Valencia o cómo hundir un sistema financiero en menos de un año

La nacionalización de Banco Financiero y de Ahorro (BFA), matriz de Bankia, en el que se había integrado Bancaja, ha certificado la liquidación del sistema financiero valenciano en menos de un año. La primera baja fue la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), intervenida en julio de 2011 y adjudicada al Banco Sabadell con un volumen de ayudas que puede terminar alcanzado los 6.000 millones de euros —un billón de las antiguas pesetas—. El segundo en caer fue el Banco de Valencia, intervenido en noviembre, que recibió una línea de liquidez de 2.000 millones de euros, está en proceso de subasta y pude llegar a precisar 4.800 millones del Fondo de Garantía de Depósitos. La tercera ha sido Bancaja, ya que la nacionalización del grupo le llevará probablemente a desaparecer, si bien ya había perdido arraigo tras integrarse en la fusión liderada por Caja Madrid.

Todos los análisis del hundimiento conducen a la misma explicación: una gestión deficiente traducida en una irresponsable concentración de riesgo en el sector inmobiliario, que fue generalizada en España pero alcanzó el paroxismo en el caso valenciano. De cada 100 euros de crédito, el sistema bancario español concedió 59 a la suma del sector inmobiliario, construcción y compra de viviendas (hipotecas). Tomando solamente a las cajas, la proporción se elevaba en 2010 (último dato desagregado) al 68%.

Pese a no ser una caja, el Banco de Valencia rozaba ese nivel, con un 65,8%. En el caso de la CAM, definida por el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, como “lo peor de lo peor”, el porcentaje parece irreal: el 98%.

Pero así lo explicó hace una semana José Antonio Iturriaga, uno de los administradores puestos por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) al frente de la entidad intervenida, ante la comisión de investigación de la CAM de las Cortes Valencianas: del total de 53.000 millones de créditos concedidos por la caja, 52.000 lo fueron a empresas vinculadas al sector inmobiliario.

El segundo elemento que tiende a señalarse como causa del desastre es la excesiva politización de las cajas, lo que podría extenderse al Banco de Valencia, que estaba integrado en el Grupo Bancaja. Aunque el catedrático de la Universitat de València, Joaquín Maudos, matiza: “Siempre se dice, y estoy de acuerdo, que la injerencia política ha afectado a la gestión, pero yo creo que no es el punto fundamental. Si vemos las cajas vascas, la presencia política es incluso superior a la de aquí, y son de las cajas más solventes de España. No es solo politización sino falta de diligencia en la gestión. Viendo el dato de la CAM está claro que es inviable. Si concentras todo tu riesgo en un solo sector y se pincha la burbuja inmobiliaria, apaga y vámonos”.

En unos días en los que la mayoría de críticas por la caída de Bankia se dirigen bien hacia su expresidente Rodrigo Rato, bien hacia el supervisor, casi nadie se acuerda del único que ya estaba ahí al principio de esta historia: José Luis Olivas, presidente de Bancaja. Abogado de profesión. Concejal en Valencia ya a finales de los años setenta. Concejal de Hacienda con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Secretario general del PP valenciano en los noventa. Consejero de Hacienda y vicepresidente con Eduardo Zaplana cuando dirigía el Gobierno valenciano. Y presidente de la Generalitat entre la salida de Zaplana y la llegada de Francisco Camps.

Olivas recibió, en premio a los servicios prestados, la presidencia de Bancaja en 2002 gracias a una ley que él mismo promovió como consejero y que elevó el peso de los políticos en las entidades de ahorro hasta facilitar su control. Poco después Olivas asumió la presidencia del Banco de Valencia y, ya en 2010, la vicepresidencia de Bankia.

La intervención del Banco de Valencia precipitó su salida de estas dos entidades, pero no de Bancaja, donde ha resistido hasta hoy pese a las repetidas llamadas de empresarios, Generalitat —gobernada por sus compañeros de partido— y oposición para que abandone el barco.

El dominio de la CAM se logró mediante el nombramiento de empresarios afines: primero Vicente Sala (Zaplana) y después Modesto Crespo (Camps). La nueva relación convirtió a las cajas en herramientas financieras del Gobierno autónomo. Y las llevó a invertir en casi todos los proyectos ruinosos de los últimos años: el aeropuerto de Castellón, la Ciudad de la Luz de Alicante, Terra Mítica, la Ciudad de las Artes y las Ciencias y otros.

El nuevo escenario dentro y fuera de las cajas también multiplicó la influencia de los empresarios del sector inmobiliario, que accedieron en buen número a sus consejos de administración. Era la época en que su poder parecía total: promotores y constructores dirigían las patronales valencianas, sus clubes de fútbol y las fallas que acaparaban los premios. Pedían créditos y las cajas y el Banco de Valencia se los concedía. Creaban sociedades conjuntas. El triángulo formado por políticos, banqueros y empresarios del ladrillo supuso que, solo en la primera mitad de la pasada década, se aprobaran planes urbanísticos, algunos de ellos frenados por la crisis, equivalentes a levantar entera otra ciudad de Valencia, según los cálculos realizados por el catedrático Ernest García.

La mejor prueba de la complicidad que algunos llegaron a tener consta en el sumario del mayor escándalo de corrupción valenciano de los últimos tiempos junto al caso Gürtel, el caso Brugal, en el que están imputados políticos, constructores y directivos de entidades financieras.

El hundimiento del sistema bancario valenciano preocupa a los ciudadanos, que verán desaparecer o reducirse enormemente la histórica misión educativa (vía becas) y cultural de las obras sociales de la CAM y Bancaja. Y también preocupa a los empresarios, que ya han notado las consecuencias de la nueva distancia de los centros de decisión. “La relación bancaria, repetida durante años de una sucursal o un banco con la empresa crea una información muy valiosa”, señala Maudos, “que desgraciadamente se puede perder”.