El Gobierno protege las inversiones de Telefónica en su red de fibra óptica

El Gobierno dio el viernes amplias explicaciones sobre los cambios acometidos en el sector energético, pero pasó de puntillas por las novedades en telecomunicaciones. El decreto ley publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado impone cambios sustanciales en la regulación del sector. La de más trascendencia es la protección de las inversiones de Telefónica en la nueva red de fibra óptica. Y la más práctica para el consumidor es su derecho a ser indemnizado si no se respeta el plazo de un día para cambiar de compañía conservando el número de teléfono, mediante el mecanismo de la portabilidad.

Con la modificación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), los operadores que quieran disponer de fibra tendrán todas las facilidades para desplegarla, pero asumiendo las inversiones. Se acaba así para las nuevas infraestructuras con el modelo de alquiler a precios mayoristas regulados que han utilizado hasta ahora los operadores alternativos (Jazztel, Orange, Ya.com, y otros) para ofrecer servicios de ADSL, soportados fundamentalmente sobre la antigua red de cobre de Telefónica, complementada con sus infraestructuras. Telefónica ha criticado tradicionalmente este modelo -que seguirá vigente para el caso del ADSL-, por considerar que fomenta el parasitismo y penaliza a las empresas inversoras como ella.

Industria recoge como salvaguarda y, solo en casos extremos en que no funcione la competencia, la potestad de segregar las nuevas redes en una compañía para que todos los operadores puedan alquilar esa infraestructura.

La norma quiere que el que acometa el gasto pueda rentabilizarlo

El Ejecutivo de Rajoy concede así a Telefónica una de sus reivindicaciones más insistentes. La compañía había advertido de que no estaba dispuesta a realizar enormes desembolsos en la nueva red de fibra óptica si la ley no protegía esa inversión frente al intento de sus competidores de acceder a la infraestructura por los precios regulados que fija la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT) a través de la llamada Oferta de Bucle de Abonado (OBA).

El principio del libre acceso a las infraestructuras existentes mediante alquiler se sustituye por el de fomentar las redes propias mediante la inversión para las nuevas infraestructuras. Así, por ejemplo, antes se permitía a la CMT imponer obligaciones a las grandes compañías, entre ellas el control de precios mayoristas. Ahora, en esa disposición se añade que la CMT “tendrá en cuenta la inversión efectuada, permitiendo una tasa razonable de rendimiento”. Además, a la hora de dar acceso a los alternativos a las redes de las grandes compañías como Telefónica, se ponen a la CMT una serie de cortapisas. Así, el supervisor deberá tener en cuenta “la inversión inicial del propietario de los recursos, sin olvidar (…) los riesgos inherentes a las inversiones” o “la viabilidad técnica y económica de utilizar o instalar recursos que compitan entre sí, a la vista del ritmo de desarrollo del mercado”, la “capacidad disponible” y otros elementos. El Gobierno incluye como requisito el respeto “cuando proceda, de los derechos pertinentes en materia de propiedad intelectual”.

El cliente podrá pedir indemnización si no le cambian en un día de operador

En general, el sentido de la norma es asegurar a quien acomete el riesgo de la inversión en nuevas redes que podrá rentabilizarla sin perder su ventaja por el acceso de los competidores a su red.

La ley también incluye, por imperativo de la directiva europea que traspone, la posibilidad citada de segregar las redes de las grandes compañías, lo que es, de nuevo, aplicable básicamente a Telefónica. Esa posibilidad, sin embargo, se reserva para casos extremos de falta de competencia. Será la CMT la que tenga que hacer la propuesta de separación funcional, esto es, de traspasar a otra empresa independiente la actividad relacionada con el acceso mayorista (o sea, por otras compañías) a las redes, pero la tutela de todo el proceso de segregación recae en el Ministerio de Industria, lo que haría casi inviable el proceso si no cuenta con el beneplácito del Ejecutivo.

Las empresas de Internet deberán pedir permiso para almacenar ‘cookies’

El Gobierno ha aprovechado la revisión de la Ley General de Telecomunicaciones para incluir las nuevas potestades que se atribuye el Ministerio de Industria en detrimento de la CMT como la asignación de la numeración, el control de la portabilidad o la fijación de las obligaciones del servicio universal. En la portabilidad, la principal novedad es que se contemplan indemnizaciones si se incumple el plazo de un día y que se abre la puerta (aunque de forma muy ambigua) a que el abonado pueda reclamar, en caso de que se le vete el cambio de compañía por los contratos de permanencia (por ejemplo, cuando obtiene terminales subvencionados).

Se acaba con el modelo de libre acceso a la Red a precios regulados

La última parte de la revisión incide en la protección de datos incluyendo las garantías para el internauta que ya recoge parcialmente la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal. Así, exige expresamente que para el control del tráfico y los hábitos de navegación sea preciso el consentimiento de los usuarios, a los que se debe informar sobre la utilización y almacenamiento que se hace de esos datos (las llamadas cookies).

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