Los nombres y apellidos detrás de los recortes del Gobierno de Rajoy

Javier Hernández es uno de los 250 funcionarios de Justicia que se han manifestado esta mañana frente a la sede del PP, en la calle de Génova. Lleva 22 años en el cargo y afirma que los recortes suponen ya un descenso superior al 30% desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

“El que nos quiten la paga extraordinaria supone una bajada del 7% en nuestro salario. Entre los recortes de Zapatero, las congelaciones de sueldo y las bajadas por parte de la Comunidad de Madrid, hemos perdido un 30% de nuestro poder adquisitivo. Si antes disponíamos de 100 euros para comprar, hoy tenemos que pasar con 70”, manifiesta.

“No sabemos qué más medidas va a incluir el decreto que apruebe hoy el Gobierno. Mañana tendremos que leerlo bien, pero ya han aprobado cosas que son una auténtica burrada, como la movilidad geográfica. Los funcionarios y trabajadores públicos no pueden cerrar su casa e irse a vivir a otra ciudad con los sueldos que cobran”.

Asegura que pagan la hipoteca con muchas dificultades y que hay “decenas de compañeros” que ya saben que no podrán pagar los libros de texto de sus hijos para el próximo curso: “Por culpa de esta gente se está arruinando a familias enteras”

“La gente siempre habla mal del funcionario, pero no se da cuenta de que sin médicos, sin bomberos, sin trabajadores de Justicia todo esto se hunde. Que la gente no se equivoque. Nosotros también trabajamos y no es justa la fama de vagos que tenemos”.

Victoria Vilar es trabajadora interina del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Esta mañana se ha manifestado frente a la sede del PP. Ve con mucha preocupación los recortes aprobados esta semana y duda mucho que pueda llegar a final de mes con la pensión que recibe su marido ya jubilado y su sueldo. Sufre además una discapacidad del 56% en la vista.

“Con los recortes nos están descontando unos 200 euros al mes, de una nómina de 1.300 euros incluidos los trienios. Limpios, cobraré menos de 1.100 euros, lo que es muy poco”. A la bajada también se une que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha descontado dinero a los interinos: “Y eso con mis dos hijas, de 24 y 28 años en casa. Son universitarias y con formación, pero tienen que vivir con nosotros porque no encuentran nada de trabajo. Están en el paro”.

“Lo que más me cabrea es que no se metan con los banqueros. Las medidas que están tomando de tanto recorte y de quitar prestaciones deberían empezar por ellos, por los políticos. Dudo mucho que Esperanza Aguirre pase problemas económicos como nos pasa al resto de empleados”.

“Si nos bajan todo lo que nos dicen y encima nos quitan la paga extra de Navidad, no sé cómo vamos a llegar a final de mes. El dinero no nos llega para hacer frente a todos los pagos y a comer, vestir,…”

Miguel García ha pasado años de su vida dedicado a la Administración. En el relato de sus circunstancias hay pinceladas de humor y de enfado. García es mileurista, su mujer está en paro, y sobre su sueldo recae la totalidad de la hipoteca que está pagando cada mes, algo más de 300 euros. Ambos tienen un hijo que, “gracias a Dios”, está trabajando. Por la supresión de la paga extra, afirma, “viajar en verano se acabó: estoy moreno porque corro por el parque”. García considera que el Gobierno de Rajoy “está muy equivocado” y que “se va a liar una de miedo”. El empleado público reclama que la reacción antes los recortes sea “mucho más drástica”. “¡Lo de los mineros tiene que duplicarse!”, dice contundente.

Eloísa Díez se considera una persona afortunada: no tiene la carga de una hipoteca ni hijos, y cobra más de 2.500 euros mensuales. A pesar de ello, estuvo con sus compañeros en la concentración del jueves a mediodía ante Nuevos Ministerios, en el paseo de la Castellana. “Está justificado que se tomen medidas, pero no estas”, explica. “La supresión de la paga de Navidad resulta absurda por burda”. Díez cree que los recortes no deben afectar siempre a los mismos. “Hubiera sido más razonable aplicar la rebaja de acuerdo con el salario”, ya que hay funcionarios que ganan una cantidad “muy por debajo de la que necesitan para vivir”. Para esta empleada pública, la huelga general está ahora “totalmente justificada”. Lo peor de todo, según Díez: en España no se adoptan políticas de crecimiento. El problema es “la falta de reflexión de los políticos” y que no se tomen “medidas sosegadas”.

