Nueva York da otro golpe a la City
El banco británico Standard Chartered es investigado por trabajar con Irán
Benjamin Lawsky es un viejo conocido en los círculos judiciales neoyorquinos. Era el estratega de Andrew Cuomo, cuando el actual gobernador del Estado de Nueva York ejercía como fiscal general. En mayo de 2011, Cuomo le puso al frente de una nueva agencia encargada de supervisar las actividades de 4.400 entidades financieras, locales y extranjeras, con activos por valor de 6,2 billones de dólares. Era, por tanto, una cuestión de tiempo que diera un golpe de efecto para dar notoriedad a su trabajo. Esta semana, Lawsky acusó a la británica Standard Chartered de saltarse el régimen de sanciones con Irán al realizar durante una década 60.000 transacciones secretas por un valor de 250.000 millones. Y amenaza con retirarle la licencia que le permite operar en EE UU.
El caso supone un nuevo mazazo a la imagen de la banca británica. Peter Sands, consejero delegado de StanChart, insiste en que no hay base para ese extremo y considera que las alegaciones del Departamento de Servicios Financieros son “desproporcionadas” y el proceso “inconsistente” con investigaciones similares. Y reveló que llevaba un año en discusiones con Washington para tratar de aclarar y dar carpetazo al asunto. De hecho, la acción de Lawsky no sentó bien en la capital de EE UU.
Londres teme que Estados Unidos quiera reforzarse como capital financiera
El Tesoro estaba tratando de determinar cuántas de esas transacciones estaban sujetas al régimen de sanciones y si algunas están vinculadas a organizaciones terroristas o para financiar el programa nuclear iraní.
En el centro de la investigación están las transacciones en U-turn, o de media vuelta. El dinero que va a parar a clientes iraníes era canalizado y autorizado por la oficina de Standard Chartered en Nueva York, pero nunca tenía origen o destino en un banco en Irán. Se utilizaba para ello entidades extranjeras.
Irán está sujeto a sanciones económicas desde 1979, pero este tipo de transferencias no se prohibieron hasta finales de 2008 para evitar que Teherán usase esa vía para financiar sus ambiciones nucleares. Mervyn King, gobernador del Banco de Inglaterra, ha criticado la falta de coordinación.
StanChat indicó que el 99,9% de las transacciones que realizó con clientes iraníes entre 2001 y 2007 eran del tipo U-turn y no estaban sujetas a sanciones.
El supervisor bancario en Nueva York dice que actuó por impaciencia, al ver que los reguladores federales no avanzaban tras dos años de investigación, en la que también participan la Reserva Federal, el Departamento de Justicia, el FBI y la fiscalía general en Manhattan. Sorprendió a todo el mundo con el pie cambiado a ambas orillas del Atlántico.
Las acusaciones castigan de nuevo la imagen de la banca británica
La maniobra de Lawsky está siendo muy criticada en Reino Unido, donde no ganan para disgustos con la City. No hace ni un mes que el regulador en EE UU multó a Barclays con 360 millones por manipular el tipo que se aplica a los préstamos entre bancos (líbor). Londres también le sancionó. Unos días antes un informe del Senado norteamericano acusó a HSBC de participar en labores de lavado de dinero por parte de los carteles de la droga en México y del tráfico de armas.
El laborista John Mann teme que haya una actitud antibritánica por parte de reguladores y políticos estadounidenses, para reforzar el predominio de Nueva York como capital financiera. Amenaza que también ve el alcalde londinense, Boris Johnson. Y, en cierta medida, es el propósito que se fijó Andrew Cuomo cuando se hizo con el puesto de gobernador para reforzar la región tras le hecatombe de Lehman Brothers.
Ante el riesgo de que se mine la relación con Londres, los reguladores en Washington intentan coordinar la acción con Nueva York antes de la audiencia prevista con la entidad el miércoles. Se especula con que la sanción podría llegar a 700 millones, por encima de los 619 millones que se impuso al holandés ING en una investigación similar. Está por ver es si StanChat utiliza la descoordinación entre los reguladores como argumento para rebajarla.
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