Asalto al Banco de Valencia

El Banco de Valencia, al que el ministro de Economía, Luis de Guindos, describió hace poco como el resumen de “todas las cosas mal hechas”, sufrió uno de los mayores asaltos de los que ha sido objeto una entidad financiera española. El daño patrimonial padecido ronda los 630 millones de euros, según las ocho querellas presentadas hasta ahora en la Audiencia Nacional por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que ha administrado la entidad desde que fue intervenida a finales de 2011. Los autores fueron los propios directivos del banco —incluidos su expresidente José Luis Olivas y su exconsejero delegado Domingo Parra—, varios de los principales promotores inmobiliarios valencianos, y algún empresario español de renombre, como el expresidente de Metrovacesa Joaquín Rivero, según el FROB, que ha denunciado en total a 29 personas.

El fondo estatal de rescate señala como principal responsable a Domingo Parra, que figura en las ocho querellas y ya está imputado por estafa, apropiación indebida y administración desleal. El FROB le acusa de tomar decisiones ruinosas para el banco, muy lucrativas para los empresarios involucrados y por las cuales cobró bajo mano. Solo en la primera de las querellas, presentada el pasado verano, en la que le acompañan varios miembros de la familia Calabuig y tiene como trasfondo el control de Aguas de Valencia, el fondo de rescate mantiene que Parra se embolsó más de 14 millones de euros en complejas operaciones societarias ideadas para borrar el rastro del dinero.

La factura de la gestión irresponsable y presuntamente delictiva de Parra, Olivas —que presidió también Bancaja y la Generalitat valenciana—, Aurelio Izquierdo —expresidente del banco— y Alfonso Monferrer —responsable de participadas inmobiliarias en la entidad que, a pesar de que el fondo estatal dirigido por Enrique Carrascosa ha despedido a más del 60% de la plantilla, sigue siendo empleado— la han asumido, por una parte, los accionistas, que el viernes vieron cómo los títulos perdían un 90% de su valor hasta quedar reducido a un céntimo. Y por otra, los contribuyentes: la entidad ha requerido 5.500 millones en ayudas públicas que no se recuperarán. Su comprador, Caixabank, que ha pagado un euro por la entidad, contará además con un esquema de protección de activos, cuyo coste se elevará a otros 500 millones. La suma global alcanza los 6.000 millones.

Uno de los objetivos manifestados por el FROB al anunciar las querellas fue, no en vano, intentar recuperar el máximo posible del dinero inyectado.

La mayor parte de las querellas están vinculadas a créditos concedidos por el banco para proyectos inmobiliarios frustrados, que fueron cancelados a cambio de participación en sociedades y activos —especialmente suelo— que la entidad pagó a precio de oro, a pesar de que en varios casos el pinchazo de la burbuja inmobiliaria era un hecho.

Ese sería, según el FROB, el caso de las operaciones pactadas con el promotor Ramón Salvador, propietario de abundante suelo en Alicante y Murcia e imputado en la pieza del caso Brugal que investiga el amaño del plan general de la ciudad de Alicante. De la operación conocida como La Reva, sobre más de nueve millones de metros cuadrados de suelo en Riba-roja de Túria (Valencia), con los empresarios Juan Bautista Soler, Salvador Vila y otros. Del proyecto para levantar 6.500 viviendas en El Puig (Valencia), con María Victoria Soler, hermana de Juan Bautista y exvicepresidenta de Metrovacesa. Y también de las planificadas sobre campos de naranjos con las familias De Andrés y Pons en Oliva (Valencia).

Las querellas también revelan una participación supuestamente delictiva del exconsejero delegado en la batalla accionarial que se libró en torno a Metrovacesa y su participada Gecina, la mayor inmobiliaria francesa, junto a Rivero y Rafael Ruiz-Jarabo. Y acreditan que el apetito de Parra excedió el territorio valenciano, como demuestra la querella que incluye al empresario Tito José Pajares San Román, por una operación en Móstoles, y la que se dirige contra una sociedad de Bartolomé Cursach, expresidente del RCD Mallorca.