El Consejo de Estado avala la Unidad de Mercado ante las críticas autonómicas

El Gobierno aprobó el pasado viernes el proyecto de Ley de Garantía de la Unidad de Mercado por el que se permite a las empresas operar en todo el territorio español con una licencia única. La norma, que ha sido remitida al Congreso para su tramitación, pretende poner orden en la maraña de normas estatales, autonómicas y locales que obstaculizan la libre circulación de bienes y personas. De esta forma, se espera evitar que un empresario se tenga que adaptar a 17 normas regionales para vender un mismo producto en cada una de las autonomías, como ocurre, por ejemplo, con fabricantes de ascensores, embotelladoras, transportes por autobús, máquinas recreativas, y así hay cientos de casos en 28 sectores de actividad.

Pero el texto se ha topado con la oposición de Cataluña, Andalucía, País Vasco y Canarias que consideran que la norma invade sus competencias autonómicas y puede suponer una carrera hacia la desregulación y desprotección de los consumidores. La Generalitat aseguró el viernes que recurrirá con todos los instrumentos a su alcance para evitar que la norma entre en vigor. Una amenaza similar se ha lanzado desde el Gobierno canario y desde Euskadi.

El Ejecutivo se muestra tranquilo ante las advertencias de las comunidades porque considera que la norma no invade competencias autonómicas y se ajusta a la Constitución.

Un dictamen del Consejo de Estado sobre el anteproyecto de Ley de Unidad de Mercado, al que ha tenido acceso EL PAÍS, avala la legalidad de la norma. “El Consejo de Estado valora positivamente la regulación contenida en el anteproyecto que puede servir para restablecer eficazmente el equilibrio entre la diversidad de normas territoriales y la unidad de mercado, cuya garantía se encomienda al Estado”.

El órgano aconseja precisar el papel de la futura Comisión de Competencia

El organismo consultivo responde en su informe a las objeciones presentadas por Cataluña y Andalucía a la norma que impulsa el Ejecutivo. Y, aunque no se refiere a ellas, porque, según fuentes del Gobierno, no presentaron alegaciones al proyecto de ley, también despeja algunas de las dudas presentadas por el Gobierno canario y el del País Vasco: “El anteproyecto no afecta a competencias autonómicas ni locales ni altera el reparto en materias de sanidad o defensa de los consumidores y usuarios, sino que se promueve la eficiencia reguladora removiendo obstáculos a las libertades de establecimiento y de circulación de bienes en todo el territorio nacional”.

El documento elaborado por el órgano consultivo analiza las objeciones planteadas por Cataluña y Andalucía.

El Gobierno catalán de Artur Mas entiende que la unidad de mercado no puede “impedir el ejercicio de las potestades normativas de cada comunidad sobre los sectores económicos en los que ha asumido competencias”. Además, asegura en sus alegaciones que considera que la norma “fomenta la competencia sobre la desregulación o flexibilización de las condiciones normativas para el ejercicio de actividades”. Y añade: “Esta promoción a la rebaja de los estándares normativos en materias como la seguridad, la salud, el medio ambiente, los derechos de los consumidores, etcétera, puede fácilmente llegar a situar las actividades económicas en el umbral del incumplimiento de los propios estándares europeos”. Cataluña también tiene sus dudas sobre la constitucionalidad del texto aprobado el viernes por el Consejo de Ministros. “Las reticencias de Cataluña son casi una enmienda a la totalidad”, admiten fuentes de Economía.

Sin embargo, el Consejo de Estado manifiesta en su dictamen que “discrepa de los reparos de inconstitucionalidad de falta de encaje de la regulación proyectada con la jurisprudencia constitucional”. Y alude al artículo 139 de la Constitución que establece: “Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.

Andalucía, por su parte, sostiene en sus alegaciones que la norma “vulnera competencias exclusivas de las comunidades, así como de las entidades locales, especialmente en materia de protección de los consumidores y usuarios”. El órgano consultivo del Gobierno rechaza este argumento y asegura en su dictamen que “los consumidores ganarán en la confianza de que los requisitos exigidos en una parte del territorio español se verán armónicamente reconocidos en todos ellos”.

El Consejo de Estado destaca en su informe que “a pesar de los relevantes impulsos legislativos, la complejidad del marco regulatorio español subsiste en buena parte en cuanto a los requisitos de acceso a la actividad económica”. El Gobierno ha detectado ya hasta 6.000 normas que vulneran en alguno de sus puntos la unidad de mercado.

El dictamen del Consejo de Estado concluye con varias recomendaciones de carácter técnico pero también aconseja definir mejor el papel que adoptará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), que será el encargado de interponer los recursos cuando se produzcan reclamaciones. También recomienda modificar el artículo que regula las autorizaciones que pueden exigir las comunidades.