Empleo prevé recaudar 1.900 millones con su plan contra el fraude en el paro

El Gobierno prevé recaudar 1.900 millones de euros en 2012 con su plan de lucha contra el fraude laboral y en materia de Seguridad Social que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros. La iniciativa estará en vigor hasta el 2013 y, entre sus principales medidas, amplía el período de prescripción de este tipo de delitos de 5 a 10 años, tal como se ha modificado en el Código Penal. Aunque la ministra del ramo, Fátima Bánez, no ha querido cuantificar a preguntas de los periodistas los ingresos adicionales previstos con el plan, el Ejecutivo incluye esta cifra en el plan económico que remitirá a Bruselas con las medidas para reducir el déficit hasta los niveles que impone Bruselas.

Dentro de este plan, el Gobierno ha endurecido las condiciones para prejubilar a trabajadores de mayor edad y ha aprobado que las empresas con beneficios y con más de 100 empleados tengan que realizar aportaciones a la Seguridad Social si quieren incluir a personal de más de 50 años en despidos colectivos.

La ministra de Empleo y Seguridad Social ha anunciado que el plan persigue limitar los incentivos al despido de trabajadores de más edad y protegerlos "para que no sean lo primeros que despiden las empresas". El anteproyecto de Ley pretende reducir los costes que soporta el Estado como consecuencia de la inclusión, en despidos colectivos, de trabajadores de más de cincuenta años en empresas con beneficios.

Además, el plan adopta otras medidas como que los convenios colectivos no puedan fijar una edad de jubilación obligatoria. “Levantamos esta prohibición porque va contra la línea de alargar la vida laboral", ha dicho Báñez, tras explicar que el plan de lucha contra el empleo irregular endurece las sanciones ante la percepción indebida de prestaciones públicas con ocasión de despidos colectivos.

La ministra ha asegurado que este plan supone importantes modificaciones legales en el Código Penal y en el Estatuto de los Trabajadores y ha apuntado que por primera vez se tipifica como nuevo delito para sancionar a aquellos que empleen simultáneamente a una pluralidad de trabajadores sin comunicar su alta en la Seguridad Social.

Entre otras medidas el Gobierno exigirá a los defraudadores las cuotas no pagadas para la exención de la responsabilidad penal y se amplía el período de investigación por parte de la inspección de fraudes complejos de 9 a 18 meses. Además, se incrementan las sanciones previstas más allá del límite máximo actual de 187.515 euros (a imponer por el Consejo de Ministros) y se refuerzan los equipos de inspección.

Báñez ha indicado que el objetivo es evitar "atentar" contra los derechos de los trabajadores y la competencia desleal empresarial que ocasiona esta economía sumergida. Asimismo, ha subrayado el efecto "perverso" que tiene en las arcas públicas el fraude laboral que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social.

Báñez ha explicado que el número de efectivos en 2012 aumenta hasta los 53 inspectores y 60 subinspectores y que tanto los agentes de la Agencia Tributaria como los de la Inspección de Trabajo "cooperarán, e irán de la mano". Asimismo, el ministerio hará nuevas campañas de inspección en sectores económicos donde más pueden percibirse bolsas de fraude.