Los planes de pensiones se podrán rescatar para evitar el desahucio

El propietario de una vivienda podrá rescatar los ahorros depositados en un plan de pensiones si con ese dinero evita el desalojo. Esta es una de las principales novedades incluidas por el Gobierno en el proyecto de Ley Antidesahucios, que también prevé la posibilidad de que los jueces condonen parte de la deuda y suspende durante dos años los desalojos de las familias que se encuentren “en especial riesgo de exclusión social”.

La ley limita los intereses de demora para los créditos viejos y nuevos

La medida que permitirá recuperar el dinero de un plan de pensiones será temporal: solo podrá aplicarse durante los dos primeros años desde la entrada en vigor de la ley, según las enmiendas presentadas por el PP ayer. El texto, denominado oficialmente Ley de Medidas Urgentes para Reforzar la Protección de los Deudores Hipotecarios, se encuentra en trámite parlamentario.

Para poder beneficiarse de esta posibilidad, el titular de la hipoteca no debe disponer de otros bienes para satisfacer la deuda. Además, el dinero que tiene en el plan de pensiones debe ser suficiente para evitar el desalojo.

Posible condonación de deuda

Esta novedad se une a las ya avanzadas a finales de enero por el ministro de Economía, Luis de Guindos, en el pleno del Congreso. Una importante se refiere a los jueces que, ante una ejecución hipotecaria, podrán tomar dos decisiones: condonar la deuda remanente si el deudor paga el 65% del total pendiente en el quinto año desde que perdió definitivamente su casa (es decir, desde que la vivienda fue adjudicada mediante subasta a otro titular), o el 80% en el décimo año. Además, en el caso de que la entidad que se queda con el piso la venta con plusvalías en esos diez años, el juez podrá exigir que el 50% de ese incremento reduzca la deuda pendiente.

El texto también pone límite a los intereses de demora que pueden exigir las entidades de crédito: serán como máximo tres veces el tipo de interés legal del dinero (ahora en el 4%). Esta limitación se aplicará a las hipotecas nuevas, pero también a las actuales que entren en mora tras la entrada en vigor de la ley.

Otras iniciativas de la ley incluyen la moratoria en el desahucio de dos años para las familias más vulnerables (sus ingresos no podrán superar el límite de tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples, es decir, menos de 20.000 euros al año).