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La Defensora del Pueblo reclama un arbitraje universal para las preferentes

La institución aboga por abrir las opciones para que los afectados recuperen sus ahorros

Culpa al Banco de España de amparar la venta de las participaciones

Reclama más competencias e independencia a la CNMV para atajar posibles abusos

Concentración de afectados por las participaciones preferentes de Bankia.
Concentración de afectados por las participaciones preferentes de Bankia. EFE

La oficina del Defensor del Pueblo ha reclamado este jueves la puesta en marcha de un arbitraje universal sobre las participaciones preferentes para que los miles de ahorradores afectados por estos polémicos productos financieros intenten recuperar su dinero. Además, la institución acusa al Banco de España de amparar "una imagen de solvencia y solidez" de las entidades que comercializaron las preferentes para generar confianza entre los clientes. El problema estriba en que luego, esta imagen resultó no ser cierta y las preferentes perdieron gran parte de su valor.

En las entidades nacionalizadas, el Gobierno ha abierto procesos de arbitraje para solucionar los casos más flagrantes de mala comercialización, como aquellos en los que se colocaron preferentes a analfabetos o ancianos enfermos de alzhéimer. Sin embargo, la institución que dirige Soledad Becerril ha reclamado la apertura de un arbitraje universal en las antiguas cajas que han recibido ayudas públicas, lo que permitiría a todos los afectados poder acudir a un proceso de mediación. Así, ha propuesto que sea una comisión lo más independiente posible y que no esté ligada a las instituciones financieras la que decida qué casos son susceptibles de pasar por el arbitraje y cuáles no.

En caso de que el Gobierno acceda a la propuesta, la defensora del pueblo ha pedido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la responsable de instaurar este arbitraje universal.

Además, con vistas al futuro y para evitar que se vuelvan a repetir escándalos como el de las preferentes, la defensora del Pueblo ha presentado un decálogo de recomendaciones. Entre ellas, ha solicitado dar más competencias a la CNMV y aumentar su independencia. El objetivo es que el regulador pueda tomar medidas cautelares contra los productos financieros presuntamente abusivos, algo que no entra dentro de sus actuales funciones.

La institución también aboga por aumentar la transparencia, que no se vendan productos que no encajen con el perfil del ahorrador y por reforzar la preparación financiera de los que venden este tipo de productos para que los puedan explicar correctamente. Junto a ello, reclama que se controlen los incentivos que reciben los empleados de la banca para que su remuneración variable no entre en conflicto con los intereses de los clientes. Esto fue lo que sucedió con las preferentes, cuya venta, además de ser alentada por la propia dirección de las entidades, reportaba comisiones a los trabajadores de las sucursales.

En cuanto a las medidas que ya se han puesto en marcha desde el Ejecutivo y el supervisor tras el fiasco de preferentes, Becerril opina que “serán eficientes”, pero “siempre y cuando los órganos de control desplieguen sus funciones”. Esto es, que se cambien algunas cosas porque, si siguen como hasta ahora, no funcionarán.

Según cálculos del Gobierno, todavía quedan unos 5.600 millones de euros atrapados en las preferentes. La CNMV es la responsable del control del mercado de valores, ha abierto una docena de expedientes por mala comercialización de estos productos, ya que aunque por su complejidad y tipología estaban orientadas a inversores especializados, se colocaron entre pequeños ahorradores aprovechando la confianza que tenían en su banco o caja de toda la vida. De hecho, las preferentes multiplicaron por cinco las reclamaciones ante la CNMV.