Una fusión explosiva

La hora de juzgar la bondad de una política o de una reforma, hay un procedimiento que no falla: si vemos que nos hace singulares, es decir, únicos y atípicos entre nuestros vecinos, entonces, sin necesidad de ser expertos en el tema, podemos decir que algo estamos haciendo mal.

 Dos ejemplos. España es el país del mundo que, con la excepción de China, más kilómetros de ferrocarril de alta velocidad tiene en funcionamiento o en construcción. Como no es racional que tengamos más AVE que Alemania, Francia, EE UU o Japón, podemos asegurar que algo hemos hecho mal en la política de infraestructuras. España es prácticamente el único país europeo que ha decidido que los grados universitarios (las antiguas licenciaturas o ingenierías) sean de cuatro años, en vez de tres como sucede en Alemania, Francia, Reino Unido o EE<TH>UU. Podemos tener la seguridad de que algo no estamos haciendo bien en la regulación universitaria.

En las cosas importantes es mejor dejar que inventen los que van delante. De esa forma, evitamos el precio que pagan los pioneros. Un error como el del AVE tiene un coste enorme en recursos, que se podrían haber empleado en otros usos más productivos. Y alargar un año la formación universitaria retrasa el acceso de los jóvenes al mundo profesional. Los pobres no podemos permitirnos el lujo de experimentar con las cosas importantes. Tenemos que acertar en cada decisión que tomamos.

El Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de aprobar una reforma que nos hará singulares en Europa y en el conjunto de países desarrollados. Pretende fusionar en un único organismo la Comisión Nacional de Competencia y los organismos de regulación sectorial: la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Energía y seis reguladores más de otros sectores.

Si va adelante, seremos el único país que actúa de esta forma. Solo con esto es suficiente para saber que nos estamos equivocando. Poner juntos a los defensores de la competencia con los reguladores sectoriales es como mezclar churras con merinas. No tienen los mismos objetivos. La Comisión de Competencia defiende el interés de los consumidores. Los organismos reguladores sectoriales, como la Comisión de Telecomunicaciones, buscan que las empresas maximicen la inversión eficiente.

El Gobierno está a punto de aprobar una reforma que nos hará singulares en el conjunto de países desarrollados

He leído lo que se ha publicado sobre este proyecto de ley. No he encontrado a ningún experto a favor. Ni a ninguna institución española o europea que lo apoye. Todo lo contrario. Esto no es buena señal. Con esta política sucede lo mismo que con la austeridad compulsiva. Tampoco encontrará a ningún economista solvente que la defienda.

Si no hay ningún experto que las defienda, ¿por qué los Gobiernos se empeñan en llevarlas a cabo? En el caso de la austeridad, es mejor preguntar a un psiquiatra que a un economista. La UE es una jaula de masoquistas camino de convertirse en un manicomio. En el caso de esta reforma que pretende el Gobierno, descartado el argumento del ahorro de gasto que me parece un insulto a la inteligencia, podemos hacer tres supuestos.

Uno. Responde a un calentón de Cristóbal Montoro cuando estaba en la oposición. Como el PP no podía colocar a los suyos al frente de estos organismos, prometió que cuando llegase al Gobierno cambiaría a los que estaban. Y el Gobierno se ha puesto a la tarea de cambiar la ley para poner a los suyos.

Dos. Responde al interés de los ministerios y, en particular, al de los funcionarios de los altos cuerpos del Estado que quieren recuperar esos puestos y funciones para ellos. Además, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, la fusión permitiría la recentralización del único organismo del Estado que no está en Madrid: la Comisión de las Telecomunicaciones, que está en Barcelona.

Esta vuelta a los ministerios también podría convenir a los intereses de las empresas. Tanto a los de las reguladas como a los de aquellas que se ven obstaculizadas por el control que está haciendo la Comisión de Competencia de los acuerdos para pactar precios y mantener márgenes, en perjuicio de todos los consumidores.

Tres. Es una nueva manifestación de la funesta manía de la política española de querer comenzar de cero. En vez de tratar de mejorar lo existente, nuestros políticos tienen tendencia a empezar de nuevo para dejar su impronta. Un caso especial es la educación. Cada nuevo ministro quiere hacer su ley. En esto también somos únicos. Los costes de estos experimentos son tremendos. Una buena cosa sería prohibir a los ministros de Educación hacer nuevas leyes. El país lo agradecería.

Probablemente, la reforma responde a una mezcla de esos tres supuestos. Pero hay que recordar que esta ocurrencia tendría elevados costes para los consumidores. Y también para la innovación productiva.

No se deben cambiar las cosas que funcionan. Nuestros organismos reguladores se han consolidado y funcionan relativamente bien. En todo caso, deben hacerse ajustes para mejorar su funcionamiento y composición.

El desaparecido profesor Joaquín Garrigues decía que cuando los soldados aliados ocuparon Alemania llevaban en su mochila dos cosas: cajetillas de cigarrillos para regalar a los alemanes y un decreto para crear una comisión de competencia con la que perseguir las prácticas de los carteles y los monopolios alemanes que tanto daño habían hecho. Una comisión que, además, no podría tener su sede en la capital, para evitar ser capturada por el Gobierno.

Nuestra Comisión de Competencia ha logrado un reconocimiento internacional a su buena labor que ahora no se puede tirar por la borda por una reforma que no tiene ni pies ni cabeza. Y menos cuando la defensa de la competencia en España celebra este año su 50º aniversario. No le estropeemos la fiesta… a los consumidores y a la economía española.