Llega el cobrador del frac, pero luce esmoquin

Si España debe pedir el rescate europeo suave, mejor antes que después. Hasta hoy el calendario apuntaba para finales de mes. El Gobierno había dicho que esperaba para entonces los resultados de las auditorías privadas sobre la banca. El nuevo gobernador del Banco de España tomará posesión el próximo lunes. Y a la prenegociación de la operación con los organismos comunitarios aún le faltan detalles clave, como el alcance de la condicionalidad. O sea, el nivel de las exigencias que en contrapartida a recibir la ayuda del fondo de rescate deberá cumplir España.

Pero todo se puede acelerar, aún a costa de dejar demasiado resquicio a la improvisación. El FMI ya está adelantando el agujero de capital a colmar con dinero público, unos 40.000 millones —la misma cifra que adelantó Emilio Botín—, calculados según un test de estrés propio cuya conclusión no debería diferir demasiado de la que planteen las consultoras, a no ser que enloquezcan con previsiones tremendistas del tipo de una recesión del 5% el año próximo tal como inicialmente calculan: algo que hundiría la parte sana y recurrente del negocio de la banca. El futuro gobernador debe ya disponer a estas horas de la información más relevante. Y la negociación de las condiciones del rescate con las instituciones y socios europeos podría fiarse a una típica noche de los cuchillos largos, algo demasiado peligroso para el país rescatable.

Es hábil adelantarlo para evitar el contagio griego, pero el llamado rescate suave será arduo

La presión e impaciencia del G-7 —en el que se acusó al Gobierno de ser “demasiado orgulloso” como para solicitar el rescate—, juega a favor de anticipar el procedimiento. Y también la conveniencia de despegarlo de Grecia y sus elecciones del próximo día 17. El anterior presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, cayó en el insomnio porque la prima de riesgo española evolucionase por debajo o emparejada a la de Italia. El afán de hoy es disociarla de una complicación contagiosa del expediente de Grecia, pequeña o mediana. O máxima, hasta el grado de su eventual salida del euro, o grexit, apócope inglés de Greece y exit, salida. Que ya los mentideros relacionan grexit con spanic, el pánico que estaría generando España.

Cuestiones de calendario aparte, parece lógico que el Gobierno opte por apuntarse a un rescate suave. En primer lugar, por interés egoísta, para asegurar su propia supervivencia: los rescates duros registrados hasta ahora han ido asociados a relevos bastante súbitos —inmediatamente antes o inmediatamente después— de Gobierno. Irlanda se rescata el 28 de noviembre de 2010 y el 9 de marzo de 2011 Enda Kenny releva a Brian Cowen, tras derrotarlo en las urnas. En Portugal, el rescate se inicia el 16 mayo del mismo año, tras el relevo electoral del socialdemócrata José Sócrates por el conservador Pedro Passos Coelho el 21 de junio de 2011. En Grecia, el segundo rescate, decidido el 21 de julio de 2011, anticipó la sustitución, vía parlamentaria, de Yorgos Papandreu por Lukas Papademos, el 11 de noviembre pasado. Es normal que a Mariano Rajoy no le apetezca suicidarse. Pero su opción también encarna un interés económico general. La experiencia demuestra que algunas de las intervenciones resultantes de los rescates duros han impuesto niveles malignos de austeridad y recortes sociales, al tiempo que contrapartidas escasamente benignas, en forma de créditos a tipos de interés y plazos excesivos. Más aún: la prima de riesgo de los hasta ahora rescatados no es mejor que la española. Y no han esquivado ni la sequía de crédito ni la recesión.

Contra la negativa de Rajoy en su primera rueda de prensa, parece evidente que lleva tiempo preparándo

Ahora bien, un rescate, aunque sea suave, es siempre un rescate. O sea: es una operación de salvamento a la banca española de la que el Gobierno de España no sólo es el “canalizador” sino que “en última instancia soporta la responsabilidad del crédito”. Como lo bautiza el Manual de principios (Guidelines) del Fondo, el español se convertirá así en un “Gobierno beneficiario”. Si bien se trata de crédito, que no de inyección gratuita: otra cosa es que el FROB-Gobierno convierta ese préstamo en inyecciones de capital no reembolsables, ni rentables vía tipo de interés --aunque quizá recuperables si se recuperan las entidades nacionalizadas--, como se propone hacer con Bankia. Y es un rescate sometido a una “estricta condicionalidad”, ya tasada en parte: restructuración o cierre de bancos, cambios de gestión, cambios en la autoridad supervisora, vigilancia “continua” mediante “inspecciones [de las autoridades europeas] sobre el terreno”, obediencia estricta a la política presupuestaria del Ecofin… Y que en parte podrá imponerse en el futuro, a consecuencia de la reforma del sistema financiero europeo recién planteada por la Comisión. De forma que los “hombres de negro”, que según la genial metáfora de Cristóbal Montoro no vendrían, sí acudirán. Actuarán los controladores desde sus despachos. Aterrizarán los inspectores en las sucursales. Afilarán sus lápices los analistas de la Comisión, del BCE y del Ecofin. Todo eso está previsto. Ahora bien, en vez de exhibir el atuendo de los cobradores del frac, serán más discretos, lucirán esmoquin.

Contra lo que enfatizó Mariano Rajoy el 28 de mayo en su primera rueda de prensa —“No va a haber ningún rescate de la banca española"— parece evidente que lleva tiempo preparándola. Si se cotejan los textos de los fondos de rescate, sus tratados y sus prontuarios con la actuación del Gobierno, al menos desde la intervención de Bankia y la segunda reforma Guindos (9 y 11 de mayo), aparece meridianamente claro que la secuencia de decisiones sobre éstas se orientan a cumplimentar los requisitos de aquéllos. La normativa del fondo actual (que prefigura la del mecanismo definitivo) exige, en efecto, test de estrés rápidos (ya en marcha con las consultoras privadas, aunque la UE no exige que sean de ese tipo); posteriores “análisis más profundos” (en marcha con las cuatro auditoras privadas, aunque el Fondo no exige que sean ellas); un grupo de trabajo dirigido por el Banco de España y en el que se integre el BCE y expertos de otros bancos centrales de la UE (en marcha, con las inventivas enmiendas de Guindos de mezclarlo con las consultorías privadas y sustituir al Banco de España por su secretario de Estado); y negociaciones con la Comisión para validar las ayudas de Estado, los planes de restructuración y los términos de la condicionalidad (ya abiertas informalmente). Rajoy deberá explicar por qué faltó a la verdad. Elucubremos una eximente (es gratis, de nada): porque también los Gobiernos desmentían siempre las devaluaciones (antes del euro) hasta que se habían producido. Pero, ¿resulta eso aplicable a este caso?