de Soria, el daño será “irreversible e irreparable”.

Almunia dijo la semana pasada que habría margen para negociar si le mostraban nuevos argumentos. El Gobierno esgrimió hoy una carta enviada en 2009 por la entonces comisaria de Competencia, Neelie Kroes, al Gobierno noruego. Según este documento, la Comisión no había encontrado “evidencias de un trato discriminatorio por parte de las autoridades españolas”. “En este momento no barajo adoptar nuevas medidas”, añadía Kroes. Pero Almunia despachó la carta porque esta “no es un acto formal de la Comisión ni se refiere al tema en cuestión”.

Tras el encuentro con el comisario, todos los representantes hablaron con los medios. “Apelo al presidente del Gobierno español para que se pronuncie ante el presidente de la Comisión Europea”, dijo el lehendakari, Iñigo Urkullu (PNV). “El riesgo de colapso de los astilleros sigue existiendo”, añadió el presidente de Asturias, Javier Fernández (PSOE). “Sin financiación, los armadores no van a solicitar nuevos pedidos. Y sin financiación, los astilleros no van a poder fabricar barcos”, aseguró el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo (PP).

Si las presiones al más alto nivel no lo remedian —el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha involucrado en el debate— el colegio de comisarios debatirá el próximo miércoles la propuesta de que el sector devuelva unas ayudas que los astilleros estiman en unos 2.800 millones. Almunia no quiso confirmar esa cifra. “Nunca he formulado ninguna estimación. Los que lo hacen pueden cometer un error”, cerró.

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