El Gobierno consulta con la banca imponer la ‘tasa Tobin’ a las operaciones

La tasa de la discordia no tiene claro su futuro. Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda, dijo el jueves pasado que la Tasa Tobin (el cobro de una comisión a las transacciones financieras internacionales) “no tenía sentido aplicarla si lo hace un solo país”. La interpretación general fue que la iniciativa se guardaba en un cajón hasta mejores tiempos, pero no.

Montoro no ha descartado completamente cobrar por algunos movimientos financieros. Fuentes del Ministerio comentaron: “Está en estudio implantar un cobro en algunas operaciones, pero no a los movimientos financieros internacionales, como las divisas o los derivados, que es propiamente la Tasa Tobin. Se está pensando en algo como la compraventa de acciones”. Hacienda lo está consultando con las entidades financieras, que todavía no han respondido, aunque no son partidarias de las medidas.

Algunas fuentes apuntaron que el Ejecutivo podría colocar esta tasa en el paquete de medidas para cumplir con el déficit que se presentarán el próximo 27 de septiembre. Lo que se buscaría es un efecto de imagen, es decir, anunciar un impuesto a la banca en mitad de tantos recortes sociales.

Desde Hacienda ni confirman ni desmienten. Se limitan a decir que todo está “en estudio”. Dentro del Gobierno no hay consenso sobre la conveniencia de la medida. El Ministerio de Economía no quiso pronunciarse, pero otras fuentes comentaron que el departamento dirigido por Luis de Guindos considera que debería ser un paso que tomara toda la UE, no países aislados, para evitar fuga de inversores. Algunas fuentes recuerdan lo que ha ocurrido en Bizkaia con las Sicav, las sociedades de inversión para altos patrimonios. Tras subir la tasa del 1% al tipo general del Impuesto de Sociedades, se han marchado todas las Sicav fuera del territorio.

Hacienda es consciente de que la medida puede tener consecuencias importantes

Hacienda es consciente de las consecuencias que puede tener esta medida, por lo que ha iniciado consultas con los bancos, a través de la AEB, y de la Confederación Española de Cajas (CECA). El ministerio espera recibir los pros y los contras de la medida.

Sin embargo, fuentes de algunas entidades consultadas, que piden el anonimato, apuntan: “Es un error plantear estas medidas sin calibrarlas con detalle. Sería más adecuado esperar a que Europa siga analizando esta cuestión, que ya advirtió que no era urgente. En el momento tan delicado como el actual, decisiones de este tipo podían tener consecuencias negativas imprevistas”. El presidente de Bolsas y Mercados Españoles (BME), Antonio Zoido, señaló hace días: “La aplicación de esta tasa afectaría negativamente a los volúmenes y liquidez del mercado. El resultado podría ser como el que ocurrió en Suecia, es decir, decepcionante”.

Ahora, el Gobierno no está pendiente de Suecia, sino de Francia. Hace un mes que París implantó un impuesto del 0,2% a la compraventa de acciones en territorio francés. “Todavía es pronto para saber los resultados de la medida, pero estamos atentos a su aplicación”, admiten fuentes de Hacienda. En un borrador que redactó el Ministerio, se apuntaba que se aplicaría en el territorio español, “sin perjuicio de los regímenes tributarios forales de concierto y convenio en los Territorios Históricos del País Vasco y Navarra”. También se apuntaba que se gravaría la compra de acciones “admitidas a negociación en un mercado español, de la Unión Europea o extranjero regulado”. Afectaría a las empresas de determinada capitalización bursátil, todavía no decidida, “cualquiera que sea el lugar de establecimiento de la sede de la sociedad emisora”. Implicaría también a “las anulaciones o modificaciones de operaciones de alta frecuencia”, y a los contratos de permuta (swap) “referidos a la deuda soberana de un Estado miembro de la Unión Europea” (CDS), “realizada por una persona o entidad residente en España o no residente que actúe mediante un establecimiento permanente en España”.

El origen de esta tasa se remonta al Ecofin de junio, donde se acordó una propuesta de Directiva sobre fiscalidad en movimientos financieros. Reino Unido fue beligerante en contra para defender el negocio de la City, que supone una parte importante de su PIB. Alemania se mostró favorable, pero aún no ha movido pieza.