Agricultura y Economía, enfrentados por la Ley de la Cadena Alimentaria

Los ministerios de Agricultura y Economía mantienen posiciones enfrentadas sobre el contenido del anteproyecto de Ley para la mejora de la cadena alimentaria, presentado ante el Consejo de Ministros el pasado mes de octubre. El departamento encabezado por Miguel Arias Cañete ha recibido un varapalo de la Comisión Nacional de la Competencia, que en un informe publicado el pasado día 8 dudó de la oportunidad de la ley y cuestionó en profundidad los aspectos más importantes de su contenido, como las prácticas abusivas de la gran distribución así como la capacidad del régimen de infracciones y sanciones de generar inseguridad jurídica. Para la CNC, esos aspectos deben eliminarse de la ley, más aún cuando hoy ya existen mecanismos para evitar ese tipo de prácticas.

Para Agricultura, que se ha manifestado en el seno del Comité Asesor Agrario, la CNC se ha extralimitado en sus competencias en un informe que, considera, carece de valor y que no es vinculante. Por este motivo, el Ministerio seguirá defendiendo, con algunos retoques, su proyecto de ley, que se pretende se apruebe por el Gobierno el próximo 25 de enero para que la ley pueda estar en vigor en julio de este año. Las organizaciones agrarias, así como las cooperativas agroalimentarias y la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas, han denunciado que el informe de la CNC hace unas recomendaciones totalmente diferentes a las que proponen otros informes sobre los contratos de la gran distribución y las relaciones entre fabricantes y distribuidores. Estos sectores lamentan que Competencia argumente que ya existan instrumentos para combatir las prácticas abusivas sin haberlos usado nunca. Para las organizaciones agrarias y las industrias, la posición de la CNC va contra la filosofía de la Comisión Europea y de los puntos de vista adoptados por otros países miembros, y han pedido al Gobierno que siga con su tramitación.

La Ley para la mejora de la cadena alimentaria es una de las principales reivindicaciones hechas tanto por el sector agrario como por la industria alimentaria durante los últimos años para lograr unas relaciones equilibradas, fundamentalmente con la gran distribución. Con ese objetivo, y de acuerdo con las recomendaciones del Grupo de Alto Nivel que funciona en el marco comunitario, la nueva disposición tiene como objetivo fijar las reglas de juego en cuestiones claves como el sistema de contratos, el establecimento de un código de buenas prácticas, una relación de prácticas abusivas, un sistema de denuncias anónimas, la detección de infracciones y el régimen de sanciones.

La CNC considera beneficiosas algunas  prácticas que Agricultura define como abusivas en el proyecto de ley

Frente a estos planteamientos, Competencia se cuestiona en primer lugar la oportunidad de la ley y se pregunta si no sería más recomendable esperar a que hubiera una reglamentación comunitaria al respecto. Para este organismo, conseguir un mayor equilibrio en las relaciones de la cadena no es sólo cuestión de una mayor regulación, sino lograr igualmente una mejora en la eficiencia en todos los sectores involucrados. La CNC señala que el desequilibrio entre las partes contratantes no es una anomalía o un fallo del mercado, sino una característica del sector que podría contribuir a mejorar la competitividad y la productividad en todos los ámbitos. El informe rechaza las nuevas reglas de juego que se quieren aplicar para las subastas electrónicas, así como el catálogo sobre prácticas abusivas. Competencia va más allá en sus argumentos para señalar que incluso alguna de las prácticas comerciales incluida en las categorías de abusos, podrían resultar de hecho eficientes, al ser consecuencia de dinámicas comerciales favorables a la competencia. Entre estas prácticas están los pagos por asignación de espacios en un lineal, la gestión de stocks o ciertos fallos relacionados con el suministro. La CNC se opone, en consecuencia, al régimen de infracciones y sanciones previsto por el anteproyecto.