El inversor se rebela contra el gestor

A rebufo de la Primavera Árabe, los accionistas han empezado a rebelarse con fuerza contra las retribuciones multimillonarias de los dirigentes de las compañías cotizadas en que participan y donde ellos no dejan de perder valor, acuñando una denominación para este fenómeno que, al menos en Reino Unido, ya se ha cobrado sus primeras víctimas, las cabezas de los máximos responsables de Aviva, AstraZeneca o Xstrata, entre otras, que han caído por la presión ejercida por los inversores en lo que se ha dado en llamar la Primavera del Accionista.

Las quejas ya se están trasladando a España, “donde estamos viendo querellas, primero civiles y luego penales, contra los administradores de entidades financieras, sector en el que está puesto el foco; aunque en breve se replicará en otros, como el inmobiliario”, prevé Ignacio Gil-Casares, socio de la firma de cazatalentos Spencer Stuart. “Es indudable que ha habido un exceso en las remuneraciones”, agrega.

“Los accionistas han perdido mucho valor y no están satisfechos con desembolsar esos salarios tan elevados o los de los dirigentes que se fueron de la compañía en 2011”, mantiene José Ramón Pin, profesor del IESE, para quien la confianza en los gestores ha desaparecido y para recuperarla tendrán que reducir sus emolumentos. “Si no se cumple que aporten valor al accionista, hay que negociar una merma de los salarios fijos y los bonus”, afirma.

El 40% de los accionistas replican a las empresas en sus juntas

También es indudable que los accionistas de las empresas, impulsados por los fondos de inversión extranjeros y sus representantes en las juntas de las compañías españolas en que están presentes, los proxy advisors, empiezan a revolverse contra los gestores. Este año se estrenaba por ley la votación consultiva de los sueldos de los administradores en las juntas de accionistas. Y los votos en contra que han recibido algunas compañías (en Repsol y Telefónica se han opuesto una cuarta parte de los accionistas, y en Ferrovial, Banco Santander y Mediaset, cerca del 10%) demuestran ese mayor activismo inversor. De momento, sin consecuencias. Pero, como señala Pedro Yágüez, socio de Governance for Owners, que participa en tres empresas españolas, Viscofán, Jazztel y Pescanova, “aunque los votos aún no son vinculantes, sí provocan cambios en las empresas, como hemos comprobado en Viscofán”.

Governance for Owners se mostró contraria a la política de remuneraciones de la empresa navarra y a la permanencia en el cargo de los consejeros durante más de 12 años. “Lo más interesante ha sido la reacción de Viscofán. Ha anunciado una limitación al mandato de los consejeros, así como cambios en los comités de auditoría y nombramientos, transformaciones que si no hubiésemos presentado las resoluciones no se habrían producido”, explicaba en una jornada sobre gobierno corporativo organizada esta semana por el Instituto de Consejeros-Administradores (IC-A).

En opinión de Juan Álvarez-Vijande, director ejecutivo del IC-A: “Hay un claro retroceso en el gobierno corporativo de las empresas cotizadas españolas en los últimos 12 meses y serias dudas sobre los comportamientos éticos de sus gestores”. “En algunas compañías se ha retrocedido sin duda”, apoya Gil-Casares. Pasos atrás que tienen mucho que ver con los cambios estatutarios en torno a las actuaciones de las que tradicionalmente se quejan los inversores institucionales extranjeros, es decir, además del asunto de las retribuciones, de la falta de independencia de los consejeros tildados como tales y su perpetuación en el cargo y la falta de separación de poderes entre el presidente del consejo de administración y el primer ejecutivo de la compañía; y que este año han recibido la oposición del 40% de los accionistas en las juntas de este año, según admitían en la jornada las representantes de Hermes, Georgeson y Glass Lewis.

Telefónica, Repsol,  BBVA, Santander, las que más votos en contra acaparan

Sirva como ejemplo el BBVA, cuyo presidente, Francisco González, ampliará su mandato hasta los 75 años y cuyos consejeros independientes no verán limitado los suyos a 12 años; o Ferrovial, que también obvia esta barrera temporal para sus independientes. O Iberdrola, que ha simulado un reparto de poderes nombrando un consejero-director general, mientras que Ignacio Sánchez Galán continúa como presidente y consejero delegado de la compañía.

Las sociedades más penalizadas por sus accionistas en lo que se refiere a la renovación el de los cargos en el consejo vuelve a ser Banco Santander, con quejas cercanas al 30%.

Tomás Garicano, profesor de IE Business School, señala otra de las involuciones en el gobierno corporativo de las compañías cotizadas españolas, el incremento de los blindajes de sus primeros ejecutivos ante el despido. El 46% de los consejeros ejecutivos y miembros de la alta dirección de las empresas del Ibex 35 tienen derecho a indemnizaciones multimillonarias, que en Caixabank llegan al 100% y que en BBVA y Santander sobrepasan el 70% de los ejecutivos. “El paquete indemnizatorio no puede ir más allá de uno o dos años de salario”, insistía la responsable del proxy advisor Georgeton en España, Paola Gutiérrez, en vez de los cinco años que algunos consejos de administración han fijado para sus miembros.

Pese a todo, los altos mandatarios de las 50 empresas consultadas este año por PriceWaterhouseCoopers para elaborar su informe anual de gobierno corporativo dan un notable a la calidad y eficacia de sus consejos de administración. Y aquí no ha pasado nada.