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La larga agonía de Bankia

El juicio desvela que el expresidente Rato, el auditor y el gobernador Ordóñez negociaron seis meses cómo salvar el banco mientras caminaba a la quiebra

Protestas contra Bankia ante la Audiencia Nacional
Protestas contra Bankia ante la Audiencia Nacional

Un muerto como el de Bankia, que ha protagonizado uno de los mayores rescates bancarios de Europa, que es un fiasco en el que 350.000 accionistas han perdido más del 90% de su inversión y que ha exigido que los contribuyentes ayuden con 23.500 millones, no tendrá un solo enterrador.

Tres meses y medio de declaraciones de 33 imputados y de varios testigos han demostrado que en esta película hay muchos actores secundarios y pocos protagonistas. Y estos ya han mostrado sus estrategias de defensa y de ataque porque nadie admite la culpabilidad, por supuesto.

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu está intentado averiguar por qué se hundió la que fuera primera entidad por su actividad en España y si se maquillaron las cuentas. Unos números que decían que Bankia había ganado 309 millones (en marzo de 2012) y luego se reformularon para reflejar unas pérdidas de 2.979 millones (a finales de mayo). La contabilidad soporta casi todo.

El juez Andreu no ha ocultado la gravedad del caso al señalar en el auto que los hechos denunciados (falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida) “encajan plenamente en el concepto material de defraudación”.

Pero todo se complica a medida que avanzan las declaraciones. El juego de intereses parece que se llevó entre el expresidente Rodrigo Rato, el auditor de Deloitte, Francisco Celma, y el exgobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez. Así estuvo el partido hasta que, a partir de abril, intervino el ministro de Economía, Luis de Guindos, que aplicó medidas de choque que condujeron a la precipitada dimisión de Rato y a un carísimo final de Bankia. Así apareció el quinto jinete: José Ignacio Goirigolzarri, actual presidente. Ángel Acebes, presidente de la comisión de auditoría hasta el 24 de abril (ahora es miembro de la misma comisión en el consejo de Iberdrola) está cerca de los primeros implicados.

El papel del auditor

Pese a las fuertes contradicciones de los testimonios, del relato se deduce que el auditor expuso los problemas de Bankia en octubre de 2011 y que eran dos: que no se podía aplicar créditos fiscales de 6.617 millones con los que contaba el grupo para dar beneficios y que era necesario rebajar el valor de la participación de la filial Bankia en las cuentas de la matriz BFA, lo que le dejaba sin capital suficiente a la entidad.

Entre octubre de 2011 y marzo de 2012, mes en el que las relaciones de Rato y el auditor se enturbian, se celebraron cuatro comités de auditoría en BFA y siete en Bankia sin que se invitara a Deloitte, que tenía que dar el visto bueno a las cuentas, aseguró Celma.

El Banco de España confirma que Deloitte avisó en 2011 de los problemas

En estos cinco meses, ocurrió de todo en el sistema financiero. Desde una negociación para una fusión entre La Caixa (también auditada por Deloitte) y Bankia, hasta la aparición de un real decreto (en febrero) que exigía más provisiones a Bankia y a todo el sector.

Francisco Celma ha asegurado al juez que en marzo informó a Rato, al consejero delegado, Francisco Verdú, y a Acebes, que no tenía datos suficientes para preparar la auditoría. También dice que apuntó, y esto era más grave, que si no llegaba una inyección de capital (que se ha cifrado en 7.000 millones) tendría que poner en la auditoría una salvedad cuestionando la viabilidad futura de la entidad.

Entre los antiguos gestores de Bankia se rechaza este argumento. Consideran que el informe de los auditores en marzo a la comisión de auditoría fue positivo para la marcha de la entidad y que en ningún momento advirtió del riesgo de salvedades.

Rato necesitaba más capital para evitar las salvedades, pero no lo encontró

Lo cierto es que en el informe entregado por Deloitte se pedía “justificaciones” a la recuperación de los créditos fiscales y un “soporte a la valoración de la participación de Bankia mantenida por BFA”. ¿Debería haber hecho más énfasis? Según expertos consultados, la forma en la que advirtió Deloitte “no parece la más apropiada dada la gravedad de los asuntos. Incluso se le puede reprochar que no destacara más otras graves deficiencias, como las inmobiliarias. No obstante, estos dos problemas venían de lejos y eran conocidos en la anterior cúpula de Bankia”.

El Banco de España respalda a Deloitte

El Banco de España da la razón a Deloitte en dos informes, uno de diciembre de 2011 y otro de mayo de 2012. En ellos señaló que los máximos ejecutivos de Bankia estaban al tanto de las discrepancias del auditor.

La auditora no recibió la documentación requerida y no hizo el informe. Bankia no se lo reclamó, aunque pasó el límite legal y la entidad no lo entregó a tiempo. ¿Por qué? Porque Rato quería evitar las salvedades y estuvo buscando soluciones hasta el final, dijo Celma. Exploró dos caminos: una fusión que le inyectara capital (fallida) o convencer al Banco de España y al Ministerio de Economía de que les prestara 7.000 millones más. Ordóñez dio su visto bueno, con condiciones, pero Guindos no. Acabó abril y las dudas sobre la viabilidad de Bankia dieron la vuelta al mundo, castigando la prima de riesgo. El ministro tomó cartas. Apartó al supervisor y colocó a Rato frente a un destino imposible: no tenía capital, Bankia no era viable, salvo que él dejara el cargo.

Ahora cabe preguntarse si los accionistas y los preferentistas debían haber tenido información sobre estos seis meses de vértigo que quebraron Bankia.