Crecimiento con bajo empleo

Tras casi cuatro años de una situación económica muy severa y con difícil salida, existe un general acuerdo en que la prioridad de la política económica española debe ser el crecimiento y la creación de empleo.

Conviene tener claro que cuando se habla de crecimiento económico podemos estar dando a ese concepto diferentes interpretaciones. Algunos se refieren al crecimiento potencial a largo plazo de la economía, que depende básicamente de los elementos que aumentan la productividad global de los factores, tales como el capital humano, los avances tecnológicos y las mejoras en la utilización eficiente de los recursos. Otros se refieren al crecimiento efectivo; el real de cada año. Existe la convicción entre los economistas de que las divergencias entre el crecimiento efectivo y el potencial son consecuencia directa de una demanda agregada insuficiente. Sin embargo, traspasado este punto, las opiniones se bifurcan. La doctrina prevalente en el seno de la Unión Europea es que ese bache debe cubrirse con demanda externa, reduciendo costes y precios y haciendo, por tanto, los productos nacionales más competitivos. Otros, sin negar esta necesaria línea de actuación, piensan que, pese a las dificultades de financiación, algún programa de impulso de la demanda interna protagonizado por el sector público ayudaría a generar un crecimiento a corto plazo que empieza a ser urgente dados los tintes dramáticos que el paro y la pobreza están adquiriendo en países como España.

Con estas ideas como referencia, no cabe duda de que el nuevo Gobierno surgido de las elecciones del 20 de noviembre de 2011 lo está haciendo bastante bien. Incluso está haciendo, por razones de necesidad, cosas que sobre el papel son poco conformes con sus convicciones. Primero fue el aumento impositivo; después, la sabia decisión de pausar la reducción del déficit para evitar los daños colaterales de una reducción excesivamente drástica del gasto público por cumplir los compromisos anteriores, y más recientemente, el acuerdo alcanzado con las entidades financieras para facilitar el pago de la deuda comercial de las corporaciones locales a sus proveedores. En este último punto conviene introducir, sin embargo, ciertas dosis de relativismo. La financiación bancaria va a permitir transformar una deuda comercial en una deuda financiera. De hecho, los proveedores que ahora recibirán recursos en efectivo destinarán una parte sustancial de los mismos a pagar las deudas privadas que hubieran contraído y a reponer los activos financieros o reales que tuvieron que enajenar para seguir viviendo ante el retraso en los pagos, pero no se crea que toda esa liquidez neta se va a destinar por sus perceptores a abordar nuevos proyectos empresariales. En realidad, es un importante alivio de la situación que moderará algo la caída del consumo y permitirá mejorar la estructura financiera de muchas empresas.

Por otra parte, en un terreno más acorde con su filosofía económica, el Gobierno ha abordado un programa de reformas importantes que contribuirán a mejorar el funcionamiento de la economía española y la competitividad de nuestras exportaciones a medio y largo plazo.

El crecimiento del empleo va a ir rezagado con respecto a la recuperación de la producción

¿Qué perspectivas proyecta todo esto?

En primer término, la propia crisis, aunque sea a un coste elevado, ha aportado una importante elevación de la productividad del trabajo. Entre finales de 2007 y diciembre de 2011, la productividad ha crecido casi un 10% y los costes laborales unitarios en la industria manufacturera se han reducido casi un 2%.

En segundo lugar, la línea de reformas seguida por las autoridades implicará una reducción notable de los costes de producción que —si la economía internacional, y particularmente la europea, empieza a tirar y el sector financiero está en disposición de apoyar con un aumento del crédito— generarán un posicionamiento crecientemente importante de España en el comercio mundial.

Dos riesgos acechan a ese curso deseable de la actividad económica española

Dos riesgos, sin embargo, acechan, en mi opinión, a ese curso deseable de la actividad económica española. El primero es que, como todo el mundo coincide, a corto plazo la producción y el empleo van a empeorar. Con un punto de partida como la elevada tasa de paro que tenemos, asalta inevitablemente la duda de si los mecanismos de apoyo social —básicamente la familia— van a ser suficientes para seguir soportando un envilecimiento adicional de la situación. ¿Habría que hacer algo más? La CEOE ha sugerido recientemente la elaboración de un programa de inversiones públicas en infraestructuras. No sé si es o no la mejor idea, pero tal vez en este sentido cabría hacer algo que suavice la difícil situación del empleo. Otro riesgo que me preocupa más, y cuya proximidad empiezo a intuir y a temer, es que el futuro crecimiento de la economía española sea poco intensivo en generación de empleo. Lo que los anglosajones llamarían una jobless recovery. ¿Por qué me preocupa esta posibilidad? Porque la veo cercana, basada en cuatro diferentes pilares:

1. El aumento de la productividad del trabajo a que antes he hecho referencia permitirá una expansión a largo plazo con mejoras en competitividad e, indirectamente, en el empleo. Sin embargo, en forma inmediata significa que para generar un aumento de producción dado se necesitan ahora menos puestos de trabajo que antes. Por tanto, el crecimiento del empleo va a ir rezagado con respecto a la recuperación de la producción cuando esta se inicie.

2. La población activa aumentará posiblemente cuando la economía comience una trayectoria de recuperación. Siempre ocurre así. Los activos desanimados de hoy vuelven al mercado de trabajo si el crecimiento, aunque sea leve, genera ciertas expectativas de empleo. Pero además el creciente empobrecimiento de los ciudadanos está llevando a demandar empleo —para complementar ingresos— incluso a personas, especialmente mujeres, que con anterioridad no manifestaban voluntad de acceder al mercado laboral.

Un aumento de la población activa implica que —pese a una creación positiva, aunque escasa, de empleo— la tasa de paro no disminuirá de forma sensible. Claro está que siempre cabe la posibilidad de que el balance migratorio —retorno de inmigrantes y emigración de españoles— contribuya a moderar el avance de la población activa.

3. La brutal reestructuración sectorial que ha seguido al derrumbe del sector inmobiliario exigiría que el elevado paro existente fuera absorbido por el resto de sectores que son menos intensivos en el factor trabajo. Ese ajuste será lento y complejo y requerirá reducciones salariales muy intensas. Es cierto que la reforma laboral en marcha facilitará ese proceso, pero difícilmente en la magnitud necesaria para recobrar a la gran masa de parados existente, incluso descontando la economía sumergida.

4. Las empresas intensivas en capital presentan una base más sólida para demandar crédito que las intensivas en mano de obra, cuyos balances tienen menos elementos patrimoniales que puedan servir como garantía de los créditos que eventualmente les puedan otorgar una entidad bancaria. Por tanto, la dimensión financiera propiciará de suyo más la capitalización que el empleo en las empresas.

Los trabajos empíricos realizados sobre la conexión entre crecimiento y empleo tienden a coincidir, hasta ahora, en que en el caso de España se precisan crecimientos del PIB superiores al 1,5% para que la ocupación no disminuya, al 2,6% para que la tasa de paro se reduzca y mayores del 3% para que el número de personas paradas vaya bajando. Mi preocupación es que esos parámetros pueden estar aumentando y que hagan falta tasas de crecimiento del PIB del rango del 3,5%-4% para que la recuperación se note en el empleo. ¿Podremos esperar?

Victorio Valle es presidente del Consejo Consultivo de Funcas.