El nuevo plan de fomento al alquiler del Gobierno endurece el acceso a las ayudas

Tras una burbuja inmobiliaria que dejó tras de sí 670.000 viviendas nuevas sin vender, el Gobierno apuesta por un “cambio de modelo” radical en la política de vivienda, en palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor. De la política “tradicional en nuestro país”, en palabras de Mariano Rajoy, de incentivar la compra de vivienda, en especial de vivienda nueva, el Plan Integral de Vivienda y Suelo presentado por Pastor tras el Consejo de Ministros del viernes apuesta por el alquiler y la rehabilitación del parque residencial español, con visos a mejorar su accesibilidad y su eficiencia energética.

La paradoja es que el Ejecutivo pretende incentivar el alquiler endureciendo el acceso a las ayudas. Hasta ahora, el cálculo de la renta familiar para poder ser beneficiario se hacía sobre los ingresos de los titulares del contrato de arrendamiento; el nuevo plan se basa en la renta de la “unidad de convivencia”, es decir, todos los ocupantes de la vivienda que reciban ingresos. Según el Gobierno, esta medida permite que la concesión se haga de forma “más equitativa”. Además, el anteproyecto de ley establece un límite de 600 euros en el precio del alquiler de la vivienda para recibir el subsidio, así como reduce el límite anual de la ayuda a 2.400 euros, frente a los 3.200 euros al año de la antigua legislación. El nuevo plan, además, da prioridad a los desahuciados a la hora de asignar las ayudas.

Pero el peso del plan reside en el respaldo a la rehabilitación del parque residencial español. Según Fomento, en España hay dos millones de viviendas en mal estado de conservación. Además, de los 10,7 millones de viviendas con cuatro pisos o más, cuatro millones no son accesibles para personas de movilidad reducida, mientras que el 60% de los edificios residenciales está construido antes de la existencia de cualquier norma de eficiencia energética.

El anteproyecto de ley de rehabilitación introduce un caramelo para la iniciativa privada: la posibilidad de autorizar cambios de edificabilidad, de densidad o incluso de usos a cambio de inyectar recursos propios para llevar a cabo la rehabilitación.

La ley también sustituye la Inspección Técnica de Edificios, obligatoria para todos los edificios con más de 50 años en los municipios con más de 25.000 habitantes, por un nuevo Informe de Evaluación del Edificio (IEE). Esta nueva inspección, que incluirá datos sobre la accesibilidad y la eficiencia energética del edificio, deja de fuera a las viviendas unifamiliares de más de 50 años, pero será obligatorio en todos los municipios. El plazo para someterse a la IEE se amplía a 2019. La ministra prometió que los edificios que ya hayan pasado la ITE no deberán someterse a la nueva prueba hasta que caduque su inspección anterior, y que el coste para los propietarios será similar al del anterior documento.

El plan de la mejora de la accesibilidad, por otra parte, define con más claridad las obligaciones de los propietarios de los edificios para garantizar el acceso de sus residentes, así como reduce el número de votos necesario en las comunidades de propietarios para hacer obras voluntarias de accesibilidad de tres quintos de los propietarios a mayoría simple.