Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal

La medida del Gobierno permite a los defraudarores lavar su dinero pagando un 10%

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Socialista contra la regularización fiscal promovida por el Gobierno para aflorar rentas ocultas, la conocida como amnistía fiscal. Esta controvertida medida, que ha suscitado el rechazo de los inspectores de Hacienda, tampoco cuenta con el apoyo de organismos internacionales como el FMI, mientras la Comisión Europea ha advertido de que no es la mejor manera de mejorar la recaudación.

En concreto, el recurso se refiere a la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de marzo, que recoge la posibilidad de declarar dinero oculto sin sanciones, intereses o recargos con la única tributación del 10%, aunque en algunos casos puede ser incluso menos. El Ejecutivo prevé aflorar unos 25.000 millones que está ocultos al Fisco o evadidos en paraísos fiscales.

Por tanto, el Gobierno estima que logrará recaudar unos 2.500 millones con la medida, aunque la regularización no avanza al ritmo esperado a tenor de las facilidades que está incorporando a favor de los defraudarores para animarlos a lavar su dinero.

El tribunal dará traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto de sus presidentes, y al Gobierno, a través del Ministro de Justicia.

El PSOE anunció a finales de junio su intención de presentar ante el Constitucional un recurso de inconstitucionalidad contra la regularización fiscal aprobada por el Gobierno y, al mismo tiempo, de solicitar en la Audiencia Nacional la paralización de la orden ministerial que amplió la regularización al dinero en efectivo.

En su recurso, el PSOE argumentaba que la regularización vulnera por partida doble la Constitución, es "especialmente injusta" en sus consecuencias y "manifiestamente contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad". Además, el escrito, basado en un informe previo del ex ministro de Justicia socialista Francisco Caamaño, considera que coloca a un colectivo de "contribuyentes-defraudadores" en una situación de "absoluto privilegio fiscal.

Antes de este cambio, una persona que quisiera regularizar una renta de un millón de euros obtenida en 2008 y ocultada a la Administración Tributaria, debería pagar 565.315 euros (430.000 euros en concepto de cuota, 86.000 por recargo y 49.315 en concepto de intereses de demora devengados), mientras que con la nueva normativa sólo serán 100.000 euros, según el PSOE.

El Gobierno socialista de Felipe González puso en marcha en 1991 una regularización fiscal para reducir el déficit con Carlos Solchaga como ministro de Economía. Los defraudadores pudieron lavar su dinero a través de declaraciones complementarias sin tener que pagar intereses de demora.