PP propone gravar extracción de hidrocarburos en España

El Grupo Popular en el Congreso de los Diputados ha propuesto la implantación de un tributo que grave la extracción de hidrocarburos en España para financiar con esos ingresos a las comunidades autónomas y ayuntamientos en los que se ubiquen los yacimientos.

En la propuesta de resolución en materia energética del debate sobre el estado de la nación, el PP aclara que ese impuesto estaría condicionado "a que el volumen extraído represente un porcentaje relevante respecto de la demanda nacional de crudo".

La recaudación, que se aplicaría sobre yacimientos del territorio nacional o las aguas territoriales, se obtendría a través del sistema de financiación autonómico y se podría destinar "a aquellas comunidades autónomas y entidades locales de la región donde se produzca la extracción".

El pasado lunes, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno no tiene "ningún complejo" a la hora autorizar prospecciones para buscar yacimientos de petróleo y gas en España, porque esto permitiría mejorar la balanza comercial.

El PP ha instado al Gobierno a "abordar una profunda reordenación del sistema eléctrico"

Soria apuntó que "allí donde haya una oportunidad de ver si podemos o no podemos hacer investigaciones o prospecciones" de hidrocarburos "debemos autorizarlas", siempre que se respete la legislación medioambiental española y europea.

Por otra parte, en su propuesta de resolución, el PP ha instado al Gobierno a "abordar una profunda reordenación del sistema eléctrico", que contribuya a mejorar la competitividad de la industria, al tiempo que respete al medio ambiente y garantice su sostenibilidad económica.

Además el PP ha presentado otras propuestas de resolución en las que pide facilitar la reestructuración de la deuda hipotecaria en aquellos casos en los que debido a la crisis económica el deudor no esté en condiciones de afrontar sus pagos.

También esperan que se apruebe a lo largo de 2013 una ley de rehabilitación que permita reactivar la economía y generar empleo a través de la mejora del estado de conservación de las viviendas; un plan estatal de vivienda y un fondo social para dar cobertura a aquellas personas desalojadas con posterioridad al 1 de enero de 2008.

En materia de pensiones, pretenden incorporar un conjunto de modificaciones de la normativa de la Seguridad Social, entre ellas acercar la edad real a la edad legal de jubilación mediante el desarrollo de mecanismos que desincentiven la retirada anticipada del mercado laboral; incorporar el factor de sostenibilidad y regular las mutuas de accidentes y enfermedades profesionales.