La fiscalía investiga a Ikea Francia por espiar a empleados

El antiguo patrón de la rama francesa del gigante sueco Ikea y su directora de recursos humanos están siendo investigados por la fiscalía de Versalles por supuesto espionaje masivo de sus empleados y colaboradores. Según los correos electrónicos obtenidos y publicados por el semanario Le Canard enchaîné y la web Mediapart, Ikea Francia controló durante años los usos y costumbres privados de trabajadores, e incluso de algunos clientes descontentos, con la ayuda de la empresa de detectives Sûreté International.

En 2003, Ikea Francia suscribió con esa agencia un contrato según el cual, “a cambio de una honesta remuneración, Ikea tendría acceso al mayor fichero policial” de Francia, conocido como STIC, según Le Canard y Mediapart. Los documentos internos desvelados indican que las actividades de vigilancia ilegal duraron al menos hasta 2009.

El escándalo ha puesto en mal lugar la imagen del líder mundial de la venta de muebles, que ha emitido una nota en la que dice tomarse “muy en serio las acusaciones”, sin tratar de desmentir la información.

También se indagó en ficheros policiales sobre clientes descontentos

Ikea afirma que “la transparencia, la honestidad y el respeto a la vida privada de las personas forman parte” de sus valores fundamentales, “sea cual sea el país” donde ejerce sus actividades, y “desaprueba toda práctica que atente contra esos valores". Además, la matriz “se disocia totalmente de comportamientos contrarios a la ética y de las prácticas de vigilancia ilegales”.

La fiscalía ha abierto una investigación preliminar por “utilización fraudulenta de datos personales” a raíz de una denuncia interpuesta por el sindicato FO, y la Dirección Central de la Policía Judicial se ha hecho cargo de unas pesquisas que prometen ser largas. Ikea tiene cerca de 25 tiendas abiertas en Francia, y la investigación debe determinar en cuántas de ellas se utilizaba el expeditivo método de selección de personal.

La agencia Sûreté International, por su parte, niega estar implicada y achaca el asunto a un antiguo empleado que fue despedido en 2003. Pero la investigación del semanario y del sitio web deja poco espacio a las dudas.

Los correos electrónicos publicados revelan que Ikea Francia pagaba 80 euros por cada consulta que hacía a la agencia. Y las peticiones de información parecían ser tan frecuentes como vagas. “Su discurso es antiglobalización y sus métodos recuerdan a la vieja guardia del sindicato CGT”, afirma sobre un trabajador uno de los correos enviados por la agencia. “Gracias por decirme si podéis efectuar este estudio en Burdeos. Gracias por enviarme sus antecedentes penales”, se lee en otro enviado por la empresa a Sûreté International.

En otros mensajes, de 2009, un alto directivo de Ikea Francia, el responsable de Seguridad, Jean-François Paris, comunica a los jefes de la tienda de Brest que “la línea 33 (un empleado) es conocida por haber consumido estupefacientes en 2006 en Quimper”.

El tenor y contenido de los correos es siempre similar, una clave poco y mal camuflada, y sugiere que la agencia de detectives obtenía la información en los ficheros policiales y se la facilitaba luego a los directivos. Los principales implicados son Jean-Louis Baillot, que fue director general de Ikea Francia hasta 2010, y Claire Hery, la antigua jefa de recursos humanos. Pero los correos indican que un alto número de dirigentes estaba al corriente de una práctica que parecía ser pura rutina. La oficina central de Ikea en Brest pidió a la agencia de detectives entre 2007 y 2008 información sobre al menos 190 empleados contratados en busca de “sujetos de riesgo”. La tienda tiene en total 250 trabajadores.