Bruselas acusa a 13 bancos de inversión de vulnerar reglas antimonopolio
La Comisión los acusa de impedir que operadores bursátiles entraran en el negocio de los derivados crediticios
Entre 2006 y 2009, 13 de los bancos más importantes del mundo se pusieron de acuerdo para impedir que los operadores bursátiles entraran en el entonces muy lucrativo negocio de los derivados crediticios (como los CDS o seguros de impago de deuda). La Comisión Europea ha anunciado este lunes que ha llegado a la conclusión preliminar de que este acuerdo —al que llegaron gigantes de las finanzas como Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Bear Stearns (ahora parte de JP Morgan), BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland y UBS— vulnera las reglas antimonopolio de la UE. De confirmarse estas acusaciones, el proceso abierto por Bruselas concluiría con elevadas multas.
“Sería inaceptable que los bancos de forma colectiva hubieran bloqueado a operadores bursátiles para proteger sus ingresos de las transacciones extrabursátiles de derivados crediticios”, dijo el vicepresidente de la Comisión y titular de Competencia, Joaquín Almunia.
Entre 2006 y 2009, Deutsche Börse y el Chicago Mercantile Exchange intentaron entrar en el negocio de derivados crediticios y solicitaron las licencias necesarias al principal proveedor de datos financieros en este mercado, Markit, y a la organización profesional que agrupa a las entidades financieras especializas en la negociación de derivados, ISDA. Estos dos organismos también se enfrentan a las acusaciones del departamento que encabeza Almunia.
Según la investigación preliminar de Bruselas, los bancos que controlaban estos organismos les instruyeron para que solo les concedieran licencias para la negociación extrabursátil y no para negociación bursátil.
En 2013, el valor bruto de los casi dos millones de contratos activos de CDS superaba los 10 billones de euros, según Bruselas. Los bancos acusados pueden presentar ahora las alegaciones en su defensa por escrito o solicitar una audiencia antes de que la Comisión adopte una decisión final sobre las multas.
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