El Gobierno busca alternativas para no acelerar la jubilación a los 67 años

El Gobierno no quiere acelerar la implantación del retraso de la edad de jubilación a los 67 años. Es una de las medidas exigidas por Bruselas al evaluar el programa de estabilidad de España, pero fuentes de la Seguridad Social señalan que el Gobierno intentará convencer a la Comisión Europea de que puede tomar medidas alternativas que supongan un retraso en la edad de jubilación real sin que eso afecte al calendario previsto para la jubilación a los 67 años.

En concreto, el departamento que dirige Tomás Burgos está pensando en restringir más el acceso a las prejubilaciones, a la jubilación anticipada y estimular el cobro simultáneo de la pensión mientras se tiene un trabajo. "Vamos a intentar hacer ver a Bruselas que el impacto de estas medidas puede ser el mismo que acelerar el retraso de la edad de jubilación", señalan desde el instituto público.

El Gobierno "debe acelerar el aumento gradual previsto de la edad preceptiva de jubilación y realizar una actualización más temprana del factor de sostenibilidad en el marco del sistema de pensiones reformado", señala el informe de Bruselas sobre la economía española presentado ayer.

La edad legal de jubilación aumentará a partir del 1 de enero de 2013, cuando la nueva normativa entre en vigor, a razón de un mes cada año durante los seis primeros años, hasta 2018, y de dos meses cada año a partir de entonces, de forma que los primeros trabajadores que se retiren a los 67 años lo harán en 2027.

Además, la ley prevé que, a partir de entonces, la edad de jubilación se siga retrasando en función del aumento de la esperanza de vida, según revisiones que se realicen cada cinco años.

La Comisión Europea quiere que ambas cosas se aceleren, que la edad de jubilación a los 67 años entre en vigor antes de 2027 y que también se empiece a actualizar antes esa edad en función de la esperanza de vida.

El informe de Bruselas también analiza la reforma laboral de febrero de la que dice que "es más ambiciosa que las reforma anteriores" y "que podría cambiar la dinámica del mercado de trabajo". A pesar de esto, advierte de que "a corto plazo esto [en referencia a las medidas de la reforma] puede provocar un aumento del desempleo". A continuacíon, el texto suelta varias cargas de profundidad contra varias medidas estrella de la reforma.

Del contrato para emprendedores (que tiene un periodo de prueba de un año, en el que se puede despedir sin causa ni indemnización) advierte: "existe el riesgo de que las empresas utilicen el periodo de prueba de un año para transformar ese contrato en un contrato temporal de hecho, de baja calidad y cos costes de rescisión nulos".

La Comsión también ataca a la prórroga de dos año de los convenios, cree que es un periodo "demasiado largo". En el Ministerio de Empleo, de este punto en concreto dicen que Bruselas no ha tenido en cuenta la tramitación parlamentaria de la reforma, que ha reducido la prórroga de dos años a uno. Del conjunto del informe y la respuesta del departamento, desde Empleo, remiten a lo que vaya a contestar el Gobierno en conjunto.