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OPINIÓN

El castillo de naipes eléctrico se derrumba

La rocambolesca tramitación de la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, la no aprobada orden de peajes para 2013 y el Real Decreto Ley 29/2012, que aprovecha la regulación del régimen de empleados de hogar para eliminar los límites al déficit de la tarifa eléctrica para 2013, son la expresión de que España camina hacia una crisis energética de efectos incalculables por la incompetencia de los gestores políticos y la defensa a ultranza de un mercado energético sin competencia, que opera como un cartel que impide la transparencia y eficiencia que necesita una economía competitiva.

Culmina una década que arrancó en 2002 con el acuerdo entre el ministro Rodrigo Rato y las eléctricas, que dio origen al artificio contable del déficit de tarifa, por el que el coste de la energía se convierte en decisión política para no subir la luz y cargar la diferencia a los futuros consumidores en los siguientes catorce años. La factura de la luz se ha convertido en un ininteligible castillo de naipes a través de la inseguridad jurídica que supone un cambio regulatorio permanente, a decreto por semestre, y de la voluntad de cargar en la tarifa todos los problemas del país. No contaron con la espectacular subida de los precios de los hidrocarburos desde 2004 ni con la ruina de los bancos a partir de 2008, que les dejó sin liquidez para adelantar el déficit a las eléctricas. Los sucesivos Gobiernos miraron a otro lado y la inestabilidad regulatoria ha convertido aquella contabilidad creativa en una incontrolable bola de nieve.

En 2002 se tomó otra decisión trascendental al aprobarse la planificación de infraestructuras gasistas, regasificadoras, gasoductos, almacenamientos y centrales de gas en régimen liberalizado. Sin prever los objetivos vinculantes de renovables para 2010 de la Ley 54/1997 ni los aprobados para 2020 por el Consejo Europeo en 2007, las previsiones de crecimiento de la demanda fueron tan incoherentes y erróneas que cuando a partir de 2007 comienza a descender el consumo de electricidad por efecto de la crisis se siguen ejecutando las inversiones gasistas hasta su paralización por el RDL 13/2012. El desastre de la planificación gasista se describe en el preámbulo de ese decreto y expresa la incongruencia de cómo bajando la demanda de gas desde 2007 se han incrementado las importaciones de gas. El resultado es una sobrecapacidad del sistema y un constante incremento de los pagos por capacidad y por restricciones técnicas para rentabilizar las inversiones, como han denunciado REE y la Comisión Europea.

Se ha abortado el desarrollo de la industria renovable, factor

de crecimiento y empleo

Los anuncios de reformas que se hicieron al principio de 2012 han terminado con la solución más inverosímil: incrementar la recaudación con una tasa a la generación eléctrica y trasladar a los presupuestos del Estado el resto del déficit. Según el Gobierno, sobre unos ingresos de 14.884 millones de euros, los costes del sistema eléctrico para 2013 superan en 5.716 millones a los ingresos; pero la CNE, en su informe sobre la propuesta de orden de peajes, añade 3.843 millones de desviación de costes y señala que más del 28% de los ingresos previstos se basan en normas que no existen. La eliminación del límite al déficit tarifario ha puesto en evidencia no solo a los gestores políticos, sino a un modelo energético que se ha convertido en un lastre para nuestra competitividad y deberá ser cambiado desde la base para superar la crisis económica.

En el fondo se ha tratado de no tocar el sistema para proteger las operaciones corporativas y las cotizaciones del sector energético, desvinculando la energía de la economía productiva. Se ha preservado un modelo basado en incentivar el mayor consumo de energía fósil importada, no tocar el método de conformación de precios referenciado para todas las fuentes de energía al precio de la energía más cara, como el gas y el carbón, impedir que el ahorro de energía y las renovables quiten mercado a las fuentes convencionales y mantener un mercado cautivo de millones de consumidores sin competencia real. Sorprende leer en el preámbulo de la Ley de Medidas Fiscales las exenciones de impuestos que han disfrutado durante tanto tiempo los hidrocarburos o que se califique el riesgo nuclear como “servidumbre” que ha de pagar toda la sociedad y no los propietarios de las nucleares. El castillo de naipes de la regulación ha incentivado así el modelo más caro, caracterizado por su elevada dependencia, la mayor intensidad energética y las emisiones de CO2. Recaudar más para consumir más es un despropósito en el actual escenario económico.

