El Gobierno exige más provisiones a la banca para calmar a los mercados

La historia se repite. Solo tres meses después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, presentase una reforma financiera que, según dijo, iba a acabar con las dudas sobre la valoración de los activos de la banca y restaurar la confianza en el sector financiero español, el propio Guindos presentó este viernes una nueva reforma que pretende lo mismo. Mientras los bancos consideran que las exigencias son muy altas, la reacción inicial de los inversores muestra que muchos creen que no será suficiente.

La nueva reforma llega en la semana en que se ha anunciado la nacionalización de Bankia, todo un símbolo de que las medidas tomadas hasta ahora no han podido con el vendaval de la crisis. El Gobierno exige ahora a la banca más provisiones, o fondos para cubrir posibles pérdidas, por importe de unos 28.000 millones con los que cubrir una pequeña parte adicional (en torno al 9%) de la exposición al riesgo del sector promotor y constructor. Con ello, la cobertura total será de aproximadamente 137.000 millones, el 45% de los 304.000 millones relacionados con el ladrillo.

El nuevo decreto ley es el reconocimiento implícito del fracaso de la reforma de febrero, que solo ha logrado que se acuerden dos nuevas fusiones, no ha conseguido frenar la caída del crédito ni ha logrado vencer la desconfianza en España y su sector financiero. La prima de riesgo está en máximos anuales, por encima de los 400 puntos básicos.

“Sin absoluta certidumbre sobre la solvencia del sector bancario, la recuperación económica se hace mucho más difícil”, explicó Guindos en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, porque a los bancos les cuesta financiarse y se corta el crédito a la economía. Guindos pretende la “ausencia total de dudas” sobre el sector. Para ello, además de las nuevas provisiones, el Gobierno también encargará a dos firmas independientes que revisen la valoración de las carteras de los bancos y obligará a las entidades a crear sociedades donde agrupar los activos del ladrillo. Como en la reforma de febrero, Luis de Guindos ha prometido que se producirá la “venta de viviendas a precios reducidos”.

Las ayudas públicas se darán a las entidades mediante la forma de bonos contingentes convertibles

Hace tres meses, Guindos exigió aumentar las provisiones en unos 50.000 millones para cubrir los activos más tóxicos del sector del ladrillo: los créditos morosos, los subestándar y los activos que los bancos se han quedado por el impago de créditos. Además, exigió una provisión de unos 9.000 millones por el 7% del crédito promotor considerado sano, que es la que ahora se admite insuficiente. El Fondo Monetario Internacional (FMI) alertó hace unas semanas en las conclusiones preliminares de su informe sobre el sistema financiero español sobre la morosidad oculta de la banca española vía refinanciaciones artificiales, aunque Economía suavizó el mensaje en la traducción al español.

Ayer, la directora gerente del FMI, Christine Lagarde, manifestó su apoyo a las medidas aprobadas en España. En un comunicado señaló que quería mostrar su “profunda satisfacción por el amplio conjunto de medidas anunciadas por las autoridades españolas”. Estas medidas, cree Lagarde, “ofrecen una respuesta eficaz a las vulnerabilidades del sistema bancario, a la vez que en forma adecuada proporcionan una mayor transparencia y diferencian las necesidades de las distintas instituciones financieras”. El FMI no solo dio un espaldarazo al objetivo que persigue el plan, sino que alabó el sistema ideado por el Gobierno, ya que valoran que protege el sistema con más coberturas pero ofrece respaldo a las entidades que necesiten más tiempo. De llevarse a cabo “íntegramente”, vaticinó, reforzarán “la confianza y respaldará la reactivación del crecimiento de la economía”.

El Gobierno calcula que el importe de ayudas públicas será menor de 15.000 millones

Con la nueva norma, esa provisión se eleva del 7% al 30%, aunque en el 23% adicional no se hace de forma indiscriminada, sino en función de cuál sea la garantía de ese crédito promotor. Con la norma aprobada este viernes, las entidades bancarias tendrán que elevar la cobertura con provisiones de sus suelos al corriente de pago (que suman 25.000 millones de euros) del 7% al 52%; la de las promociones en curso (16.000 millones de euros) del 7% al 29%; la de las viviendas terminadas (61.000 millones de euros) del 7% al 14%; y la de aquellos créditos sin garantía real (18.000 millones de euros) del 7% al 52%. El Gobierno ha cedido ligeramente y ha rebajado las exigencias sobre sus planes iniciales. Aun así, estas provisiones, unidas a las del decreto de febrero, amenazan con llevar a pérdidas a algunas entidades.

El Gobierno dará un mes de plazo para presentar un plan en que se detallen las medidas que van a tomar las entidades para cumplir con el decreto. Cuando del plan resulte que las entidades incurrirán en un déficit de capital principal, también deberán detallarse medidas para solucionarlo en un plazo máximo de cinco meses, según ha confirmado Guindos.

El plan deberá ser aprobado por el Banco de España en un plazo de 15 días y se podrá solicitar dinero público para cumplirlo sin necesidad de una fusión.

Además, en una disposición final, el Gobierno ha decidido ampliar en un mes el plazo para que las entidades presenten proyectos de fusión ante el Ministerio de Economía para beneficiarse de unas mejores condiciones con que hacer el saneamiento. Ese plazo acabará ahora el 30 de junio.

Al ser preguntado sobre si el encargo de tasaciones a expertos independientes suponía desautorizar la labor del Banco de España, Guindos ha hecho una defensa de sus profesionales y de su trabajo supervisor, para acabar concluyendo que “el prestigio del Banco de España se va a recuperar seguro”, dando por hecho que se ha perdido al menos en parte.