Los empleados públicos por oposición serán los últimos despedidos en los ERE

En los despidos colectivos de la Administración o las empresas públicas, los trabajadores que hayan pasado por algún tipo de oposición serán los últimos en salir, según una de las últimas modificaciones de la reforma laboral en el trámite parlamentario. Este cambio formaba parte de las 11 enmiendas parciales que ayer aprobó la Comisión de Empleo del Senado con los votos de PP, CiU y Grupo Mixto. Previamente, esta comisión había rechazado las tres enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE, ICV y PSC.

La reforma laboral aclaró mucho los despidos colectivos en el sector público. Estableció que bastaban tres trimestres de “insuficiencia presupuestaria” para poder rescindir contratos. La enmienda aprobada ayer no modifica este punto. Lo que hace es fijar quien tiene prioridad para permanecer en la empresa: el personal laboral fijo (los funcionarios no están afectados por la reforma laboral ya que su norma de referencia no es el Estatuto de los Trabajadores) que haya pasado por una oposición.

El pleno del Senado votará la reforma laboral la próxima semana

Para CSI-CSIF, uno de los principales sindicatos del sector público, este cambio es insuficiente que puede cambiar la actitud seguida hasta ahora. CSI-CSIF no secundó la huelga general ni otras protestas de los sindicatos mayoritarios (UGT y CC OO).

Las 11 enmiendas que se aprobaron ayer formaban parte del paquete presentado por el Partido Popular. El resto de cambios parciales propuestos tendrán que esperar a ver lo que decide el PP. “Estamos negociando y veremos”, declararon los portavoces populares al acabar la sesión de ayer.

La principal incógnita para lo que queda de trámite parlamentario en el Senado es saber qué sucederá con una enmienda presentada por CiU que pretende que cuando los jueces fallen contra un despido colectivo por defectos de forma, el despido no sea considerado nulo sino improcedente.

La propuesta del grupo catalán llega tras dos sentencias habidas en Madrid y Cataluña que han declarado la nulidad del despido tras quedar acreditado que los empresarios no habían demostrado que concurrían las causas alegadas para poner en marcha la regulación de empleo ni presentado la documentación preceptiva. “El Ministerio de Empleo está estudiando todas las enmiendas”, advirtieron los senadores populares, sin aclarar qué posición tomarán respecto a esta propuesta.