“Perdonen, les he defraudado”

El mercado de las acciones preferentes en España, 25.962 millones de euros, un millón de clientes bancarios, ha sido una barahúnda de tal calibre que exige una solución global.

A quienes resulta imposible imaginar que la culpa recaiga más acá de los reguladores, los inspectores o la autoridad política —piove, porco Governo!— les conviene reparar en dos episodios.

Uno es exterior, un aderezo del estallido de Barclays. Este banco, junto con Hongkong-Shanghai (HSBC), Royal Scotland (RSB) y Lloyds han acordado indemnizar con 7.500 millones de euros a clientes no sofisticados a los que vendieron activos financieros arriesgados sabiendo que estos no eran muy conscientes del riesgo que asumían. Igual que en el escándalo de las preferentes españolas.

El otro episodio sucedió hace una semana. “Pido perdón a mis clientes por haberles vendido acciones [preferentes]. Yo les pasé la información que mis superiores me facilitaron. Pero por primera vez en toda mi carrera profesional, siento que les he defraudado. Para poder mirar al futuro hay que mirar al pasado. No es posible que quienes han puesto en riesgo nuestro futuro puedan quedar impunes”. Así conmovió a la junta de Bankia Xavier Carballeda, exdirector de sucursal de Caixa Laietana/Bankia.

Los bancos británicos compensan con 7.500 millones de euros a sus clientes de preferentes. ¿Y aquí?

Las preferentes son un producto híbrido, a medias bono, a medias acción, perpetuo, y de alta retribución. Pero esta es variable, según el nivel de los beneficios de la entidad. Desde el acuerdo Basilea III alcanzado en 2010, dejaron de computar como capital bancario de primera calidad. Por eso muchos bancos las canjearon por acciones de verdad —para acreditar una mejor capitalización—, lo que hicieron según distintos formatos pero casi siempre con quitas o pérdidas para el cliente en el entorno del 25% del valor de la inversión.

Pero no todos pudieron hacerlo. De la cantidad inicial quedan vivos 8.500 millones de euros, en muy buena parte esparcidos por cajas ahora nacionalizadas, incapaces de compensar a sus víctimas: Bankia, 3.000 millones; NovacaixaGalicia, 961; CatalunyaCaixa, 500. Y quedan unos cuantos miles de gentes, en general humildes y de escasa cultura financiera —aunque también hay espabilados que codiciaban intereses del 7% sin reparar en posibles riesgos—, a los que ejecutivos bancarios presuntamente engañaron.

Les aseguraron que no había riesgo alguno, que sus mamás también habían invertido en igual producto, que eran como un depósito supergarantizado, y que en prueba de todo ello les entregaban seudolibretas con formato similar al de las sempiternas libretas de ahorro.

Como eran productos sofisticados, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) exigía que los clientes firmasen un test de idoneidad, el reconocimiento de que invertían con riesgo. Investigó a 18 entidades y abrió expedientes a siete —anónimas— aún inconclusos.

En muchos casos ese examen se disfrazó. O se minimizó. O se falsificaron las firmas del test. NovacaixaGalicia ha tenido que cerrar tres oficinas en Moaña (Pontevedra), hundidas por las protestas callejeras; su copresidente Mauro Varela tuvo que dimitir por haber “ofendido” a los clientes engañados; hay guerras civiles entre mandos intermedios y cúpulas directivas. Envenenadas además por las retribuciones y jubilaciones multimillonarias, en Galicia, en Valencia... Hay ya cuatro sentencias mercantiles (Justicia y Derecho, número 44). E imputados penales, incluso algún director de sucursal de entidades sólidas como Caixabanc.

La segunda reforma Guindos (RD Ley 18/2012, 12 de mayo) acabó de matar, con lógica de preservar el capital público no exenta de crueldad, algunas esperanzas que los inversores albergaban para recuperar su dinero: las entidades pueden desde entonces “diferir” el pago de intereses a sus clientes por un plazo inferior a 12 meses, y abonarlos después “solamente” si la entidad generase beneficios.

Hubo fraudes confesos. Debe haber solución, aparte de la persecución judicial.