Las comunidades acumulan facturas pendientes de pago por 13.730 millones

Las comunidades viven ahogadas por la falta de liquidez. La estructura del gasto regional —destinan más del 75% de los recursos a educación, sanidad y servicios sociales— dificulta el ahorro en costes corrientes. Los ingresos caen, a pesar de las ayudas estatales, y las facturas se acumulan en la bandeja de “pendientes de pago”.

Las autonomías tienen deudas pendientes de abonar por importe de 13.730 millones de euros, según el último informe sobre ejecución presupuestaria mensual de las comunidades hasta octubre de 2012 publicado por el Ministerio de Hacienda la semana pasada. Estos datos solo están disponibles a partir de agosto, cuando el Departamento que dirige el ministro Cristóbal Montoro comenzó a divulgar un Resumen Ejecutivo con estas cifras lo que dificulta la comparación con meses anteriores. Esta deuda no supone un mayor déficit porque se trata de facturas contabilizadas pero no pagadas. También incluye obligaciones de pago con Hacienda y la Seguridad Social.

Los territorios han reducido la deuda con proveedores en 8.296 millones

A pesar de todo, las comunidades han reducido la morosidad en 8.296 millones de euros, lo que les da un respiro respecto al año pasado. Este descenso se debe sobre todo al plan de pago a proveedores que puso en marcha el Gobierno a principios de año. Las comunidades pudieron liquidar facturas por importe de 18.000 millones. Pero el plan estatal estaba limitado a proveedores corrientes: farmacéuticas, suministradores de material sanitario, y facturas de convenios de la administración con otros acreedores quedaron fuera.

“Para el verano que viene todas las Administraciones Públicas van a aplicar la Ley de morosidad. Todas las Administraciones Públicas en sus diferentes niveles van a aplicar los plazos de esa ley. Van a pagar a proveedores a 30 días”, afirmó el ministro Cristóbal Montoro la semana pasada. “No voy a consentir facturas en el cajón ni deuda comercial reconocida no pagada”, admitió el ministro quien amenazó a las autonomías más morosas con obligarles a adherirse al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), el instrumento que ha puesto en marcha el Ejecutivo para facilitar liquidez a los territorios. Este fondo conlleva importantes exigencias presupuestarias (ajustes de gastos e ingresos).

Acumulan derechos de cobro por 5.374 millones, la mitad por deudas fiscales

Algunas comunicadas han reclamado al Ejecutivo que les ayude a hacer tabla rasa con las deudas de años anteriores. Para ello piden a Hacienda que eleve el techo de deuda para poder financiar facturas contabilizadas pero no pagadas. La Ley de Estabilidad, aprobada este año, les impide elevar su deuda sin autorización. El Consejo de Política Fiscal y Financiera —el órgano de interloción entre Hacienda y los consejeros de Economía— fijó en julio los objetivos de estabilidad presupuestaria para 2013: un límite de déficit del 0,7% del PIB; y el techo de deuda en el 16% del PIB regional. Eso reduce la capacidad de aumentar la deuda de las regiones para pagar sus facturas pendientes. Otra de las opciones que proponen algunas comunidades sería abrir el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) de 2013 para que se pudiera financiar facturas impagadas de años anteriores.

El Fondo de rescate autonómico de 2013 podrá financiar todo el déficit

Hasta ahora este fondo de liquidez cubría los vencimientos de deuda financiera y una parte del déficit —el 0,65%— que se les autorizaba en 2012 [la meta para este año es limitar la desviación presupuestaria hasta el 1,5% del PIB]. Por eso, el Gobierno estudia permitir financiar a través del FLA toda la desviación presupuestaria de las comunidades en 2013 cuando las autonomías tendrán que limitar el desfase entre gastos e ingresos en el 0,7% del PIB.

Por contra, acumulan derechos pendientes de cobro hasta octubre por 5.374 millones, la mitad por impuestos pendientes de recibir. El problema de la deuda con proveedores podría crecer. Una de las preocupaciones de Hacienda con las comunidades es que algunas están retrasando la contabilización en el presupuesto de algunas facturas. Hasta octubre la cuenta 413 “acreedores por obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto” [donde las comunidades registran el gasto de las facturas pero no las contabilizan en el presupuesto] asciende a 6.032 millones de euros, el doble que el año pasado.

Los Gobiernos redujeron la morosidad con el plan de proveedores

Esta peculiar cuenta es el fondo donde van a parar los gastos que se van a pagar el año que viene. Canarias (1.339 millones), Castilla-La Mancha (1.295 millones) y la Comunidad Valencia (991 millones) son las que más pagos están aplazando con este método.

Montoro aludió esta semana a esta peculiar cuenta. “No existía cuando nosotros dejamos el Gobierno y ahora que estamos de nuevo en el Gobierno, va a volver a no existir”, indicó a modo de amenaza para las comunidades autónomas. Algunas de estas se sienten molestas con estas declaraciones porque consideran que desde el Ejecutivo no se valora bien el esfuerzo que están haciendo por limitar el déficit y reducir la morosidad.

Las comunidades han contabilizado en el Presupuesto 10.968 millones de euros en deuda con suministradores de años anteriores. Es decir, han pagado facturas de otros años por ese importe, fundamentalmente por el pago a proveedores.