El déficit sube por las ayudas a la banca

Las ayudas a la banca con problemas nunca cuestan un euro al contribuyente cuando las anuncia el Gobierno de turno. Pero la crisis económica, los balances bancarios inflados por apuestas llenas de riesgo hacen descarrilar las mejores intenciones. En cuestión de meses, emergen nuevos problemas que obligan a aceptar que no se recuperarán miles de millones en mucho tiempo —si es que se recuperan alguna vez—, a la vez que se aprueban más ayudas. Es lo que ocurrió en Irlanda. Es lo que pasa ahora en España: el Gobierno se dispone a asumir como déficit público la pérdida de valor de las inyecciones en entidades nacionalizadas, que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) estima en 11.000 millones de euros, una cifra equivalente al 1% del PIB.

En julio, el FROB atribuyó al ejercicio de 2011 el deterioro total de los préstamos y de las participaciones públicas en el capital de BFA-Bankia, Catalunya Banc y NCG Banco. Lo que se había apuntado en los libros del fondo estatal como activos financieros por 11.051 millones pasó a valer cero. Las normas europeas obligan a computar como déficit público esas inversiones cuando el Estado (o en este caso el FROB) considera que pueden no ser recuperables. Y el próximo lunes España debe remitir a Eurostat, la oficina estadística de Bruselas, una revisión de cuál fue el saldo presupuestario de 2011. A última hora de este miércoles, Hacienda aún no había decidido si aprovechará la presentación del proyecto de Presupuestos de 2013 para actualizar ya este jueves esos datos.

“Esas pérdidas, según la normativa europea, tienen impacto en el déficit público”, corroboró un portavoz de Hacienda, “la cuantía y el año en el que se imputan está pendiente de reuniones técnicas y consultas a Eurostat”. Fuentes de la agencia estadística europea confirmaron al mediodía del miércoles que la consulta se había producido, sin más detalles, informa Claudi Pérez.

Al aumentar el gasto solo una vez, no afecta al ajuste presupuestario

A finales de marzo, el Gobierno español informó a Bruselas de que el déficit de 2011 había alcanzado los 91.344 millones, lo que equivalía entonces al 8,5% del PIB, muy por encima del 6,3% que el anterior Ejecutivo (PSOE) había comprometido para el año pasado. En mayo, Hacienda elevó el desfase a 95.500 millones, el 8,9% del PIB, al aflorar pagos a proveedores en algunas comunidades autónomas, sobre todo en Madrid y Comunidad Valenciana. Y hace un mes fue el Instituto Nacional de Estadística el que rebajó en algo más de 10.000 millones su estimación del PIB de 2011, lo que elevaría el peso equivalente del déficit público al 9%.

A estos ajustes, Hacienda debe sumar ahora el que deriva del impacto de las pérdidas de las inyecciones en las tres entidades nacionalizadas, al considerar que no va a recuperar esas inversiones en un plazo razonable. Si se sigue el criterio contable del FROB, el déficit público aumentaría hasta rondar el 10% del PIB en 2011. En marzo, el Ejecutivo del PP ya imputó al déficit del año pasado los 594 millones en los que había valorado el deterioro de la participación en Unnim. Hacienda insistió este miércoles en que la cuantía del impacto en las cuentas públicas era una “cuestión técnica sin cerrar”, en la que cabía incluso trasladar parte del gasto a 2012. Y un portavoz de Eurostat recalcó que “todas las pérdidas del FROB no se traducen directamente en déficit público”.

La contabilización en el déficit de la pérdida de valor de las inyecciones en las entidades nacionalizadas refleja la posibilidad de que esos 11.000 millones de dinero público no lleguen a recuperarse nunca. Pero no afectan al enorme ajuste presupuestario que tienen por delante las Administraciones españolas (alcanzar el 6,3% de déficit al cierre de 2012), aun en el supuesto más extremo: porque aunque el déficit público de 2011 se elevase al 10% del PIB, esa dotación, que se traduce en un aumento de gasto, solo se hace una vez, con lo que el ajuste al año siguiente es automático.

En su memoria, el FROB rebaja a cero el valor contable de los 4.465 millones que había prestado en forma de participaciones preferentes a BFA (la matriz de Bankia), convertidas en acciones el pasado junio. “La valoración definitiva de la entidad resultó ser negativa”, recuerda el fondo estatal. El mismo ajuste contable a cero se hace con las inyecciones a Catalunya Banc (el banco de CatalunyaCaixa) y NCG Banco (de NovaCaixa Galicia): tanto en las participaciones preferentes, “al estimar improbable su cobro” (1.250 millones y 1.162 millones, respectivamente), como en la participación accionarial que tomó en septiembre de 2011 (1.718 millones y 2.369 millones, respectivamente), “dada la situación económica-financiera” de las entidades, que llevan dos años en pérdidas.

En los libros del FROB se mantiene todavía el valor original de los préstamos, en forma de participaciones preferentes, a Caja de España, Banca Cívica y Mare Nostrum, que suman 2.417 millones.

Las inyecciones públicas a la banca que ahora se cree “improbable” recuperar corresponden a reformas aprobadas por el Gobierno socialista. Pero su evolución arroja luz sobre lo que puede venir: el rescate europeo a la banca española dará un empujón considerable a la inyección pública en las entidades españolas, cercana a los 50.000 millones. Y pone sordina a las declaraciones de Mariano Rajoy, que se agarró a la letanía después de que el Eurogrupo aprobara, el 9 de junio, el rescate a la banca española. “No afectará al déficit público”, afirmó entonces el presidente del Gobierno.