El nuevo contrato para pymes inquieta a las empresas de trabajo temporal

El nuevo contrato para sociedades con menos de 50 trabajadores despierta muchos recelos entre las empresas de trabajo temporal (ETT) y las grandes compañías de servicios. Las primeras piensan que puede restarles clientes. Las segundas, que puede convertirse en una herramienta de competencia desleal gracias a las ayudas fiscales y a la posibilidad de despidos sin indemnización durante el primer año de vigencia del contrato.

La reforma laboral creó un contrato indefinido que solo pueden utilizar las empresas de menos de 50 trabajadores o los autónomos. Esta nueva figura contempla un periodo de prueba de un año. Es decir, si el empresario decide despedir al asalariado en este tiempo, no tiene por qué pagarle una indemnización. Este contrato también contempla, entre otras exenciones, ayudas fiscales de 3.000 euros cuando se ficha a un menor de 30 años y una deducción del 50% en las cuotas a la Seguridad Social si el parado cobra prestación por desempleo.

“Con este tipo de contrato, las empresas más pequeñas [entre el 95% y el 99% del tejido productivo] ya no necesitan a las empresas de trabajo temporal (ETT)”, explica Alfonso Gordon, director de Recursos Humanos de Eulen, empresa que tiene una filial de trabajo temporal, Flexiplan. También en Manpower llegan a esta conclusión: “Sí que podemos perder clientes. Entre los beneficios fiscales y la posibilidad de despedir el primer año sin indemnización, vamos a tener que potenciar nuestras virtudes, como la selección del perfil adecuado en empresas con departamentos de Recursos Humanos poco desarrollados”, admite Raúl Grijalbo, director general en España de esta ETT.

Más contenido es Lorenzo Serrano, portavoz de la patronal del sector, Agett: “Si se hiciera un uso fraudulento del contrato, nos pueden quitar mercado y se puede precarizar más el mercado: a menos ETT, más temporalidad”, advierte. Este discurso es parecido al del secretario general de Adecco, Santiago Soler: “Es verdad que, en determinados contratos y negocios, si se usa mal, se puede generar este problema. Y ese elemento de competitividad lo vamos a perder”. No obstante, Soler espera que en la tramitación parlamentaria cambien cosas. Su aspiración máxima sería un contrato específico para las ETT, aunque se conformaría con que este tipo de firmas puedan valerse de la nueva figura contractual.

Coste de contratación

La lógica de estos análisis está en que las condiciones del nuevo contrato rebajan el coste de la contratación. Las ETT sí que tienen que pagar indemnización al finalizar el contrato y, además, han de cobrar algo más sobre el salario del trabajador, para obtener beneficio. En cambio, este es un concepto que las microempresas se pueden ahorrar durante el primer año: para acceder a los beneficios fiscales es necesario que el puesto de trabajo se consolide pasados 12 meses.

Precisamente a estas ventajas dirige sus miradas Eulen. Además de ETT, esta empresa, que tiene una plantilla de unas 50.000 empresas, también se dedica a la jardinería, la limpieza o la seguridad. En este tipo de actividades, servicios de poco valor añadido, la rentabilidad de las empresas apenas llega al 2% o el 3% sobre el ebitda y sus responsables creen que, con este escaso margen, las ayudas a las empresas más pequeñas las dejan en inferioridad de condiciones. “Esto lleva a la atomización del sector”, explica Gordon. “Alguna ventaja tendríamos que tener”, contesta Jesús Terciado, presidente de Cepyme. “Además, si un gran grupo se quiere beneficiar de este contrato y sus ventajas, siempre puede crear una microempresa”.

Menos preocupados por este aspecto se muestran en Aspel, la patronal de las empresas de limpieza, cuyo presidente, Juan Díez de los Ríos, afirma que las grandes empresas de servicios (las integradas en la asociación) pujan en concursos de gran tamaño y que, por tanto, están alejados de las microempresas que pueden beneficiarse del contrato para emprendedores, el nombre oficial. Tampoco Securitas, otra empresa del sector de la seguridad, ve un problema de competencia, según su director de Relaciones Institucionales, José Luis de Velasco.