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Bruselas da un balón de oxígeno a España en plena tormenta financiera

Rehn confirma que la Comisión propone ampliar a 2014 el plazo para rebajar el déficit al 3%

La ampliación está condicionada a que el Gobierno presente unos presupuestos convincentes

Rehn reclama al Ejecutivo un mayor control del gasto de las comunidades

En plena tormenta financiera, con la confianza de los mercados bajo mínimos, la Comisión Europea ha dado un balón de oxígeno a la economía española y a las opciones del Gobierno de poder enjugar el reequilibrio de las cuentas públicas con un entorno de fuerte recesión. Según ha confirmado esta mañana el comisario y vicepresidente europeo, Olli Rehn, Bruselas pedirá que el Ejecutivo español tendrá un año más de plazo, hasta 2014, para reducir el déficit público al 3% del PIB, tal y como había adelantado hoy EL PAÍS. A cambio, deberá emprender más reformas y medidas de consolidación fiscal que deberán plasmarse, antes de que termine julio, en un "plan presupuestario convincente" para los dos próximos años.

La decisión de Bruselas de dar algo más de tiempo a la maltrecha economía española ante las dificultades que está sufriendo el país para reducir el déficit ha sido uno de los elementos que ha logrado atajar la escalada de la prima de riesgo. Tras las palabras de Rehn, este indicador, que mide la desconfianza de los inversores con respecto a las finanzas de un país, ha cedido hasta situarse ligeramente por debajo de los 530 puntos básicos cuando horas antes había llegado a alcanzar los 539 puntos básicos. Sin embargo, el diferencial ha vuelto a las andadas y ha marcado nuevos récords (540) tras el rechazo del Gobierno alemán a la propuesta de la Comisión de que la banca pueda acudir directamente a financiarse a los fondos de rescate.

“Estamos dispuestos a considerar la propuesta de una extensión del plazo para corregir el déficit excesivo por un año, hasta 2014", ha afirmado Rehn durante la rueda de prensa en la que ha presentado las conclusiones del análisis que ha realizado Bruselas sobre los planes de estabilidad de los socios con déficit excesivo. Sin embargo, ha vinculado a dos factores esenciales la flexibilización de los plazos para reducir el desfase presupuestario del Estado desde el 8,9% con el que cerró 2011 hasta el 3%, lo que representa uno de los mayores ajustes presupuestarios de la historia económica reciente.

La primera condición, ha explicado Rehn, es que el Gobierno español “presente un plan presupuestario convincente” para 2013 y 2014, donde tendrá que estar incluida la subida del IVA que ya ha asumido el Gobierno. También, ha continuado Rehn, habrá más tiempo para recortar el déficit si la Administración central se logra poner coto al “gasto excesivo de las comunidades”.

El Ejecutivo comunitario ha justificado el cambio en los plazos del plan de estabilidad español en que es una opción incluida en el Pacto de Estabilidad y que no se ha tomado por motivos políticos, sino a raíz de un análisis económico de la situación española. "España ha cumplido con los pactos de reformas estructurales y si registra déficit estructural no será por no haber llevado a cabo medidas", ha apuntado el comisario en relación a la posibilidad de que el deterioro económico torpedee los planes de Bruselas y del Gobierno para devolver la sostenibilidad a sus cuentas públicas.

Según ha recordado Rehn, "España se encuentra en una situación de desequilibrio muy grave, especialmente en su sector financiero". "Y esto es algo que hay que abordar con urgencia", ha reseñado tras destacar que su situación solo es comparable con la de Chipre en toda la UE.

La decisión de Bruselas da algo de margen a España a la vista de las dificultades para cumplir con los objetivos de déficit, con una recesión que se adivina larga y profunda y en medio de la vorágine en los mercados que ha supuesto la reforma financiera y la estrambótica nacionalización de Bankia, lo que ha reavivado el termo a que el país tenga que acabar pidiendo el rescate para socorrer a su sector bancario.

Bruselas, tal y como recogía en el borrador de conclusiones que ha publicado este periódico, plantea recomendaciones a España en un memorándum de ocho puntos para seguir adelante con la flexibilización de los plazos. Este documento incluye medidas sobre pensiones, el sistema financiero, los impuestos y la puesta en marcha de la reforma laboral, entre otros aspectos.

En materia de pensiones, la Comisión reclama acelerar el aumento de la edad de jubilación para que el retiro a los 67 años entre en vigor antes de lo plantedo en la reforma, que aplaza hasta 2027 su generalización a todos los trabjadores.

En cuanto a la anunciada subida del IVA, quiere un “incremento de las bases imponibles”, que según las fuentes consultadas podría suponer aplicar el IVA normal (18%) a algunos productos que se beneficiaban del tipo reducido (8%), o reducir la lista de productos que se aplican el tipo superreducido (del 4%, que no se tocó en la reforma fiscal del Gobierno socialista).

Junto a ello, la Comisión quiere que España cree una “institución fiscal independiente”, como ya ocurre en países como Suecia y Reino Unido. El objetivo es “proporcionar análisis, dar consejos y controlar la política fiscal, así como estimar el impacto presupuestario de las iniciativas legislativas”. Eso es algo que ha venido reclamando el Banco de España, al menos en privado. Es una extensión del papel que juegan desde hace décadas los bancos centrales en la política monetaria, con la puesta en marcha de un consejo independiente que evalúe las políticas fiscales.

Además, el Ejecutivo comunitario no quiere que el equipo económico de Rajoy se relaje en la puesta en marcha de la reforma laboral. Y en ese ámbito exige también más cosas, con el habitual lenguaje imposible de la UE. Se trata de “aumentar la efectividad de las políticas laborales activas” vinculándolas a las “políticas pasivas”. En otras palabras: ligar los subsidios a que sus beneficiarios asistan a los cursos de formación, por ejemplo.

Fuentes europeas explicaron ayer que los principales factores que han retrasado el anuncio de la Comisión y que pudieron dar al traste con el aplazamiento fueron la falta de claridad en lo relativo al sector bancario y las sucesivas revisiones al alza del déficit público —junto con las dificultades para embridar las cuentas de las comunidades donde Rehn ha exigido este miércoles más control—.

El Gobierno español, por su parte, proponía en su plan de estabilidad reducir el déficit hasta el 5,3% del PIB a final de este año con subidas de impuestos (IRPF y sociedades) y una amnistía fiscal para sumar casi 13.000 millones a una recaudación atrancada por la recesión. Sin salir del lado de los ingresos, anticipó otra subida del IVA en 2013, apenas tres años después de la última, y una rebaja de las cotizaciones sociales, dos medidas muy del gusto de la Comisión.

En el lado de los gastos, se informó por acumulación de los multimillonarios recortes que se pretenden propinar, un tijeretazo progresivo que en 2015, horizonte temporal del plan, se traduciría en una disminución de 32.000 millones.

Además de los recortes ya plasmados en los Presupuestos, el plan español enumera las decisiones adoptadas por las comunidades autónomas para rebajar su gasto, incluyendo bajadas de salarios de funcionarios, cuando no reducción de empleo público; medidas para controlar el gasto en medicamentos; el aumento de la jornada laboral de profesores y de los ratios de alumnos por clase; y el cierre de empresas públicas autonómicas.

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