El Gobierno planea que los funcionarios de baja no reciban el sueldo completo

El Gobierno estudia aprobar este año un plan contra el absentismo de los funcionarios que incluye, según las líneas iniciales de planteamiento, que estos no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por incapacidad temporal, tal y como fija el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. Según el Programa de Estabilidad 2012-2015 que el Ejecutivo ha enviado a Bruselas, esta es una de las medidas que se aprobarán este año para ahorrar gastos de la Administración Central. De acuerdo con el texto del Gobierno, que no ofrece todos los detalles sobre cuál será la rebaja aplicada, la medida tendrá un "impacto presupuestario muy positivo, aunque a priori resulta difícil de cuantificar exactamente".

La medida es similar a la que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid ya introdujo. Hasta el 1 de enero de 2012, Madrid complementaba el sueldo de sus empleados en caso de incapacidad temporal, de manera que, aunque la Seguridad Social cubriera solo una parte del salario durante la baja, el Gobierno regional aportaba otra partida hasta llegar al sueldo íntegro. El Gobierno de Aguirre señaló también que eliminaba esta ventaja para evitar el absentismo.

El plan del Estado contra el absentismo de los empleados públicos, según figura en el texto que el Gobierno ya ha remitido, "aumentará la productividad de los funcionarios y disminuirá las necesidades de contratación", según el Gobierno. Además, prevé que se reduzcan los gastos de MUFACE, el organismo público dependiente de Hacienda que gestiona la protección social de los funcionarios y que comienza a abonar el subsidio por enfermedad a partir del cuarto mes de inicio de la situación de enfermedad, "al reformarse los requisitos para el pago de los subsidios y cambiar el cómputo del tiempo de meses a días".

El texto añade que se acortarán "los plazos de expedición y entrega" de los partes de baja por incapacidad temporal a los departamentos de personal en el régimen especial de funcionarios. Asimismo, se prepara la "eliminación de la licencia por enfermedad a aquellos funcionarios sometidos a controles médicos con resultado de alta o incomparecencia injustificada a reconocimiento médico".

Por otra parte, el plan recuerda además que esta no es la única medida que se aplica para reducir el peso en los presupuestos de los empleados públicos. El Ejecutivo repasa las medidas "más comunes contempladas", muchas de ellas, recetas de ahorro propuestas por comunidades autónomas, según asegura el texto. "Son las congelaciones o reducciones salariales de los empleados públicos y altos cargos; la introducción de medidas de flexibilización horaria, (acompañadas de una reducción proporcional de retribuciones); amortización de puestos de trabajo y no convocatoria de nuevas plazas, al establecer una tasa de reposición entre el cero y el 10%, además de las ocupadas por personal temporal o interino, o por reducción del número de entidades y empresas públicas del sector público autonómico; reducción del número de altos cargos y personal eventual por una disminución del número de Consejerías y centros directivos; reducción de días adicionales de vacaciones o por antigüedad; aumento de las horas de trabajo hasta la máxima permitida; medidas de control del empleo público; eliminación del número de liberados sindicales; control del absentismo laboral; reducción de ayudas sociales y aportaciones a planes de pensiones para los empleados públicos; la prohibición de cláusulas indemnizatorias; y la reducción de las prestaciones complementarias por incapacidad temporal".

Aunque no ofrece cifras concretas sobre los recortes, en el caso de la medida de reducción de días libres para los funcionarios, el texto apunta que se trata de "la eliminación de días adicionales de vacaciones por antigüedad y de días adicionales por fallecimiento, por intervenciones, etc".

Un cuadro macroeconómico distinto

El actual Programa de Estabilidad, previsto para su aplicación entre 2012 y 2015, incluye medidas en casi todos los ámbitos: desde ajustes en el personal público hasta la regulación de las nuevas becas universitarias o los objetivos de la reforma laboral. Según explica el Ejecutivo, con respecto al anterior, previsto para 2011-2014, ofrece muchas variaciones. "Parte de un déficit en 2011 superior al objetivo anterior (8,5% frente a 6%) y las perspectivas de crecimiento son también muy distintas. El crecimiento previsto para 2012 es de -1,7% frente a un 2,3% previsto en el programa anterior. La media de crecimiento en los años 2012-2014 en el Programa de Estabilidad 2011 ascendía a 2,4% mientras que en el actual Programa de Estabilidad en los dos últimos años el crecimiento medio se sitúa en el 1,6%".

El plan enviado a Bruselas recuerda además que el eje de los ajustes persigue atajar el déficit. "La prioridad del Gobierno es alcanzar en 2013 un déficit público del 3% del PIB, tal como se ha comprometido en el seno del Eurogrupo, lo que significa una reducción en el saldo nominal de 5,5 puntos de PIB a lo largo de 2012 y 2013", señala.

En el lado de los ingresos, el Gobierno asegura a Bruselas que se "adoptarán acciones para luchar contra el fraude a la Seguridad Social, con las que se busca el afloramiento del empleo sumergido, evitar la obtención indebida de bonificaciones o reducciones de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social", así como a evitar el fraude "en la obtención de prestaciones". Para ello, se reforzarán, dice el Ejecutivo, los medios, las acciones inspectoras y la colaboración con otros organismos.