Economía de guerra familiar

En el periodo de una semana el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado cuatro encuestas esenciales para conocer el impacto de la crisis en las familias españolas, con una conclusión unánime: son más pobres que antes. Se trata de la encuesta de condiciones de vida (que indica que los ingresos medios de los hogares fueron menores en 2011 que un año antes, y que más del 21% de la población residente está por debajo del umbral de riesgo de pobreza), la encuesta de estructura salarial de 2010 (el salario bruto medio anual fue de 22.790 euros, teniendo el País Vasco el más alto y Canarias el más bajo), la encuesta de presupuestos familiares de 2011 (el gasto medio por hogar disminuyó, siendo de nuevo Canarias, más Extremadura y Murcia, las zonas con menores gastos por persona) y la encuesta de población activa del tercer trimestre de este año (que ha registrado un paro del 25,02%).

Las preguntas son cuánto más pobres son las familias, cuáles son más pobres, desde cuándo se ha iniciado ese retroceso, y su ritmo. Ninguna de las cuatro encuestas manifiesta un cambio de tendencia significativo respecto a las anteriores, sino que lo aceleran. En un documento publicado por la Fundación Alternativas (Los ciudadanos españoles ante la crisis), la socióloga Olga Salido, resume esas tendencias, aun sin conocer los últimos datos: la crisis económica está teniendo un efecto devastador para la economía real (“en muchos hogares se ha instaurado una auténtica economía de guerra familiar”), reduciendo de forma importante la capacidad de gasto y de consumo de los españoles.

La población en edad de trabajar, con hijos dependientes, la mayor pagana

Sin embargo, su impacto no se está distribuyendo por igual entre el conjunto de la población, hasta el punto de que ya se puede hablar de perdedores y ganadores de esta crisis. Por ejemplo, la población en edad de trabajar, especialmente en los hogares con niños dependientes, está llevando la peor parte. Los duros ajustes a los que se está sometiendo la economía del país han reducido especialmente la capacidad de gasto y de consumo de aquellos que dependen de las rentas salariales, las más fáciles por otra parte de controlar fiscalmente. Según el documento, los mayores, al menos de momento, están sufriendo de una manera menos aguda las dificultades en cuanto a la evolución de las tasas de pobreza. No obstante, el deterioro de la situación de los activos está aumentando sin duda la presión sobre los sectores de más edad, que proporcionan ayuda, material y cuidado a sus hijos y nietos, contribuyendo así a sostener el edificio del bienestar colectivo.

La desigualdad aumenta no solo entre las personas sino entre los territorios, lo cual abre otros interrogantes: son precisamente las comunidades autónomas con niveles de desarrollo y riqueza menores las que están sufriendo más las dificultades económicas, aumentando las disparidades interterritoriales y “haciendo que se deshaga el camino andado a lo largo de los años de crecimiento en muchos aspectos. No solo el bienestar de los ciudadanos individuales sino el bienestar y la cohesión social de la sociedad en su conjunto están en juego”.

La creciente frustración por los efectos de la crisis amenaza la convivencia y la cohesión social

El documento de Alternativas está encargado por la Fundación Iniciativas para la Paz. Su presidenta, Francisca Sauquillo, desarrolla otro aspecto de la crisis en el segmento de la inmigración. Los datos sugieren que un importante número de grupos familiares llegados de otros países habían completado su itinerario de inserción social (laboral, educativa, comunitaria…) y desde 2007 ven cómo retroceden a niveles de cuando llegaron a España. Dicho retroceso no solo se refiere a la disminución de recursos y niveles de empleo, sino también a la pérdida de derechos ya reconocidos (tarjeta de residencia, trabajo y asistencia sanitaria), lo que significa la multiplicación de altos niveles de frustración “que contribuyen a amenazar la convivencia y la cohesión social”.

España camina con gran rapidez hacia el vagón de cola de Europa. Este sería el momento para que el Estado garantizase unos niveles de renta y de consumo adecuados para el conjunto de la población. En lugar de ser así, el Estado también retrocede: la fuerte destrucción de empleo, junto a la moderación salarial y el aumento de la presión fiscal que han acompañado a las políticas de austeridad son factores clave para comprender esta involución.