No es correcto culpabilizar a las renovables de los males del sistema, simplemente porque estos tienen su origen en 2002, mucho antes del notable desarrollo renovable en nuestro país; y porque lo que ya es una realidad objetiva es que el mayor consumo de renovables hace descender los precios del pool eléctrico y el mayor consumo de fuentes convencionales lo incrementa. A todos los decretos que desde 2008 han recortado e impedido con retroactividad los proyectos renovables han seguido fuertes subidas de la luz causadas, según los informes de la CNE, por el descenso del consumo, los costes extrapeninsulares, las ayudas al carbón o las subastas inflacionistas que fijan el precio de la luz. El gran error ha sido pensar que lo mejor era que todo siguiese igual y no se han analizado los impactos de la crisis, como el descenso de la demanda eléctrica desde 2007 y la crisis bancaria desde 2008. La sostenibilidad económica del sistema depende mucho más de estos impactos que del coste de las renovables. Es la crisis la que está arruinando al sistema eléctrico, y sin renovables los problemas serían aún mayores.

La inoperante política energética nos deja en manos de los suministradores extranjeros que imponen el precio de nuestra dependencia y nuestra pobreza energética

Las causas de la insostenibilidad del sistema hay que buscarlas en la falta de una estrategia energética a largo plazo que ha conducido a políticas de corto plazo que respondían a cada problema con un parche regulatorio y en la falta de competencia que, como ha denunciado la Comisión Europea, ha impedido que el consumidor acceda a las ofertas más baratas. Las consecuencias han sido paradójicas: con crecimiento negativo del PIB ha crecido nuestra dependencia, nuestra intensidad energética y las emisiones de CO2, perjudicando la competitividad de nuestra economía. Se desprecia el ahorro de energía y se vota contra la nueva Directiva de Eficiencia Energética argumentando que el ahorro penaliza a España, impidiendo que el consumidor participe activamente en la gestión de la demanda a través del autoconsumo y eliminando compromisos de ahorro a las distribuidoras. Se ha abortado el desarrollo de la industria renovable nacional y de un sector que es factor de crecimiento económico y empleo. El actual modelo energético no favorece la salida de la crisis económica; por el contrario, la realimenta.

La Fundación Renovables (www.fundacionrenovables.org) ha presentado sus propuestas para la transición hacia otro modelo energético que pasan por una planificación energética consensuada a largo plazo basada en el cierre ordenado de centrales térmicas y una apuesta decidida por la generación distribuida, el ahorro de energía y el cumplimiento de las directivas europeas de renovables, eficiencia energética y reducción de emisiones. Pero cualquier cambio debe partir de un objetivo claro, que la salida de la crisis necesita un nuevo modelo energético y que si las decisiones racionales en una economía moderna pasan por apoyar sus recursos propios frente a los ajenos, se debe dejar de incentivar el consumo de la energía que no tenemos y eliminar las barreras que impiden el mayor consumo de las únicas fuentes de energía de que disponemos a coste cero: el ahorro de energía y las fuentes renovables.

La estrategia energética de la Unión Europea tiene como prioridades la reducción de las importaciones energéticas y la eliminación de las emisiones de CO2 con mayores objetivos de eficiencia energética y de consumo de renovables, porque se consideran un factor de reactivación económica. La tendencia mundial es que el incremento de la demanda de renovables las hace más competitivas frente al gas y el carbón y los incalculables costes de la energía nuclear. La inoperante política energética nos deja al margen de esa tendencia y en manos de los suministradores extranjeros que imponen el precio de nuestra dependencia y nuestra pobreza energética. Si lo que necesita la economía española son políticas de crecimiento y empleo, el cambio de modelo energético es una oportunidad de oro.

Javier García Breva es presidente de la Fundación Renovables.