El Gobierno ofrece a las eléctricas más años de negocio nuclear e hidráulico

Los planes del Gobierno para sanear el sector energético mediante nuevos impuestos y tasas a las diferentes tecnologías, en especial a las centrales nucleares (10 euros MWh) e hidroeléctricas (15 euros MWh), tuvieron ayer un fuerte impacto en Bolsa. Las compañías tradicionales más grandes sufrieron importantes caídas: Iberdrola cayó un 5,81%, Endesa un 2,75% y Gas Natural Fenosa un 2,94%. La bofetada en Bolsa encendió los ánimos de las compañías. Tanto, al menos, como los de las asociaciones que agrupan a las empresas de energías renovables, que manifestaron también su rechazo a los nuevos impuestos anunciados por el ministro de Industria, José Manuel Soria para, junto con otras medidas, adecentar las cuentas del sector energético con 6.800 millones: un 11% a la facturación de energía eólica, un 19% a la fotovoltaica, un 13% a la termosolar y un 4,5% a la biomasa.

El plan del Gobierno incluye la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares en 10 años (de 40 a 50 años) y de las concesiones de las centrales hidroeléctricas (75 años) en 20 años. Pero ni siquiera esa compensación, que entre otras cosas aseguraría el derecho a percibir una indemnización en caso de que otro Gobierno optara por cerrar centrales, contentó a las compañías agrupadas en la asociación patronal Unesa. Estas sostienen contra viento y marea que ni las centrales nucleares ni las hidroeléctricas están amortizadas. Por discutir, discuten toda la letra menuda del proyecto que ha diseñado el Ejecutivo: afirman —con cifras que aseguran auditadas— que Industria ha diseñado los nuevos impuestos con precios irreales de 29 euros MWh para la energía nuclear y de 19 euros MWh para la hidráulica, cuando los precios reales son, respectivamente de 59 euros y 62 euros MWh.

Según sus cuentas, el tijeretazo a las cinco eléctricas tradicionales de Unesa (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, HC y Viesgo) por los nuevos impuestos y tasas sería de unos 2.500 millones. A ellos habría otros 1.000 millones por los recortes en los ingresos de distribución que se les aplicó hace tres meses. Total 3.500 millones de recorte frente a unos ingresos por generación y distribución en 2011 de las cinco compañías mencionadas de 3.063 millones. Conclusión de las empresas: el negocio se va por el desagüe.

Claro que hay otras cuentas. Por ejemplo, las que hacen los especialistas rivales de las asociaciones de renovables: según sus cuentas, 10 años de prórroga en la vida de las nucleares y 20 en las hidroeléctricas aseguran a las empresas tradicionales ingresos añadidos de 60.000 millones de euros.

En una cosa coinciden ambas partes: la reforma energética en la que el Gobierno, supuestamente, ha trabajado desde que asumió el poder, se ha quedado en un rompecabezas fiscal. No se entra en materia. Un ejemplo: nada se dice, en los planes de Industria, sobre metodología de cálculo de tarifas, sobre funcionamiento de las subastas de energía Cesur, bajo sospecha desde hace más de un año o sobre medidas de ahorro en un contexto recesivo. “No es una reforma” sostiene la presidenta de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Rocío Sicre; “es un parche que no soluciona el tema del déficit tarifario (24.000 millones de euros de deuda)” afirma Javier García Breva, de la Fundación Renovables; “sacrificios sí, pero no más que el resto de sectores” concluye el presidente de la patronal Fotovoltaica UNEF, Jorge Barredo; no es una reforma sino “una grave discriminación”, abunda la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA).

10 años más para las nucleares y 20 para las centrales hidroeléctricas

Sobre toda la polémica reforma energética pende la sombra del enfrentamiento entre el departamento de Industria y el de Hacienda, confirmado por fuentes que han tenido contacto con ambas partes. Según la versión más extendida, Hacienda impulsa la tramitación de la reforma como proyecto de ley porque teme como al fuego a un encaje apresurado en el andamiaje tributario de impuestos que discriminan por tecnologías a la hora de aplicar gravámenes y que podrían ser recurridos. La tramitación como ley aseguraría la negociación. Industria, por el contrario, quiere aplicar soluciones ya porque el problema del déficit no admite demoras.