Deuda eléctrica: con la ley en los talones

El año próximo, el sector eléctrico tiene que estar como una patena: limpio, brillante, sin manchas, sin deuda. Lo dice la ley (Real Decreto 14/2010): en 2013, el déficit tarifario —la diferencia entre el coste real de la electricidad y lo que los usuarios pagan por ella, según definición de la Comisión Nacional de la Energía (CNE)— tiene que ser cero. Se trata de contener la marea de deuda acumulada desde el año 2002 que a finales de este año puede rondar los 29.000 millones de euros, en torno al 3% del PIB español. “No se puede admitir que el déficit tarifario se convierta en un problema de déficit público” aseguró el ministro de Industria, José Manuel Soria, recién iniciado el año. Para hacer frente al problema, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer, sin concretar, que se va a modificar la fiscalidad del sector.

Pero hay asuntos, como es el caso del déficit, sobre los que es más fácil hablar que actuar. La prueba: han pasado seis meses desde la rotunda sentencia de Soria. No en vano, el déficit tarifario ha convertido al consumidor eléctrico español en un caso único en el mundo, según destacó la consultora PwC. “España” señaló en su informe Diez temas candentes del sector eléctrico español “es el único país del mundo en el que los clientes mantienen una deuda con el conjunto del sector eléctrico”.

A la vista de las definiciones de la CNE sobre el déficit y de las conclusiones de los expertos, cabría pensar que el consumidor español no ha hecho otra cosa sino beneficiarse de tarifas irreales, baratas, responsables últimas de una montaña de deuda que hay que pagar a 15 años vista, previa colocación —cuando se puede— en el mercado con aval del Estado. Pues no. El consumidor de electricidad español, además, paga tarifas que están entre las más caras de la UE (datos de Eurostat sin tener en cuenta los impuestos) tras subir más de un 70% en apenas seis años.

El mal funcionamiento del sistema es evidente. Y parece haber llegado la hora de adoptar medidas. Las que se han tomado hasta la fecha no son suficientes. Industria, hasta ahora, ha decidido aplicar una moratoria al pago de primas a las nuevas instalaciones de renovables, subir las tarifas eléctricas a los usuarios (7% en abril y 4% en julio), recortar los pagos (en torno a 1.150 millones) a las compañías tradicionales por distribuir y tener disponibles las centrales, así como prolongar la vida útil de la central nuclear de Garoña (50% de Endesa y 50% de Iberdrola), que debía cerrar en 2013, otros seis años al menos.

Las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido insuficientes

Pero son necesarias más medidas. Y mientras llegan, los actores energéticos de la representación, agrupados por intereses (eléctricas, empresas fotovoltaicas y termosolares, petroleras y grandes industrias consumidoras, fundamentalmente) batallan por salir lo más indemnes posibles de la reforma que plantea el Gobierno. En general, la táctica que emplean es simple: la culpa —la causa de que el consumidor eléctrico deba al sector eléctrico un 3% del PIB— es del rival.

La pelea y la reforma tienen lugar —no hay que olvidarlo— en un momento de fuerte caída de la demanda (-2,1% en 2011, a niveles de 2006) y con un sector eléctrico hinchado, agobiado por un exceso de capacidad (100.576 MW) que es muy evidente en el caso de las centrales que funcionan con gas.

En el todos contra todos, las eléctricas llevan cierta ventaja porque tienen experiencia en la labor de lobby, conocen todos los meandros de la Administración y están más que acostumbradas a influir en la opinión pública. Desde su punto de vista, aliñado por la patronal que las agrupa, Unesa, las responsables del déficit que ahoga al sector energético son las energías renovables. No todas ellas —por su puesto no la energía eólica—, sino las solares: fotovoltaica, protagonista de la gran burbuja del quinquenio 2005-2010 y termosolar. Para Unesa, el caso es claro: los 7.000 millones anuales en primas destinadas al régimen especial (incluye la cogeneración) son la causa del desbarajuste.

La reforma del sector se plantea en un momento de fuerte caída de la demanda

En el extremo opuesto, las empresas fotovoltaicas y termosolares, señalan a los privilegios obtenidos por las empresas tradicionales a la hora de fijar los precios de la distribución y del transporte (regulados), así como los precios de la energía en las subastas trimestrales como la causa del desastre que sufre el sector.

Las cuentas de las empresas solares contra las tradicionales son contundentes: según afirman, los beneficios de las grandes compañías por transporte y distribución desde que comenzó a crecer el déficit de tarifa superan lo que ellas han cobrado en subvenciones; además, están pendientes de liquidación los famosos CTC (costes de transición a la competencia) y hay que examinar con lupa el funcionamiento de un sistema que retribuye por igual a las diferentes tecnologías, sin tener en cuenta si están o no amortizadas.