Mirka Arendacz, polaca de 31 años, se ha ido a apuntar esta mañana al paro. Desde septiembre ha trabajado como profesora de inglés en una academia de idiomas. Su contrato se terminó y no tiene esperanzas de encontrar algo antes de que se reinicie el curso. En su último trabajo ya había sido víctima de los recortes. “En enero nos bajaron el salario un 20%. Además, todos teníamos que ser autónomos para que no nos tuvieran que pagar la Seguridad Social”, relata. Ahora está preocupada por el futuro de sus finanzas: “Desde que me vine de Polonia, hace dos años, todo ha empeorado mucho”. Cuenta que sus amigos están también en el paro y que le llama la atención comparar la situación que vive España con la de otros países europeos. “La gente no ve un futuro, es muy triste”. Aun así piensa permanecer en el país, por lo menos por ahora.

En agosto de 2011 Eduardo Ruiz de Velasco, un informático que trabajaba como teleoperador, pidió una excedencia y dejó su puesto de trabajo para montar un locutorio con su mujer. La crisis se llevó su negocio y muchos de los sueños de ambos por delante. Este viernes ha acudido a inscribirse como parado. Su excedencia se lo permite. Cobrará en torno a 800 euros mensuales. Su hijo de 20 años también está en paro. “Ni la reforma laboral ni reducir la prestación por desempleo un 10% o un 70%: el problema es la clase empresarial”, afirma rotundo. “Cuando eres joven, te dicen que no tienes experiencia; y cuando tienes experiencia eres demasiado viejo, ¿qué es lo que quieren?”. Ruiz de Velasco se muestra pesimista respecto a la posibilidad de encontrar empleo: “No tengo ninguna esperanza en que me contraten. Sé que debo montar algo yo o irme de aquí”.

Laureano Menéndez ha dedicado 27 de sus 57 años a trabajar en la cervecería que posee junto a su hermano Pedro en la calle Mayor de Madrid. Cuenta que su negocio se ha visto afectado tanto por la crisis como por la prohibición de fumar en él. “Ahora se vende mucho menos de comer y poco de tomar”, afirma. Por eso teme que el alza en el IVA (del 8% al 10% en hostelería) repercuta todavía más en la afluencia de clientes. “No he vivido una época tan mala como esta”, sostiene. Menéndez asegura que no ha subido los precios en los últimos cuatro años. Tampoco cree que lo pueda hacer ahora, porque considera que perderá público. Por eso ve que la única alternativa para pagar los mayores costes que se producirán con el alza del IVA será aumentar sus horas de trabajo.

A Cecilia Nieto se le empañan los ojos al hablar de la situación económica por la que atraviesa su sector. “¿La subida del IVA? No tengo palabras”. Su tienda de licores, abierta al público desde hace tres años, se ha visto afectada por la crisis. Las ventas directas al público y a bares y restaurantes han bajado considerablemente: “Se cargan la hostelería. A veces vamos a cobrar los pedidos hechos y el negocio ha quebrado”. Con la subida del IVA, que en hostelería será de dos puntos (de un 8 % a un 10%), teme que haya aún menos ventas: “Acabaremos cerrando todos, ¿qué vamos a hacer? Es insoportable”. Nieto se muestra muy desesperanzada: “Se hacen recortes en todo, pero siempre a los mismos. La clase media termina y volvemos a una sociedad de ricos y pobres”.

Rafael Monteagudo trabaja en una agencia de viajes. Mientras toma un café con hielo en un bar delante de su casa asegura haber notado cómo su calidad de vida ha mermado. Ahora se prepara para que las medidas aprobadas por el Gobierno, especialmente la subida del IVA, sigan profundizando esa situación. “Nos atracan”, asegura. “Lo único que importa en España es el fútbol, y mientras tanto, a aguantar con todo”. De momento, Monteagudo ve el desempleo desde lejos, pero afirma que muchas personas de su alrededor lo sufren. A la vez se muestra especialmente con la clase política: “La única solución que veo es echarlos a la calle. Ellos se supone que son los que tienen que arreglar España, y ¿qué hacen?”, se pregunta.

Isabel Sierra, a sus 29 años, ha vivido en carne propia el desempleo juvenil. Está en el paro desde que, hace unos meses, cerraron el centro de apoyo psicológico a drogodependientes en el que trabajaba junto a otras 60 personas. “Los despidieron a todos”, comenta. Sierra no ve posible tomarse vacaciones y ya ha reducido su gasto en el supermercado, sobre todo remplazando unos productos por otros más económicos. Comparte piso y teme que por su situación tenga que mudarse. “Puedo pasar de algunas marcas, pero espero no tener que recortar además en vivienda”, sostiene. Sobre el aumento del IVA, es categórica: “No estoy nada de acuerdo con estas políticas”.