Los inspectores se rebelan contra la ampliación de la amnistía fiscal

La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), la asociación mayoritaria del sector, ha advertido este miércoles de que no va a cumplir con las recomendaciones que ha realizado la Dirección General de Tributos sobre la amnistía fiscal que permite a los defraudadores regularizar su situación pagando incluso menos del 10% del capital evadido para ejercicios prescritos. La IHE recuerda que el informe de este organismo, dependiente del Ministerio de Hacienda, no es vinculante y justifica su rechazo en que estas indicaciones van en contra de la legislación actual.

En este sentido, advierten de que "considerar, sin base normativa alguna, que se deben deducir las deudas, o lo que es aún más grave, que debe descontarse el capital que se haya obtenido con rentas prescritas del pago del 10% de los activos ocultos, es una interpretación incorrecta, al ir más allá de lo dispuesto en la norma".

En su opinión, la interpretación que se recoge en el informe de que los capitales obtenidos con rentas prescritas no tributan y de que los defraudadores que estén en esta situación únicamente tendrá que pagar el 10% por los intereses y dividendos de los últimos tres años, "supondrá tasas efectivas de tributación ridículas para los grandes evasores fiscales". De hecho, calculan que esta rebaja hará "extremadamente complicado" alcanzar el objetivo recaudatorio previsto de 2.500 millones de euros.

"Si el Gobierno o las Cortes consideran que debe facilitarse esta “Regularización Fiscal”, lo que deben hacer es cambiar las leyes", añaden.

Sobre la afirmación que hace la Dirección General de Tributos en el informe en la que asegura que Hacienda no vigilará a los defraudadores que se acojan a la amnistía, los inspectores señalan que éste no es el "órgano que debe determinar qué comprobaciones puede o debe realizar el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria". En este punto, la AIH añade que las declaraciones especiales que permiten a los evasores regularizar su situación "son comprobables por la inspección, salvo que se modifiquen las leyes", insisten.

Por último, los inspectores ponen de relieve que la recaudación de la Agencia Tributaria ha caído hasta mayo en 3.500 millones de euros, respecto del mismo periodo del año anterior. "Esto se debe no sólo a la caída del crecimiento económico, sino también al desmoronamiento de la conciencia fiscal de los contribuyentes, derivada en parte de la amnistía fiscal, y a la falta de medios e impulso en la lucha contra el fraude fiscal", advierten.

En su opinión, sin embargo, "es imprescindible revertir esta situación y no agravarla con recortes indiscriminados en la Agencia Tributaria y potenciando la amnistía fiscal". Y la situación es factible de empeorar, vaticinan, lo que tendría "consecuencias graves" al poner en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit público.

El diputado socialista encargado de asuntos de Hacienda, Pedro Saura, ha criticado con dureza la amnistía fiscal. Los socialistas han recurrido ante el Tribunal Constitucional la medida y han presentado una demanda ante el contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional para paralizar el proceso de regularización hasta que decida el Constituicional. Saura ha censurado que "el Gobierno de mayores facilidades a los defraudadores para acogerse a la amnistía fiscal". Saura considera que "se ahonda en la indecencia, en la injusticia y en el error puesto que defraudar al Estado puede resultar ahora más barato mientras que para la mayoría de los ciudadanos  se suceden los recortes, se impone el copago farmacéutico y se aumentan los impuestos".