El Gobierno aprueba hoy su segunda reforma financiera en tres meses

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará este viernes su segunda reforma financiera en apenas tres meses. Ni con esas ha conseguido despejar las serias dudas que despierta el sistema financiero español en los mercados, y puede que ya no solo en los mercados. Bruselas reclama a España que despeje esas incertidumbres: el Eurogrupo (la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE) reclamará la semana próxima una valoración independiente de los activos inmobiliarios que tienen los bancos en sus tripas. El Gobierno, consciente de las dudas, tiene previsto incorporar este viernes en parte esa petición en el decreto que aprobará el Consejo de Ministros.

También el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea lanzan mensajes en esa dirección: “El Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno español que resuelva la desconfianza que despiertan sus bancos en el sistema financiero internacional: que demuestre qué hay exactamente en los balances, y qué hay debajo de la alfombra, si es que hay algo, para que las fuertes dudas existentes a día de hoy se disipen”, explicó una alta fuente comunitaria.

El Gobierno ha barajado diversos borradores y alternativas. Economía planea exigir a los bancos provisiones sobre el crédito promotor teóricamente sano o normal (que no es dudoso ni subestándar). Aunque inicialmente barajó una cobertura única para todo el crédito promotor, fuentes financieras señalan que finalmente se ha decidido por exigir diferentes niveles de provisiones (el colchón con el que los bancos se protegen de las pérdidas) dependiendo del activo que haya como garantía.

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, ha confirmado esta mañana que exigirá provisiones adicionales al sector, aunque sin avanzar cifras, y que se crearán varios vehículos para dar salida a los activos tóxicos.

El Eurogrupo quiere valoraciones independientes de los activos tóxicos

Según fuentes financieras, los últimos planes del Gobierno son exigir provisiones del 40% para el crédito promotor sin garantía hipotecaria o con suelo como garantía; del 20%  para el que tiene como garantía promociones sin terminar y del 11% para las promociones terminadas. Eso se sumaría al 7% exigido ya con carácter general para todo el crédito promotor sano en la reforma de febrero. Con ello, las provisiones serían de hasta el 47% para créditos al corriente de pago.

Se trata con ello de combatir la morosidad oculta de que alertó el FMI recientemente, aunque esa advertencia pasó inicialmente inadvertida porque Economía suavizó el mensaje del organismo en la traducción española de las conclusiones preliminares del informe. Y se trata también de intentar vencer la desconfianza que se ha instalado en los mercados hacia la banca española.

El BCE también ha encargado informes a expertos sobre el sector financiero

Los bancos y cajas de ahorros tienen algo más de 300.000 millones de euros en crédito promotor y activos inmobiliarios adjudicados por el impago de deudas. De esa cifra, el Banco de España tenía clasificados como problemáticos unos 184.000 millones de euros bien por ser créditos morosos, subestándar (en riesgo de impago) o inmuebles que se ha quedado la banca por impago de los créditos que dio para financiar su compra.

La primera reforma financiera del PP se centró sobre todo en exigir mayores provisiones sobre esos activos problemáticos, y además incluyó una provisión genérica o preventiva del 7% sobre el crédito teóricamente sano. Es ahora esa bolsa de crédito al corriente de pago, en situación normal, a la que ataca la segunda reforma financiera ante el temor de que haya muchas refinanciaciones artificiales de créditos que acabarán siendo morosos.

Las nuevas exigencias supondrán un duro golpe para las cuentas de resultados de las entidades. Solo las más grandes (como Santander, BBVA y La Caixa) y las que tienen menos exposición al crédito del ladrillo (como Bankinter o las cajas vascas) podrán absorber sin demasiados problemas el impacto.

Otras muchas corren el riesgo de entrar en pérdidas y de necesitar reforzar sus recursos propios. Para ello, el Gobierno está dispuesto a inyectar nuevo capital a través de los bonos contingentes convertibles (conocidos como cocos, en el argot financiero).

El Gobierno, además, intentará que las entidades saquen de su balance los activos tóxicos, para lo que fomentará que se creen vehículos que sirvan a modo de banco malo, esto es, que carguen con esos activos durante un largo periodo de tiempo.

Vienen unos días claves para España. La Comisión Europea dará este viernes sus previsiones para 2012 y 2013. España incumpliría las metas de déficit —al igual que otros países—. Bruselas tiene ante sí un difícil equilibrio: debe lanzar un mensaje duro contra esos incumplimientos fiscales, acerca de los recelos que despiertan tanto las comunidades autónomas como el sistema financiero, pero a la vez no puede perder de vista que la fiebre en los mercados se acerca a cotas peligrosísimas, con la prima de riesgo en máximos del año.

El segundo examen llegará el lunes y se adivina igual de complicado. El PP ya señaló el jueves la responsabilidad del Banco de España en la crisis de la nacionalizada Bankia. Los países de la eurozona tampoco parecen fiarse del supervisor español: el Eurogrupo quiere una valoración independiente de los activos inmobiliarios de la banca española para aumentar la transparencia. También el BCE lleva varios meses pidiendo informes independientes para completar los que le llegan del Banco de España, según fuentes financieras.

España será, una vez más, el tema central de la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la UE. Pero el agujero fiscal será solo uno de los puntos del orden del día: la nacionalización de Bankia ha despertado otros fantasmas. El Eurogrupo espera que el Gobierno exija a las entidades españolas “un aumento muy considerable de las provisiones”, según explicó un alto funcionario de la UE. Otras fuentes señalan que eso dependerá del resultado de las valoraciones independientes. Pero si se cumplen los temores de los mercados eso podría implicar la necesidad de aumentar de forma notable los colchones que acumulan las entidades para protegerse de las posibles pérdidas por el sonoro pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

“Suceden cosas a gran velocidad en España y hay una incertidumbre elevada”, señaló una fuente comunitaria. El Eurogrupo pretende que Guindos cuente “qué planea para hacer más transparentes los balances de los bancos y para asegurar una correcta valoración de los activos”. Fuentes de la Comisión aseguraron que España “debe reconocer que tiene graves problemas y que tiene un plan perfectamente definido para afrontarlo, en lugar de seguir con un goteo de medidas”. El BCE ha expresado la misma crítica en las últimas horas.

España está en pleno ojo del huracán: debe convencer a los mercados y a sus socios de sus planes para Bankia y para los activos tóxicos del sistema bancario. Con un horizonte económico que se complica y en medio de la depresión social que suponen los casi seis millones de parados, la Comisión ha señalado ya que una parte de esa presión podría aliviarse con la concesión de un año más para cumplir con el déficit. Bruselas aprieta, pero tal vez no ahogue.