Las eléctricas temen el impacto sobre beneficios y financiación

Con el decreto de ajuste aprobado el viernes y el borrador de anteproyecto de ley —aún no aprobado— elaborado para reducir el déficit del sector eléctrico (24.000 millones de euros), el Gobierno ha logrado enfadar a todos los afectados: eléctricas tradicionales y su patronal, empresas de renovables con sus asociaciones, consumidores y Administraciones autónomas. Un pleno. Si esa circunstancia fuera prueba de equilibrio, se podría afirmar que los planes del Ejecutivo para aplicar nuevos impuestos al sector y rebañar 6.800 millones de euros, son equilibrados. Nadie está de acuerdo con ellos.

Las empresas eléctricas agrupadas en Unesa han rechazado de plano el paquete fiscal con el que el Gobierno pretende tapar el agujero del déficit. No quieren que se grave la facturación del régimen ordinario con un 4%, ni que se impongan tasas a las nucleares (10 euros por MWh) y a las centrales hidroeléctricas (15 euros MWh). Ni siquiera ampliando la duración de las concesiones como ofrece Industria.

Los argumentos de Unesa son gruesos: según sus cuentas, el beneficio de la actividad de generación en España de las empresas que representa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, E.ON España y HC-EDP), en torno a 3.000 millones de euros, desaparecerá. Más aún, las compañías, castigadas en Bolsa, deberían advertir a los mercados de cambios en la valoración de activos (impairment), lo que afectará a su calificación crediticia (la deuda conjunta es de 70.000 millones) y, lógicamente, a su financiación. La secuencia, de aplicarse el plan del Gobierno, según las eléctricas, sería como sigue: nuevos impuestos, impairment, rebaja de calificación, dificultades de financiación, fin de la inversión y riesgo para la prestación de un servicio esencial. Todo ello en un contexto de caída de la demanda (a niveles de cinco años atrás), exceso de capacidad (100.000 megavatios instalados para un pico de demanda que ronda los 40.000 MW) y centrales de gas infrautilizadas (25.000 MW que funcionan un tercio de las horas estimadas).

Para el sector de las energías renovables tampoco caben análisis templados de las medidas de ajuste adelantadas. Tras la moratoria a las primas en nuevos proyectos aprobada en marzo, el sector rechaza la imposición de nuevos impuestos que oscilan entre el 3% a las centrales minihidráulicas y el 19% a las instalaciones fotovoltaicas, pasando por el 13% a las plantas termosolares.

La presión ha dado algún fruto e Industria estaría buscando fórmulas para compensar los nuevos impuestos al sector, según explicó ayer la asociación de productores e inversores en renovables Anpier.

La Fundación Renovables, por su parte, calificó ayer mismo de “suicida” la política energética del Gobierno y consideró que las medidas propuestas, si se aplican finalmente, conducirán al “abandono definitivo” y a la “ruina” del sector de las renovables en España.

El sector más afectado, el fotovoltaico (4.300 MW instalados), ha advertido de que los planes del Gobierno serán un golpe mortal si se aplican. La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) sostiene que hay 200.000 familias inversoras que están afectadas por la incertidumbre sobre proyectos que muchas entidades vendieron como si se tratara de productos financieros. Las cuentas de UNEF son rotundas: están en riesgo 25.000 millones de inversión, apoyada en una deuda bancaria de 20.000 millones de los que tres cuartas partes corresponderían a entidades españolas.

Las críticas de la asociación que agrupa a las empresas con proyectos termosolares, Protermosolar, tampoco son suaves. El 13% del impuesto que prevé aplicar el Gobierno lo califica, directamente, de “confiscatorio”. Y contrataca: “Algunos costes del sistema eléctrico —pagos por capacidad, 1.500 millones; interrumpibilidad, 500; transporte, 1.500; distribución 5.400, etcétera—, no han sido suficientemente revisados, cuando ofrecen posibilidades de recorte notables”.

Las medidas de ajuste en el sector eléctrico repercutirán en los consumidores. Para empezar, la subida del IVA del 18% al 21% encarecerá el importe del recibo medio, según la organización de consumidores Facua en 1,98 euros. Será en septiembre, cuando entre en vigor la subida, que se sumará a los 3,20 euros de incremento registrados en julio por la subida del 4%.

Según Facua, un usuario con 4,4 kilovatios (KW) de potencia contratada y un consumo mensual de 366 kilovatios por hora (la media en España, según un análisis sobre más de 50.000 facturas de viviendas ocupadas) pagará al mes 79,66 euros 62,63 euros más el 27,19% que representará la aplicación del impuesto sobre la electricidad y el IVA.