Bermúdez abre la vía para denunciar por estafa en las participativas y preferentes

Estafa. Ese es el delito que pudieron haber cometido los directivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo al colocar entre sus clientes miles de cuotas participativas sin haberles avisado antes del riesgo que corrían adquiriendo esos productos financieros. Así lo estima el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que ha abierto una investigación para averiguar si los antiguos gestores de la entidad, entre los que se encuentran los exdirectores Dolores Amorós y Roberto López Abad, y el expresidente Modesto Crespo, entre otros, cometieron ese delito al comercializar estos productos sin dar información suficiente sobre ellos.

Pero la decisión del juez Bermúdez, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3, tiene mucha más trascendencia. Es la primera vez que la justicia abre una investigación sobre estos productos financieros —cuotas participativas, preferentes...— que miles de españoles adquirieron tras el consejo de los trabajadores de sus propias entidades en los que pusieron una confianza ciega creyendo que hacían una inversión segura. Ahora se han quedado sin nada.

La lógica de la investigación recién abierta por el magistrado, se refiere expresamente a las cuotas participativas de la CAM —una especie de acciones de las cajas de ahorros cuya compra otorgaba parte de la propiedad de la entidad, pero no derechos de decisión en ella—, pero según fuentes de la Audiencia Nacional, se podría extender a otros productos financieros engañosos, como las participaciones preferentes que dejaron miles de afectados, muchos de ellos personas mayores sin apenas conocimientos financieros en muchas entidades.

Según el juez, los directivos de la CAM investigados, pudieron "haber comercializado determinados productos financieros y en particular las denominadas cuotas participativas, sin haber proporcionado a los adquirentes una información veraz sobre la verdadera naturaleza del producto y sin haberles advertido de los riesgos que conllevaba su adquisición", exactamente la misma conducta que se dio con las participaciones preferentes.

Bermúdez considera que esos hechos podrían ser constitutivos de estafa, un delito que imputa a los exdirectivos de la caja y no a la entidad en sí, debido a que, hasta la última reforma penal de 2010, las sociedades y demás personas jurídicas no podían no podían ser responsables penalmente. El juez permite a todos los afectados personarse como acusación particular, mientras que la caja, que actúa como denunciante desde su intervención por el FROB, sería responsable civil subsidiaria.

Además, el juez investiga a los exdirectivos por los delitos de falsedad contable y apropiación indebida y administración desleal entre otros por falsear la información contable de la CAM y no reflejar su situación económica real. El último informe presentado por los nuevos administradores de la Caja los acusa de actuar "mediante prácticas contables irregulares desarrolladas por la CAM que han tenido como efecto alterar su realidad financiera y patrimonial durante los ejercicios de 2008, 2009, 2010 y 2011".

Bermúdez también las escandalosas jubilaciones que varios de ellos se adjudicaron a pesar de la pésima situación en la que se encontraba la entidad. Ayer mismo dejó sin efecto los que se adjudicaron López Abad, Amorós y Crespo en 2010.