El disputado dinero de las subastas de CO2

Los ministerios de Industria y Medio Ambiente libran una soterrada negociación por el destino del dinero de las subastas de CO₂. Se trata de una golosa partida de entre 500 y 1.200 millones de euros al año a partir de 2013 (la cuantía final de pende de cómo evolucione el mercado de derechos de emisión). Industria, con el visto bueno de Hacienda, introdujo en el Senado una enmienda a su reforma energética por la que se atribuían 500 millones para el sector eléctrico. Y lo ha hecho sin conocimiento de Medio Ambiente, que logró suavizarla e intentará blindar en otra ley el resto de lo recaudado para su presupuesto. Medio Ambiente ya ha ingresado 40 millones en estas subastas tempranas. Pretende destinar a un plan de renovación de furgonetas de reparto —para combatir la contaminación en las ciudades— y a la comprar de un gran hidroavión antiincendios, según fuentes de este departamento.

Para el periodo 2008-2012, los países de la UE repartieron gratis los derechos de emisión de CO2 entre las industrias que más emitían. En España, un millar de instalaciones (cementeras, azulejeras, papeleras, térmicas, ladrilleras...) recibieron su asignación de CO₂. La idea era que la fábrica más eficiente vendiera los derechos que le sobrasen a la que le faltasen y así fomentar la inversión en tecnología limpia.

Las patronales primero protestaron airadamente. Alegaban que este mecanismo les iba a suponer una ruina. Sin embargo, inmediatamente la actividad industrial comenzó a caer por la crisis. Entonces la industria comenzó a vender derechos que había recibido gratis y hacer caja. Los vendieron a otros países o a las eléctricas, que cargaron el sobrecoste en el recibo de la luz. Así, en los cuatro primeros años de este sistema, la industria pesada española logró unos 1.300 millones gracias a los derechos de emisión, un fabuloso negocio.

Para evitar esto, Bruselas fijó para el periodo 2013-2020 un sistema en el que los derechos se subastarían. Esas subastas comenzaron de forma casi experimental el pasado 13 de noviembre. Se realizan cada martes y jueves y entrarán de lleno en vigor en 2013.

Hasta ahora, la Oficina Española de Cambio Climático, de Medio Ambiente, ha ingresado unos 40 millones de euros —a un precio medio de 6,8 euros por tonelada de CO₂—. Las estimaciones más optimistas hablaban de que España podría ingresar más de 1.000 millones de euros al año, pero el mercado de CO₂ está mucho más bajo de lo previsto, ya que se diseñó para 20 euros por tonelada. En los próximos meses puede subir si los Veintisiete acuerdan retirar derechos, algo que España apoya.

Con el recorte presupuestario, los ministerios intentan controlar ese dinero, ya que al menos la mitad se debe destinar a políticas contra el cambio climático. Pese a que tenían un pacto sobre el reparto, Industria introdujo de rondón la semana pasada —Medio Ambiente lo desconocía— una enmienda en el Senado a su reforma energética para destinar 500 millones de esta subasta a los costes del sistema eléctrico.

El plan PIVE no ha conseguido fomentar la compra de coches menos contaminantes

Este capítulo incluye las primas a las renovables, pero tal y como está redactada también sirve para pagar el transporte, los costes extrapeninsulares y otro tipo de capítulos de la factura eléctrica que difícilmente Bruselas aceptaría como medidas contra el cambio climático.

La única justificación de la enmienda del Partido Popular es la de “mejora técnica, en consonancia con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013”.

El Ministerio de Medio Ambiente ha logrado reconducirla, dejando claro que el dinero de las subastas va para primas a las renovables y garantizándose el resto de lo que se recaude para sus políticas.

Además, si en recaudación por las subastas es menor a 500 millones, un 10% irá a Medio Ambiente. El departamento que dirige Miguel Arias Cañete ya tiene en mente qué podría hacer con ese dinero. El ministerio estudia lanzar un plan Renove de furgonetas para combatir la contaminación en las grandes ciudades. Estaría dotado con los primeros 30 millones de euros conseguidos con las subastas.

El vigente plan PIVE, dotado con 75 millones de euros, en teoría potencia la compra de coches eficientes. Sin embargo, los umbrales de precio y emisiones exigidos para obtener la ayuda han hecho que se vendan un 50% más de coches clase B, que A, la menos contaminante en un esquema similar al de la etiqueta de eficiencia de los electrodomésticos.

Hasta el 20 de noviembre, de los 7.772 vehículos que se habían acogido al plan, el 59% eran clase B y el 41% clase A. Además, los concesionarios priorizan los turismos en las ayudas, por lo que hasta esa fecha solo 122 furgonetas habían recibido la subvención.

Medio Ambiente considera que para luchar contra la contaminación en las grandes ciudades, lo más eficaz es avanzar en la renovación de furgonetas de reparto, que se concentran en estos núcleos, ya que el actuar sobre los turismos se dispersa el efecto por toda España. Por ello, estudia presentar en unas semanas un plan de ayuda con el primer dinero de las subastas tempranas. La calidad del aire en las grandes ciudades es uno de los grandes problemas ambientales de España y por los que se enfrenta a problemas con la Comisión Europea. Además, al achatarrar furgonetas viejas por unas más eficientes también hay un ligero efecto de reducción de emisiones de CO2.

De esta primera fase, el dinero restante tras el plan renove irá previsiblemente a la compra de un gran hidroavión contra incendios, ya que la flota que manejan los pilotos del ministerio está envejecida.