Las comunidades piden 16.980 millones del fondo de pago a proveedores

El Gobierno amplía el plazo para que los ayuntamientos se acojan al mecanismo para pagar facturas aplazadas

Las 14 comunidades autónomas que se han adherido al plan de pago a proveedores [todas menos Galicia, Pais Vasco y Navarra] han presentado facturas impagadas por importe de 16.980 millones de euros, según ha anunciado este mediodía la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

El plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno para que las comunidades afloren y paguen sus facturas pendientes consiste en un mecanismo que permite a las administraciones que lo utilicen pedir dinero a un fondo, de 35.000 millones, constituido por 26 entidades financieras. Las administraciones podrán devolverlo en un plazo de 10 años con dos de carencia y con un tipo de interés del 5,9%.

Las comunidades han presentado 3.774.681 facturas impagadas a 28.230 proveedores. Del total de los 16.980 millones de recibos pendientes, unos 10.000 millones corresponden a grandes empresas, y otros 6.400 millones son facturas impagadas a pymes. Los Gobierno regionales podrán empezar a cobrar del fondo y pagar a los proveedores a final de mes.

La vicepresidenta, además, ha anunciado que el Gobierno ha ampliado el plazo del plan de pago a proveedores para que los Ayuntamientos que no pudieron acogerse por defectos formales —los municipios que presentaron sus planes de ajuste y fueron rechazados (unos 315), los que se acogieron al plan pero no pudieron presentar el plan de saneamiento porque fueron tumbados por los plenos municipales, o los que han formalizado mal los préstamos— tendrán hasta el 15 de junio para enmendar esta situación. En total, la decisión del Gobierno de flexibilizar el mecanismo de liquidez afecta a 1.471 municipios.

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Sobre la firma

J. S. GONZÁLEZ

Redactor jefe de Economía y Negocios en EL PAÍS. Estudió Económicas y trabajó cinco años como auditor. Ha cubierto la crisis financiera, contado las consecuencias del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, el rescate a España y las reformas de las políticas públicas de la última década. Ha cursado el programa de desarrollo directivo (PDD) del IESE.

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