El BCE confirma que no exigió a Zapatero modificar la Constitución española

El defensor del pueblo europeo, Nikiforos Diamandouros, ha cerrado una investigación en torno a la carta que el Banco Central Europeo (BCE) envió al Gobierno español en agosto de 2011. En aquella misiva, cuyo contenido nunca ha sido revelado, se incluían una serie de condiciones del instituto emisor como paso previo para salir a comprar deuda española en los mercados y atajar el acoso de los mercados. No obstante, según ha confirmado esta institución, ninguna de ellas hacía referencia a la obligación de modificar la Constitución.

Diamandouros responde así a una queja presentada por un abogado español al que le fue denegado el acceso a una carta enviada por el BCE al Ejecutivo español. El Defensor del Pueblo europeo coincide con la institución financiera en que el documento no debía ser divulgado al público, pero ha revelado parte de su contenido, tal y como ha adelantado esta mañana el diario Cinco Días.

"Con el acuerdo del BCE el Defensor confirmó al reclamante que la carta no sugería cambios en la Constitución Española", según un comunicado de los servicios de Diamandouros, en el que también aclaran que "la negativa de proporcionar acceso a un abogado español a la carta enviada por el BCE al Gobierno español fue justificada".

El Gobierno de Rodríguez Zapatero modificó la Constitución española en septiembre de 2011 para limitar la deuda pública poco después de que el BCE, entonces presidido por Jean-Claude Trichet, envió una carta confidncial al presidente Rodríguez Zapatero "en la que expresaba la preocupación del BCE sobre la situación extremadamente difícil de la economía española y la necesidad de tomar medidas rápidas", señala el defensor del pueblo europeo. No obstante, más cerca del acuerdo entre PSOE y PP que permitió el acuerdo que dio pie a modificar la Carta Magna, también la canciller alemana, Angela Merkel, y el entonces presidente francés, Nicolas Sarkozy, se habían mostrado a favor de introducir en las diferentes constituciones un la prohibición del déficit.

El defensor del pueblo asume que la entidad emisora europea ha rechazado facilitar esta carta a un abogado español porque argumenta que "tal divulgación perjudicaría el interés público por lo que respecta a la política económica y monetaria de la UE o de un Estado miembro". Diamandouros explica que recibió una "descripción detallada del contenido y objetivos" de la misiva y de las razones por las que se negó a divulgarlas.

El defensor del pueblo europeo ha cerrado el caso y concluido que divulgar la carta "podría poner en riesgo los intereses en juego", si bien ha recibido el consentimiento del actual presidente del BCE, Mario Draghi, para revelar al reclamante que "la carta no sugería cambios en la Constitución Española". "El reclamante se declaró satisfecho con este resultado", añade.