España hace suyas las recetas impuestas a los países intervenidos

Pese a que el principio de acuerdo aprobado entre el Gobierno y los estados miembros de la zona euro para la concesión de 100.000 millones de euros para el rescate de la banca española es menos amplio y a la vez menos específico que los pactos concertados entre el Eurogrupo y los otros países rescatados, el Ejecutivo español ha decidido reducir el déficit adoptando medidas muy similares a las tomadas por Grecia, Irlanda y Portugal.

El Consejo europeo del martes sirvió para dar a España más tiempo para enfrentarse al reto de reducir el déficit público en una economía en recesión. Pero la presión de los mercados, y la creciente preocupación de los socios europeos con la capacidad del Gabinete de Mariano Rajoy de encontrar una salida a la crisis, han aumentado la necesidad de demostrar ante el Eurogrupo la seriedad de su compromiso.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, dijo tras la petición formal del rescate el 29 de junio que la línea de crédito para la banca española únicamente impondría condiciones a los bancos. El memorándum de entendimiento, el documento que precisa las medidas que debe tomar el Gobierno español para recibir el crédito, le da la razón, si se compara literalmente con los documentos que tuvieron que firmar los Ejecutivos griego, irlandés y portugués.

Así, el acuerdo griego, firmado el 10 de mayo de 2010, establecía firmemente una serie de políticas que el Ejecutivo heleno prometió aplicar de inmediato, entre las que se encontraban la subida del IVA, la suspensión o abolición de pagas extraordinarias, una rebaja del salario mínimo, una profunda reforma de la administración local y una reducción drástica del número de empleados de las Administraciones públicas.

El memorándum irlandés, concluido en diciembre de 2010, también vino acompañado de draconianas rebajas del gasto público por parte del Ejecutivo entonces presidido por Brian Cowen, que debió afrontar un recorte de gasto público por valor de 2.090 millones de euros, cerca de un 1,5% del PIB. Para ello, el Gobierno irlandés se comprometió a una reducción del salario mínimo de un 12%, a la implantación de un impuesto de bienes inmuebles y a introducir una tasa por emisiones de dióxido de carbono. Además, Irlanda prometió reducir el número de funcionarios públicos en 23.500, de un total de 107.000.

El acuerdo portugués, firmado en mayo de 2011, también abunda en recetas de obligado cumplimiento por el Ejecutivo luso. Además de reducir los salarios de los funcionarios y eliminar cuatro días festivos, el acuerdo planteó otras medidas como una reforma del código fiscal, para aplicar un nuevo tramo del IRPF y retirar regímenes especiales y deducciones, además de un recorte en la construcción de infraestructuras. Entre las obras que se suspendieron o aplazaron están el polémico nuevo aeropuerto de Lisboa y el tren de alta velocidad entre Madrid y la capital portuguesa.

Comparado con estos ajustes, el pacto entre el Gobierno español y sus socios comunitarios es mucho menos específico y más centrado en la reforma en profundidad del sector bancario.

No obstante, tanto las medidas de contención de déficit tomadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como las adoptadas por el Ejecutivo salido de las urnas el pasado 20 de noviembre siguen a rajatabla el patrón establecido por la troika comunitaria en los países intervenidos.

Así, por el lado de los ingresos, se han subido los impuestos, tanto los directos como los indirectos, incluyendo la implantación de impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero. En los cuatro países el tipo máximo del IVA se ha elevado y se han revisado las tablas del impuesto al consumo. Y la edad máxima de jubilación se ha incrementado.

Y del lado de los gastos, las medidas también han sido similares: un recorte en el gasto público, especialmente en infraestructuras; una reducción del número de funcionarios; la implantación del copago sanitario y la retirada de las pagas extraordinarias en las Administraciones públicas.